Por: Nicolás Camargo – 1 de noviembre de 2010
Desde 2006, cuando Uribe asumió por segunda vez el poder, se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para los cuatro años de gobierno siguientes. El ataque presupuestal contra la educación superior estatal no tuvo consideración alguna: se pretendía que las universidades estatales asumieran el pasivo pensional del ya reducido presupuesto que se les asigna anualmente. Esto, evidentemente, suponía la privatización de los centros educativos que, al no poder responder con los gastos, deberían incrementar hasta un 300% el valor de la matrícula, dinero que muchos estudiantes no pueden cancelar.
La respuesta por parte de los estudiantes, profesores, trabajadores y algunos sectores sociales fue de total rechazo. A partir de 2007, en las veintisiete universidades públicas colombianas se realizaron movilizaciones y procesos de resistencia muy fuertes: las aulas fueron cerradas por los estudiantes como una medida de presión hacia el alto gobierno, buscando que la Nación y los gobiernos departamentales asumieran ese pasivo pensional y así las universidades no cayeran en quiebra. Tras casi dos meses de paro universitario y movilizaciones constantes, el gobierno cedió a algunas exigencias del estudiantado.
Aún así, los ataques contra la educación superior pública no acabaron. En 2009, el Congreso de la República aprobó 160.000 millones de pesos para la educación superior en la Ley de Presupuesto Nacional. De este dinero, 70.000 millones van dirigidos al Instituto Colombiano de Créditos y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), 30.000 millones a Colciencias y apenas 60.000 a las los Centros Educativos.
Los rectores de las cuatro universidadespúblicas más grandes del país manifestaron su descontento general con la decisión tomada por el Congreso. Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia, ha señalado en varias ocasiones que “de continuar esta situación, la universidad pública se va a deteriorar”, pues se deberá recurrir al presupuesto destinado al mejoramiento de laboratorios, de la planta física, investigación, etc. para cubrir los faltantes. Wasserman afirma que “si no nos responden, el único recurso que nos queda es la Corte Constitucional”, opción que se vuelve cada vez más viable, puesto que el gobierno no se ha manifestado ante los argumentos que se han planteado para que el presupuesto sea aumentado.
Actualmente, empezando el gobierno de Juan Manuel Santos, los rectores y los estudiantes reiteran que la universidad pública cada vez corre cada vez más el riesgo de ser privatizada, pues, de no aprobarse un presupuesto idóneo para el sostenimiento de los centros de educación superior, se deberá recurrir al aumento indiscriminado de las matrículas. Hasta ahora, el gobierno Santos parece no manifestarse al respecto y, al igual que el gobierno Uribe, las políticas frente a la educación pública parecieran ser las mismas. En vista de ello, estudiantes, profesores, trabajadores y hasta los mismos rectores de diferentes universidades han dicho que solicitarán al nuevo gobierno un mayor aumento en la financiación de la Educación Superior para tratar de solucionar la crisis en la que se encuentran la mayoría de estas instituciones.
Por lo pronto, los universitarios seguirán “esperando una respuesta favorable, de lo contrario resistiremos pacíficamente a los ataques presupuestales del gobierno del saliente presidente Uribe y el que llegó [Santos], quienes pretenden acabar con la educación pública del país”, como señala un estudiante de la Universidad Nacional de Colombia.
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