9 de julio de 2010
Desde inicios de este año han aumentado de forma sistemática las amenazas y hostigamientos contra líderes sociales, políticos, comunitarios y sectoriales en el país. Los meses de abril y mayo evidencian un pico en el accionar de los nuevos grupos armados ilegales de extrema derecha, derivados del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. A su vez, el mapa general de la violencia en el país también muestra como en las regiones históricamente manejadas por el narcotráfico y en las conquistadas en el pasado por los grupos paramilitares –hoy más activos que en otras épocas– se recrudecen las agresiones, aumenta el número de civiles desplazados y, por ende, las denuncias de violación a los derechos humanos de miles de personas y sus comunidades de origen.
Sin embargo, siguen siendo muchos los hechos que se quedan sin documentar: indígenas, estudiantes, obreros, profesores, campesinos, habitantes de barrios, artistas, periodistas, madres de familia y políticos configuran hoy el blanco de las acciones de los nuevos grupos paramilitares en las ciudades y en el campo. Las acciones de terror van desde las llamadas telefónicas intimidatorias, el envío de amenazas a través de correos electrónicos, grafitis con señalamientos y, por supuesto, actos de agresión directa que incluyen atentados, masacres y todo tipo de acciones armadas contra la población civil.
En las principales ciudades del país, el espectro de grupos neoparamilitares y de ultraderecha va desde las estructuras tradicionales de estos grupos delincuenciales hasta pandillas de jóvenes que promulgan el ‘nacional socialismo’ y que incurren en abiertos actos de violencia contra el movimiento social y popular. En Bogotá, se ven pintadas en algunas paredes de la ciudad frases amenazantes, firmadas por una organización que se identifica con símbolos nazis, en contra del defensor de derechos humanos Javier Giraldo, integrante del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), y hace pocos días el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marco Romero, sufrió un atentado contra su vida que quiere hacerse pasar por un acto de delincuencia común.
Bajo una baraja de nombres que pareciera no acabar y que incluye organizaciones como las Nuevas Autodefensas de Colombia, Juventudes de las Autodefensas, Nueva Generación, Águilas Negras, Comando Conjunto de Limpieza o Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (ERPAC) –dirigido por Pedro Oliverio Guerrero alias ‘Cuchillo’–, entre otros, se cobijan los ejércitos privados encargados de asesinar, desaparecer, desplazar, estigmatizar y señalar a los lideres sociales y sus comunidades en todo el país. Aunque se intente demostrar su accionar como aislado e inconexo, esta multitud de grupos tiene en común intereses de control territorial y social en las regiones, combinados con el manejo de las rutas del tráfico de drogas al extranjero. Por eso, la idea –impulsada fundamentalmente desde la dirección de la Policía Nacional– de mostrar a las llamadas ‘bandas emergentes’ como un fenómeno que no guarda relación entre distintos escenarios regionales y que no abarca una nueva gran estrategia paramilitar lo único que ha logrado es desdibujar el grave momento que vive el país y ocultar la verdadera crisis humanitaria que se deriva de todas sus acciones en contra de la población civil.
En su informe anual de 2009, la ONU también reconoce la existencia en el país de catorce bandas criminales en todo el territorio nacional y, a pesar de hacer unas recomendaciones importantes al gobierno colombiano con respecto a la implementación de la Ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005), no reconoce la relación directa entre éstas y una estructura nacional de los paramilitares que aún sigue viva y que ha alcanzado niveles de articulación insospechados. En este sentido, las cifras presentadas en un informe publicado por la Corporación Nuevo Arco Iris en 2009 demuestra que existen decenas de acciones coordinadas por parte de estos grupos a nivel nacional, aunque enfatiza en las disputas entre lideres paramilitares por zonas de control estratégico.
A pesar de las supuestas ventajas que el gobierno Uribe sostenía para defender el proceso de desmovilización de más de 20.000 integrantes de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo cierto es sólo 8.000 desmovilizados –no sólo del paramilitarismo sino también de la guerrilla– han podido completar el trámite jurídico necesario para incorporarse a la vida civil. Por eso, no es de extrañar que diversos analistas, entre los que se incluyen los investigadores de Nuevo Aro Iris Mauricio Romero y Angélica Arias, coautores del artículo, señalen que el crecimiento de los grupos neoparamilitares y de sus acciones se elevó considerablemente entre 2004 y 2008, período en el que se suponía que estos grupos debieron haberse sometido al proceso de desmovilización y reinserción acordado con el Gobierno Nacional, alcanzando sus actos violentos niveles históricos que sólo son comparables con los alcanzados por las AUC entre 1997 y 1999, el mismo periodo en el que la estrategia paramilitar cobró mayor cantidad de víctimas a nivel nacional.
La nueva estrategia paramilitar se centra en rodear las ciudades, penetrarlas para controlar sus barriadas y mantener el terror en los
campos, paralelamente a los enfrentamientos y alianzas entre los líderes paramilitares por el control de territorios, rutas y renglones importantes de su economía, como el tráfico de drogas, la extorsión y la prostitución en las principales ciudades. A pesar de las fuertes pugnas militares entre estas organizaciones, dadas por el cartel del narcotráfico en el que se originaron o por sus liderazgos, sus intereses los unen y los llevan a actuar de manera articulada en todo el territorio nacional, como lo ha demostrado la actual oleada de amenazas y asesinatos.
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