13 de abril de 2012
Entre el 20 y el 24 de marzo, 555 prisioneros políticos desarrollaron una jornada nacional de huelga de hambre en 11 reclusiones del país. El motivo de la protesta fue el de rechazar los pronunciamientos del vicepresidente Angelino Garzón y del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, que niegan la existencia de prisioneros políticos en Colombia. Además, los reclusos exigieron el ingreso de la Comisión Internacional de Observación de la Situación de Derechos Humanos en las Reclusiones Colombianas y de las y los Prisioneros Políticos, para que sus miembros constaten las situación degradante que soportan y las vulneraciones a los derechos humanos que padecen.
La huelga terminó el 24 de marzo y, a pesar de no lograr el ingreso de la comisión, logró visibilizar la existencia de los prisioneros y prisioneras políticas en el país. Principalmente, las denuncias giraban en torno a casos de torturas físicas y psicológicas, traslados arbitrarios de los detenidos a centros penitenciarios de otras ciudades, precarias condiciones sanitarias, deficiente suministro de agua y alimentación, amenazas y aislamiento.
El gobierno, a pesar de reconocer que en Colombia hay un conflicto armado, argumenta ante la opinión pública que en Colombia no existen presos políticos. El 18 de marzo, en Cartagena, el vicepresidente Argelino Garzón manifestó que “existen presos de organizaciones criminales, de organizaciones armadas ilegales y presos que han violentado la Ley. El Estado en Colombia no puede aceptar bajo ninguna circunstancia la existencia de presos políticos, eso sería aceptar la legalización de las organizaciones armadas ilegales”. Sin embargo, a pesar de que el Gobierno Nacional lo niegue, la realidad de las cárceles colombianas demuestra que existe un gran número de prisioneros políticos, entre los que se encuentran los prisioneros de guerra, los prisioneros de conciencia y líderes sociales víctimas de montajes judiciales.
A pesar de que no hubo incidentes mayores durante la jornada nacional de desobediencia civil de los prisioneros políticos, el 22 de marzo en horas de la noche, tres internas de la Reclusión de Mujeres ‘El Pedregal’ de Medellín que participaron en la protesta fueron aisladas en las Unidades de Tratamiento Especial (UTE), celdas de aislamiento donde las personas quedan incomunicadas y sobre las que se han denunciado casos de tortura y de suicidios ocasionados por las duras condiciones a las que son sometidos quienes caen allí.
Criminalización de la protesta y aumento de población en las cárceles
La comisión internacional exigida por las prisioneras y prisioneras políticos fue conformada en el marco del foro “Colombia Entre Rejas”, realizado en Bogotá el 26 y 27 de febrero del presente año, por iniciativa del grupo de Mujeres del Mundo Gestoras por la Paz. En el encuentro participaron organizaciones defensoras de prisioneros y prisioneras políticas, familiares, abogados e invitados de organizaciones internacionales que han apoyado a las personas privadas de la libertad por sus ideas, que intercambiaron sus experiencias en materia de situación carcelaria y procesos de intercambio humanitario.
El evento permitió denunciar, entre otros asuntos, la situación de hacinamiento en las cárceles del país. En diciembre de 2011, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en su informe anual, afirmó que la “población carcelaria del país aumentó 40%”. Según el Inpec, en un informe del 27 de marzo, en los 144 centros carcelarios que administra hay 105.474 internos y en 2011 ingresaron a estos establecimientos 55.112 reclusos, mientras que sólo 19.231 recuperaron la libertad, siendo mayor el número de ingresos al número de salidas, lo que aumenta el hacinamiento.
De otra parte, el Gobierno Nacional ha calificado a 21.199 personas como peligrosas para la seguridad del Estado. De éstas, 1.933 están procesadas por delitos de rebelión, 8.629 por concierto para delinquir, 679 por terrorismo, 2.541 por secuestro, 2.987 por secuestro extorsivo, 4.326 por extorsión, 18 por financiación a grupos terroristas, 30 por utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, una por traición a la patria y una por espionaje.
El Inpec ha asegurado que en 2022 habrá una población interna de 173.679 personas. Eso supone que en 10 años se produciría un incremento de 68.205 internos. De acuerdo a las organizaciones defensoras de los derechos de los prisioneros y prisioneras políticas, esta predicción del aumento de presos resulta bastante preocupante de cara a la implementación de la Ley de seguridad ciudadana, que contiene instrumentos que permitirían la criminalización sistemática de la protesta social y las capturas masivas y arbitrarias de quienes se manifiesten en contra del gobierno y sus políticas. Adicionalmente, cuestionan las implicaciones que, en materia de recortes a los derechos fundamentales de la población, traerán la reforma a la Justicia que se discute hoy en el Congreso, el nuevo Sistema Penal Acusatorio y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
Presos: sin salud, sin agua y con alimentos descompuestos
De acuerdo con los testimonios de los familiares de los presos políticos, la asistencia médica es uno de los derechos fundamentales que se niega en los centros carcelarios, en especial para los presos políticos.
El pasado 7 de abril de 2012, el preso Álvaro Palma Fontalvo falleció por falta de atención médica en la cárcel El Bosque de Barranquilla. La muerte de Palma, quien venía solicitando al Inpec atención urgente, dado su difícil estado de salud por una grave hipertensión, generó una serie de protestas al interior del centro penitenciario que el Inpec y la Policía reprimieron violentamente, argumentando un supuesto intento de fuga. El saldo final de la intervención de los uniformados fue de un preso común muerto, Silvington Gómez Hernández, y 16 heridos, en lo que fue presentado a los medios de comunicación como un enfrentamiento entre facciones rivales al interior de la prisión.
