29 de septiembre de 2010
La senadora Piedad Córdoba fue absuelta por la Corte Suprema de Justicia meses atrás: el alto tribunal no encontró mérito en los cargos que se le formulaban por traición a la patria y colaboración con las FARC, desestimando las pruebas presentadas contra ella. Hoy sorprende que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, encuentre que las mismas evidencias que la justicia penal desechó por su incoherencia sirvan de soporte a la destitución e inhabilidad por 18 años contra la senadora, acusándola por delitos de lesa humanidad, justo después de que Córdoba acusara a Ordóñez por prevaricato, luego de que el funcionario absolviera al exministro Sabas Pretelt en el polémico caso de la yidispolítica.
El computador de ‘Raúl Reyes’
En el fallo de la Procuraduría, como parte del argumento en el que se basa la sanción a la senadora, se legitiman los archivos supuestamente encontrados en el bombardeo ilegal realizado en territorio del Ecuador para eliminar a ‘Raúl Reyes’, al afirmarse de esa operación que “si bien la misma se adelantó en territorio ecuatoriano, lo cierto es que hasta este instante no ha habido un organismo internacional que le haya impuesto algún tipo de sanción a Colombia” y que la lucha contra las FARC es de interés supranacional, al ser esa organización considerada como terrorista, gozando de legitimidad tanto la acción militar como los hallazgos de inteligencia en la misma.
Lo irónico es que se tome la información en el disco duro del computador ‘Reyes’ como base de la sentencia, teniendo en cuenta que, en declaraciones ante la Fiscalía, el capitán Ronald Hayden Coy Ortiz, investigador de la Dijin que se encargó de procesar los datos, señaló que no se han encontrado correos electrónicos en el mismo sino documentos de texto y que éstos no sirven para demostrar que existía correspondencia entre ninguno de los acusados y ‘Raúl Reyes’. Durante el proceso, la defensa de Piedad Córdoba ha manifestado que el procedimiento viola gran parte de los tratados internacionales que ha firmado Colombia y que la legitimidad del disco duro y de las memorias USB encontradas está en entredicho, pues múltiples indicios se dirigen hacia una posible manipulación de la información que contenían.
Obstruir a la oposición y quitar poder a la Corte
“A simple vista se observa que la sanción impuesta a Piedad Córdoba le abre paso en Colombia al delito de opinión”, afirmó la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, y parece tener razón. Al cierre de esta edición, Gloria Cuartas fue acusada por dos desmovilizados de tener nexos con las FARC, lo que oxigena la farcpolítica aún más y hace esperar nuevos procesos que aumenten el clima de señalamiento hacia la oposición y los sectores críticos del gobierno, así como como la prensa independiente.
No es para menos. El pasado 6 de septiembre fue emitida una orden de captura contra el periodista William Parra, colaborador de Telesur, dentro del proceso de la ‘farcpolítica’; el 23 del mismo mes, el mismo día del bombardeo al ‘Mono Jojoy’, Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, fue víctima de un extraño robo a su residencia, de donde le fueron sustraídos documentos, computadores y material periodístico; el lunes 27, Piedad Córdoba recibe una sanción sin precedentes en la historia del país y, el martes 28, la desmovilizada ‘Karina’ señaló a Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó y una de las testigos claves en el jucio que se le sigue al general Rito Alejo Del Río por delitos de lesa humanidad, de haber tenido vínculos con la guerrilla.
Así las cosas, la actuación de parte de la Procuraduría parece enviar un mensaje de guerra sin cuartel por parte del Estado hacia quienes opinan diferente o critican las políticas del gobierno. Parece ser que la popularidad que Santos ha logrado con la muerte del ‘Mono Jojoy’ ha marcado el comienzo de una estrategia que buscaría diezmar a la ya pequeña oposición en el Congreso, buscando eliminar sus curules por medio de montajes judiciales, y para iniciar una confrontación velada con la Corte Suprema para deslegitimarla y promover reformas que eliminen parte de sus actuales competencias, en casos como la parapolítica y la yidispolítica, que tanto afectaron al gobierno de Uribe.
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