El miércoles 30 de marzo, en la Universidad Nacional, se llevó a cabo una protesta por parte de un grupo de estudiantes contra la reforma a la educación superior propuesta por Juan Manuel Santos y la implementación del sistema represivo de vigilancia que se ha venido desarrollando en las universidades públicas.
Hacia las 9am, un grupo de estudiantes del Alma Máter con el rostro cubierto empezó un recorrido por distintas facultades para convocar a quienes a esa hora ingresaban a sus clases. Su objetivo, arrancar de las paredes la mayor cantidad de cámaras de vigilancia posible y dejarlas inservibles.
Óscar*, estudiante de la universidad, asegura que la administración ha instalado al menos 239 cámaras de vigilancia en sitios estratégicos del campus y cada una de ellas cuesta unos quince millones de pesos, por lo que los gastos en seguridad serían, a juicio de los manifestantes, más que excesivos ante las urgencias que tiene la institución en bibliotecas y aulas de clase.
Hacia las 11am, más de 2.500 personas se reunieron en la Plaza Ché, donde fueron quemadas siete de las nueve cámaras destruidas por los estudiantes –dos de ellas quedaron colgando de sus soportes, inservibles– y donde algunos de los que usaban capuchas denunciaron la implementación de un modelo de seguridad en la universidad que no persigue a ladrones, traficantes de drogas, violadores y otros criminales que usan el campus como escenario de sus delitos sino que se ha concentrado en vigilar los puntos de reunión de la comunidad universitaria y sus actividades, especialmente las políticas, por lo que un importante sector de universitarios asegura que esta política tiene como fin restringir la libre expresión y perseguir al movimiento estudiantil.
Poco después, un amplio grupo de estudiantes se dirigió a la portería de la carrera 30 con calle 45, lugar en el que se presentaron enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía hasta cerca de las 2pm, cuando la mayoría de los manifestantes decidió retirarse.
El mayor Fabián Ospina Gutiérrez, comandante de la estación de Policía de Teusaquillo y encargado del operativo dispuesto alrededor de la Universidad Nacional, afirmó que a su cargo había un dispositivo de ochenta agentes del Esmad para dispersar la manifestación, lo que estaba dispuesto antes de la confrontación para evitar que los estudiantes salieran a la calle. Sin embargo, esto no evitó que durante casi tres horas el tráfico por la avenida NQS y el servicio de Transmilenio en el sentido norte-sur fuera bloqueado por completo.
De otra parte, los estudiantes denunciaron que la empresa Vigilancia y seguridad Ltda. (VISE), encargada de la seguridad de la Universidad Nacional y a cargo del exmilitar Eduardo Santamaría, tiene un millonario contrato de prestación de servicios con esa institución de educación superior que incluye la adquisición, instalación, implementación, homologación e integración del circuito cerrado de televisión, cuyos costos superarían ampliamente el promedio para cualquier entidad. Así mismo, señalaron que Hugo Acero Velásquez, exasesor en materia de seguridad de las alcaldías de Antanas Mockus y Lucho Garzón en Bogotá y de la presidencia de Uribe, ha sido quien ha diseñado esta política implementada desde 2004, cuando el vicerrector Fernando Viviescas Monsalve la introdujo al Plan de Regularización y Manejo de la Sede Bogotá del Alma Máter.
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