Por: Andrés Gómez – 10 de agosto de 2010
El departamento del Meta representa la idea de ‘seguridad democrática’ que dejó como legado Álvaro Uribe. El hallazgo de unos 2.000 cuerpos sepultados en una fosa común, ubicada junto a la base de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) del Ejército en La Macarena, está demostrando al mundo que la la política estrella del anterior y el nuevo gobierno sólo consiste en un modelo de pacificación en el que mueren miles de civiles y sólo se benefician las multinacionales, los monocultivos y las petroleras.
El Ejército se ha limitado a declarar que el sitio es un cementerio de guerrilleros abatidos en combate, aclarando que, de 1999 a 2002, habían sido sepultados allí 564 cadáveres. Sin embargo, los miembros de la delegación internacional que visitó la fosa de La Macarena (Meta) en julio pasado aseguran que cientos de víctimas asistieron a la audiencia y rindieron testimonios sobre violaciones de derechos humanos cometidas por los militares y que, de igual manera, pobladores de la zona aseguraron haber visto helicópteros que descargaban cuerpos en la fosa común a diario, situación que empezó después de la ruptura de las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Pastrana, y que se agudizó durante el mandato de Uribe.
Hasta el momento, cuando no se han desarrollado en su totalidad las exhumaciones, la Físcalía reconoce el hallazgo de 449 cuerpos. De éstos, a 41 se les ha determinado la identidad y se ha determinado que siete de ellos habían sido reportados como desaparecidos. Por su parte, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría manifestó en febrero pasado que pretende “alcanzar la plena identidad de los aproximadamente 2.000 cuerpos”, con lo cual reconoce la cifra que niegan las autoridades locales del Meta y el Gobierno Nacional.
¿Quiénes son los asesinos y quiénes son los muertos?
Según el informe que la organización estadounidense FOR hizo público en agosto del presente año, las FARC tuvieron control territorial de la zona hasta 2002 y se podría presumir que los subversivos también depositaron cadáveres en esta fosa durante ese periodo. También concluye que, desde entonces, el Ejército, a través de la Fudra y las cinco brigadas móviles que la componen (1,2,3,7 y 10), ha asumido el control de la zona, así como que ya en 2009 se hallaron evidencias de la existencia de este particular ‘cemeterio’ junto a la base militar de la Fudra y que “los informes iniciales indicaron que el Ejército, posiblemente en combinación con otros grupos armados, depositó más de 800 y quizás hasta 1.500 cuerpos en la fosa”.
La Fudra hace parte del Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que concentra la mayor parte de los recursos que el gobierno de EEUU transfiere al gobierno colombiano para su guerra contra las guerrillas con el Plan Colombia, y las brigadas móviles que la conforman han recibido el visto bueno por parte de EEUU para recibir asistencia militar y económica, al no comprobar los embajadores estadounidenses que las unidades hayan cometido violaciones de derechos humanos.
Al parecer, los embajadores que supervisaron el respeto a los DDHH por parte de las tropas colombianas, Anne Patterson -embajadora en Pakistán desde 2007- y William Wood -embajador en Afghanistan de 2007 a 2009-, no comparten la información ofrecida por la Físcalia y la Procuraduría, ni las más de 200 y 600 denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales que, entre 2002 y 2009, se registraron en los departamentos de Meta y Guaviare, respectivamente, situación que ocasionaría que se aplicara la Ley Leahy, que prohíbe asistir a cualquier unidad militar que haya cometido violaciones graves a los DDHH.
En la última década, miles de familias en el Meta y los llanos orientales lo han dejado todo por el curso actual de la guerra: bombardeos indiscriminados, masacres de poblaciones por parte de paramilitares con asistencia velada de las autoridades, ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Militares colombianas y enfrentamientos entre el Ejército y guerrilleros de las FARC han contribuido a que miles de campesinos de la región sean víctimas, especialmente, según las denuncias recogidas por diversas organizaciones de derechos humanos, por parte de militares y paras.
Adicionalmente, la vida en los llanos desde 1997 se tornó más violenta: los ejércitos privados al mando de Carlos Castaño fueron responsables de las tristemente célebres masacres de Mapiripán y El Aro, así como de miles de muertes más. Éstos se sumaron a los paramilitares de Víctor Carranza, que protegían los intereses del magnate de las esmeraldas de la acción de las guerrillas. Por su parte, Martín Llanos y su padre, Héctor Buitrago -creador de los ‘Buitrageños’-, empezaron a hacer presencia en la región desde mediados de los 90 y han usado su conocimiento de la región para controlar corredores del narcotráfico.
En la actualidad, los alias ‘Cuchillo’, ‘Loco Barrera’ y ‘Martín Llanos’ poseen nuevas estructuras armadas con las que disputan el control con hombres que presuntamente se encuentran al servicio de Carranza, quien, a pesar de estar involucrado con el paramilitarismo durante décadas, permanece intocable para la justicia y sigue siendo el ‘patrón’ de la región.
Los que resultaron ganando
Uno de los indicadores del éxito de la ‘seguridad democrática’, según informes oficiales, es la cantidad de megaproyectos que se realizan en la región y que reflejan la confianza de inversionistas en las acciones que el Ejército, mediante la Fudra, ha realizado en contra de las guerrillas. Sin reconocer las consecuencias que las acciones militares han traído en contra de la población civil y de la crisis humanitaria sin precedentes que se ha producido en Colombia, esta política es propuesta como modelo para enfrentar la guerra en Afganistán, Pakistán y otros países en los que EEUU se encuentra involucrado en conflictos armados.
Pese a la violencia que afecta a miles de colombianos, varias multinacionales han realizado inversiones multimillonarias en la región, que se reflejan en el aumento del Producto Interno Bruto de Colombia. Francisco Marchett, del Grupo Mónica, adquirió 3.000 hectáreas cerca de Puerto López para sembrar maíz y soya; Ecopetrol, a través de Bioenergy SA, pretende construir una planta para obtener 330.000 litros de alcohol carburante y 11.000 hectáreas serán utilizadas para ello; la empresa Poligrow tiene la iniciativa de producir aceite de palma y para ello cultivará en Mapiripan 60.000 hectáreas; el grupo GPC, anteriormente Petrotesting, destinará 46.600 hectáreas para producir etanol; Agropecuaria Aliar planea producir concentrados a partir del monocultivo de maíz y soya en una extensión de 35.000 hectáreas; Mavalle SA está interesada en sembrar 5.500 hectáreas de caucho y Biocastilla se está planteando sembrar 7.700 hectáreas de palma.
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