En otro caso de inasistencia médica, la hija de Arcesio Lemus, prisionero político que resultó muerto durante su encarcelamiento por negación de asistencia médica, recordó con orgullo que su padre cayó preso “por ser un líder comunitario, un referente del trabajo revolucionario en el norte del Tolima” y que, con el deterioro de su salud por fata de atención oportuna, “ya no podía hablar tan siquiera, llevaba casi quince días vomitando, no controlaba esfínteres, había perdido peso de manera alarmante y, por si fuera poco, se agregaba un trauma craneoencefálico que nunca se supo como sucedió dentro de la cárcel. Nada de eso fue suficiente para que los directivos del Inpec atendieran su salud. Dos días después, cuando prácticamente no quedaba nada que hacer, mi papá fue remitido de nuevo a una institución hospitalaria en estado de coma. Allí le encontraron un tumor en su cerebro. Estuvo 22 días en cuidados intensivos, hasta que el 29 de junio del año 2010, mi papa falleció”.
La situación no sólo evidencia la negación del derecho al servicio médico para los internos de las cárceles del país sino la grave ineficiencia con que se administran estos establecimientos y la falta de interés del Estado para garantizar los derechos básicos a quienes son mantenidos allí. De acuerdo con la hija del preso político Arcesio Lemus, “el Inpec paga a Caprecom, la EPS que atiende la salud de los internos, aproximadamente 27.000 pesos mensuales por cada preso, es decir, alrededor de 2.600 millones de pesos mes a mes y casi 32.000 millones de pesos al año”. ¿Qué está pasando con esos recursos si los prisioneros enfermos no son remitidos?
Para Fredy Páez, representante de la asociación de familiares y amigos de los internos de la ciudad de Cúcuta, la situación de los presos es desesperante y “para recibir atención médica, tienen que hacer hasta lo imposible, y lo imposible es ir a huelga de hambre o amarrarse a las rejas de la celda”.
Pero, la falta de atención hospitalaria no es la única situación en la que se evidencia la vulneración de los derechos humanos de los prisioneros. Muchos centros penitenciarios del país se encuentra localizados en lugares donde las temperaturas son altas y no hay condiciones mínimas de saneamiento básico ni acceso adecuado al agua potable, lo que agrava las condiciones higiénicas, produciendo plagas, hongos, enfermedades, diarreas e infecciones intestinales a los presos.
En el centro penitenciario de Puerto Triunfo, ubicado cerca a Medellín (Antioquia), se denuncia la escasez de agua generada por el no funcionamiento de las 12 bombas eléctricas encargadas de llevar el preciado líquido a todo el establecimiento. Los presos han realizado varias huelgas de hambre y actualmente reciben el agua en lapsos de apenas 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde.
De igual manera, en la penitenciaría de alta seguridad de Valledupar, conocida popularmente como ‘la Tramacúa’, se han llevado a cabo varias huelgas de hambre por el pésimo abastecimiento de agua y por los casos de tortura que se vienen presentando. La situación en esta prisión, construida con dineros del Plan Colombia, es muy grave y, por ello, varias organizaciones nacionales e internacionales vienen desarrollando una campaña mundial por el cierre de la cárcel de Valledupar.
Otra vulneración a los derechos de los presos es la precaria alimentación. Fredy Páez denunció al respecto que “la alimentación es de mala calidad, muchas veces llega en estado de descomposición y los presos, por la necesidad de comer algo, la tienen que ingerir”. Además, muchos presos han manifestado que el suministro de alimentación en ocasiones ha estado contaminado por materia fecal.
De presos políticos y montajes judiciales
Los montajes judiciales son una de las estrategias del gobierno para privar de la libertad a líderes de organizaciones sociales y opositores. En el foro, Rosalba Gaviria Toro denunció que fue víctima de un montaje judicial y privada de la libertad por 27 meses, siendo acusada de rebelión y concierto para delinquir. Antes de ser detenida, hacía parte de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria y de la Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer Colombiana “Asodemuc”. Luego de más de dos años en prisión, el 30 de mayo de 2011, el Juez Primero Penal Especializado del Circuito de Florencia (Caquetá), absolvió a la dirigente por falta de pruebas.
Casos como el de la señora Gaviria Toro se multiplican por todo el país y centenares de expedientes se han archivado por falta de pruebas o por la presentación de evidencias acomodadas para la persecución de los líderes de distintos movimientos sociales y opositores. De acuerdo con diversos analistas, durante el gobierno Uribe este tipo de procesos, que buscaban vincular a los inconformes con las guerrillas para llevarlos a prisión, se multiplicaron por el interés de algunos fiscales antiterrorismo de mostrar resultados a toda costa para ganar puntos ante sus jefes y por la presión que se ejercía desde la Presidencia.
De acuerdo con las principales organizaciones de defensa de los derechos de los presos políticos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Fundación Lazos de Dignidad, y los colectivos de familiares de prisioneros, el gobierno sigue ofreciendo gestos equivocados al no reconocer la situación de más de 7.500 personas privadas de la libertad por razón de sus ideas.
Luego de las liberaciones unilaterales realizadas por las FARC el pasado 2 de abril, el tema de un intercambio humanitario de prisioneros ha vuelto a ser parte de la agenda política del país y, de acuerdo con organizaciones como Colombianos y Colombianas por la Paz y Mujeres del Mundo Gestoras de Paz, se hace necesario que el gobierno permita la verificación de las condiciones de estas personas y el reconocimiento de que en Colombia sí hay presos políticos.
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