Por: Andrés Gómez – 28 de julio de 2010
Miles de indígenas, campesinos, trabajadores, obreros y estudiantes, presentaron el pasado 21 de julio un documento que busca ser discutido en el Congreso para darle solución a los problemas que, sus comunidades manifiestan, han persistido en Colombia incluso durante los últimos 200 años.
Situaciones como la pobreza de más de la mitad de la población, el desplazamiento, la violencia, el acaparamiento de tierra y la falta de soberanía impulsaron la Marcha Patriótica y el Cabildo Abierto con los que, entre el 19 y el 21 de julio, decenas de organizaciones conmemoraban el Grito de Independencia a su manera: al margen de las celebraciones oficiales que recurrieron a hacer un espectáculo de la guerra sin recordar el hecho histórico en el que fue el pueblo el protagonista.
“Se rompió el miedo”
Con estas palabras un estudiante de la Universidad Nacional se refirió a la estigmatización que sufrieron las miles de personas que viajaban hacia Bogotá y fueron agredidas, retenidas en contra de su voluntad e intimidadas por querer participar en las conmemoraciones alternativas del bicentenario que, a pesar de los señalamientos, lograron realizarse con la lucha de decenas de organizaciones sociales que arribaron a la capital el lunes 19 de julio. Además, las ciudades por las que pasó la marcha, incluida Bogotá, no ofrecieron asistencia a las miles de personas que ejercían su derecho a la libre expresión.
El 20 de julio, la Universidad Nacional recibió a cerca de veinte mil personas que elaboraron un memorial de agravios construido desde diez cabildos. El miércoles 21, luego de los desfiles militares y los festejos oficiales, los marchantes se presentaron ante el Congreso y entregaron el documento que reclama independencia y que presenta alternativas de gobierno en varias temáticas relacionadas con soberanía nacional, derechos económicos y sociales, trabajo, problemática agraria, problemática urbana, cultura y medios de comunicación, comunidades étnicas, conflicto social y armado y paz con justicia social, desplazamiento forzado y organización popular.
Los obstáculos de la marcha
El Observatorio Internacional de Paz (IPO, por sus siglas en inglés) denunció el domingo 18 de julio que unas 9.000 personas que se dirigían a las actividades a realizarse en Bogotá fueron retenidas en el departamento de Caquetá, en poblaciones como Unión Peneya, Remolinos del Caguán, Milán y entre los ríos Orteguaza y Caquetá, debido a que el gobernador, Germán Medina Triviño, “expidió un decreto que prohíbe los recorridos o desplazamientos de transporte terrestre y fluvial que no sean comerciales en el territorio departamental”. Adicionalmente, de acuerdo a denuncias de organizaciones locales y medios alternativos, la Policía Nacional detuvo varios vehículos y miembros de la Infantería de Marina, adscritos a la Brigada Móvil 22, impidieron el paso a 150 personas por supuesto sobrecupo en las lanchas. En el Tolima, IPO denunció que agentes del DAS intimidaron y amenazaron a las personas que se dirigían a Bogotá, en las veredas Pijadito y La Selva en el municipio de Rovira.
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