Foto aérea de la mina de Las Brisas en el estado Bolívar de Venezuela. Foto: SDO.
Foto aérea de la mina de Las Brisas en el estado Bolívar de Venezuela. Foto: SDO.
Foto aérea de la mina de Las Brisas en el estado Bolívar de Venezuela. Foto: SDO.

Por: Lenín Cardozo – junio 8 de 2016

El gobierno venezolano acaba de otorgar una licencia de explotación de minería a cielo abierto en el sureste del país a la empresa aurífera canadiense Gold Reserve. Entre los argumentos que se dieron para resaltar la importancia de otorgar esta concesión está que esa actividad minera será supervisada para que no sea contaminante y que se irá más allá de proteger a la bidiversidad, porque con ella se llegará al ecosocialismo.

Ana Elisa Osorio, cuando fue ministra del Ambiente, firmó una resolución donde señalaba la decisión de revocar el permiso ambiental a la empresa Gold Reserve en sus operaciones en el proyecto Las Brisas, ubicado en la misma área donde ahora se les otorgó la concesión, pues se verificó el daño ambiental irreversible en el área de influencia. En ese entonces, la ministra declaró que “no se otorgarán permisos ambientales para la explotación de minas a cielo abierto, pues esto causa degradación ambiental […] Estos permisos no son negociables, por su afectación al ambiente y a las comunidades”.

En lenguaje técnico, el ministerio expresó que, para la explotación del mineral que se realiza a cielo abierto, se utiliza un circuito de procesamiento convencional de concentración gravitacional y de lixiviación con cianuro, lo cual implica remover la cubierta vegetal y la contaminación letal de las fuentes de agua.

Las autoridades ambientales saben lo catastrófico que significa autorizar explotar oro al sur del estado Bolívar de Venezuela, debido a que la minería a cielo abierto utiliza, de manera intensiva, grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica que permite recuperar el oro del resto del material removido. Para desarrollar todo este proceso se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del procedimiento, se cavan cráteres gigantescos que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad. Alrededor de esta actividad el olor fétido es el común denominador, producto de la mortandad que se produce por envenenamiento de la fauna silvestre. Ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto, a tal punto que en los países desarrollados está prohibida esta práctica. Canadá, país de origen de la Gold Reserve, por ejemplo, no permite este tipo de ecocidios.

El pasivo ambiental que ha ocasionado la minería a cielo abierto en distintas partes del mundo, la amplia extensión de zonas contaminadas y los graves accidentes con material contaminante son precedentes que usan muchos países para argumentar la prohibición de este tipo de explotación minera, entre ellos los de la Comunidad Europea, Turquía (1997), República Checa (2000), Nueva Gales, Australia (2000), Alemania (2002). Entre los países más cercanos encontramos a Costa Rica (2002) y Argentina (2012), mientras en toda Latinoamérica se presentan cientos de confrontaciones y protestas sociales en los últimos años por los daños irreparables en los bosques de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Ecuador.

Recientemente, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa, criticó públicamente la concesión de minas que abarca casi un tercio de su país y sobre los ecocidios en Latinoamérica producto de la minería a cielo abierto. “La explotación indiscriminada de nuestras minas y bosques sin compromiso ético está poniendo en riesgo al mismo propósito de la creación: la vida humana y las futuras generaciones”, declaró el cardenal Rodríguez.

Venezuela entrega concesiones mineras a las mismas corporaciones que ilegalmente explotan a cielo abierto en el Esequibo venezolano. Siendo estas mineras las responsables del infame ecocidio que actualmente se está perpetrando en la región en reclamación, la autoridades venezolanas están entregando una licencia para matar en un área que ya está seriamente lesionada por la minería legal ‘supervisada’ y la ilegal, que también está ‘bien supervisada’.

¡Que rápido se nos olvidó el quinto objetivo de la patria: “contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”!.

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* Ambientalista venezolano.

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