Por: Camila Ramírez – noviembre 17 de 2016
Los días 2 y 3 de noviembre, diferentes organizaciones de víctimas exigieron que la Fiscalía General de la Nación actúe con celeridad en las investigaciones por crímenes de Estado, que en Colombia mantienen una impunidad casi absoluta, y que sus derechos sean respetado en las modificaciones que se han introducido en los acuerdos de paz de La Habana.
En ciudades como Cali, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Ibagué, Manizales, Popayán, Sincelejo y Villavicencio, entre otras, centenares de víctimas, estudiantes, abogados y artistas se reunieron para protestar y mantener la memoria sobre los crímenes de Estado, respaldando además que se mantenga lo avanzado hasta ahora en materia de justicia en los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, a pesar de los resultados del plebiscito del 2 de octubre.
En Bogotá, hacia las 10 am se congregaron víctimas, familiares y organizaciones sociales frente al búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde se extendieron cien metros de tela blanca sobre los cuales se tejieron los retratos de las miles de víctimas asesinadas, torturadas, detenidas o desaparecidas por parte de agentes del Estado.
Lucia Osorno Ospina, hermana de Pedro Nel Osorno Ospina, sindicalista desaparecido el 13 de mayo de 1989, manifiestó respecto a la jornada de memoria que:
Lo estamos haciendo en este espacio para que ellos vean que en este país sí hay desaparecidos […] La mayoría de los que estamos acá somos del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Decimos crímenes de Estado porque son crímenes del gobierno, como a mi hermano que lo desaparecieron y quien lo desapareció fue el GOES [Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional].
Durante la jornada, los manifestantes denunciaron que la Fiscalía no adelanta con celeridad las investigaciones sobre los crímenes de Estado. Por ejemplo, Carlos Pedraza Salcedo, miembro de la organización social Entre Redes y del Congreso de los Pueblos, fue detenido desaparecido el 19 de enero de 2015 y posteriormente asesinado. Su madre, Gloria Salcedo, mencionó frente a la investigación que “no ha pasado absolutamente nada […] Ellos no dan ninguna razón, sigue en total impunidad […] Exigimos que nos digan la verdad”.
Asimismo, Gloria Inés Alvarado de Concha, madre de Luis Alejandro Concha Alvarado, estudiante de filosofía de la Universidad Libre que fue asesinado junto a los jóvenes Óscar Sánchez, Ricardo Ruiz y Jennifer Patricia Riveros el 16 de abril de 2006, cuando se dio una extraña explosión en el edificio en el que vivía en el centro de Bogotá, manifestó que ha visto pasar una década sin que la Fiscalía muestre mayores avances en el caso:
En abril se cumplen 11 años de haber sido asesinado [Luis Alejandro] por el Estado y este es el momento en que la Fiscalía dice que está en periodo de investigación […] Yo pido que, así como dijeron ese día que mi hijo era un terrorista, se publique quién lo mandó a asesinar, por qué y para qué, qué fue lo que pasó porque es el momento en que lo único que sé es que me lo asesinaron […] Que digan que es un crimen de Estado, pero eso es lo que menos reconocen en nuestro país: los crímenes de Estado no los nombran, esos no existen según parece […] Exijo la verdad.
Las víctimas de crímenes de Estado le exigen a la fiscalía que cumpla con su labor de investigar y que informe del estado actual de las investigaciones. Por el momento y gracias a la sistematización de las víctimas sobre sus propios casos, se puede afirmar que en la mayoría de los crímenes los responsables son agentes estatales o que pertenecían a la Fuerza Pública. Entre las instituciones armadas se encuentran el F2 y el GOES de Policía, diferentes brigadas del Ejército y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre otros.
Lucía Osorno Ospina, comentó frente al caso de su hermano, Pedro Nel Osorno Ospina, miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) desaparecido en la comunidad de Farallones (municipio de Bolívar, Antioquia) el 13 de mayo de 1989, que:
Lo que aparece en la Fiscalía es que está archivado por que no han encontrado culpables. Yo tengo otros dos procesos y hay uno que lo tiene la Justicia Penal Militar, donde yo estoy diciendo que lo desapareció el GOES, pero igual no hay respuesta […] Le estamos pidiendo encarecidamente a la Fiscalía, por todos nuestros desaparecidos, que nos ayude a encontrar verdad, justicia y reparación.
Los manifestantes también se pronunciaron antes las declaraciones del fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien ha propuesto retomar algunos mecanismos de la Ley de Justicia y Paz para reemplazar lo dispuesto en el punto de justicia del acuerdo final de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Por medio de un comunicado, diversas organizaciones sociales rechazaron la propuesta de Martínez y resaltaron que:
[La Ley 975 de 2005 fue] impulsada por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en el proceso de desmovilización de los paramilitares. Hoy, después de 10 años de su entrada en vigencia, sólo se conocen 46 sentencias, cifra que indica la ineficacia de dicho marco jurídico.
Al terminar la jornada de movilización, integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), radicaron en la Fiscalía un derecho de petición donde señalan que las acciones del ente investigador están lejos de traer verdad sobre estos crímenes y solicitan que “se les informe sobre todas las indagaciones e investigaciones que cursan en la Fiscalía General de la Nación en las que se tiene indicios en que su presunto autor es un agente estatal”.
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