Por: Omar Vera – octubre 13 de 2010
Más de 17.000 delegados de más de 220 organizaciones sociales, comunitarias y políticas de toda Colombia se reunieron en Bogotá, entre el 8 y el 12 de octubre, para cumplir el reto más complejo que han enfrentado durante las últimas décadas: ponerse de acuerdo para “que el país de abajo legisle, que los pueblos manden, que la gente ordene el territorio y la forma de gobernarse”, como lo expresaron en la proclama final del Congreso de los Pueblos, punto de partida de las discusiones que afrontarán los distintos procesos populares que asumirán el reto de articularse y completar un mandato común para construir un país diferente.
Volver a empezar
La apuesta no es sencilla: el sectarismo, el fraccionamiento y la división entre organizaciones sociales han marcado la historia reciente del país llevando, junto con la persecución y el terror generalizado en contra de procesos alternativos, a una enorme debilidad política de quienes plantean propuestas de país distintas a las de los poderosos. En este sentido, el Congreso de los Pueblos ha marcado un momento muy especial de encuentro de distintas tendencias dentro de la izquierda política y de la base social y comunitaria, pues se ha convertido en un gran escenario de encuentro que ha permitido el intercambio de experiencias, programas, propuestas de trabajo y la coordinación de distintos procesos y luchas, potenciando sus alcances. En palabras del líder indígena Feliciano Valencia, “no es hora de competir entre nosotros, es hora de articularnos”.
La proclama final del Congreso, leída conjuntamente en la Plaza de Bolívar por representantes del Proceso de Comunidades Negras, del Movimiento Campesino de Cajibío y del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, a nombre de la comisión política del congreso –constituida por representantes de las organizaciones participantes–, hace un importante “llamado a todos los sectores sociales alternativos a que nos juntemos para pensar en un nuevo país, iniciar una deliberación nacional e ir elaborando un Mandato de los Pueblos, o un Mandato País, o una Agenda Alternativa o una Constitución Popular” insitiendo en que sólo “tendrá el quorum decisorio cuando otros cientos de procesos de base, dispersos por toda la geografía nacional, se sumen de manera activa […] cuando todo el país real se reúna para discutir y decidir cómo es que quiere vivir y trabajar”.
Por eso, el resultado de los aportes de estos cuatro días de discusión, consignado en una “agenda legislativa popular”, abre para los delegados al Congreso de los Pueblos “un proceso de deliberación y acción conjunta en todos los rincones del país, abordando lo que nos parece son los temas fundamentales”, lo que en la práctica significa la multiplicación de los procesos de articulación a nivel regional y nacional de sus organizaciones y de todas aquellas interesadas en vincularse a esta iniciativa.
Para Jaime Arévalo, del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, se ha abierto “esa posibilidad de encontrarnos y discutir políticamente sobre cuál es el país que queremos y los mecanismos que debemos abordar para conseguirlo”, agregando que “ha sido un paso fundamental […] porque este país lo tenemos que construir absolutamente todos, independientemente del ejercicio o la propuesta de transformación en la que estemos trabajando actualmente”.
“Propuesta de país para una vida digna”
La proclama del Congreso de los Pueblos reúne diversas propuestas de lucha social que hasta hoy se han dado de manera desarticulada y el mandato del Congreso de Niñas y Niños, realizado paralelamente al congreso de los adultos en las instalaciones de la Universidad Nacional. Con ella se abre un proceso de parte de las organizaciones sociales que no está destinado exclusivamente al terreno electoral sino que busca articular diversas formas de acción política y necesidades históricas de la mayoría de colombianos. De esta manera, las organizaciones participantes inician un largo camino para “hacer de nuevo a Colombia” y “pensar y adoptar un nuevo sistema político basado en los gobierno autónomos y democráticos de las comunidades locales y los pueblos: un Estado soberano e independiente”.
Las organizaciones de campesinos e indígenas, así como las de trabajadores del campo, de la pesca y de la pequeña minería, identificaron uno de los grandes ejes de la proclama: la lucha por la tierra. Por eso, el documento señala que “el Congreso manda que se libere la Madre Tierra”, para que sean los pueblos quienes decidan sobre su uso. Así mismo, señala que “la recuperación para los pueblos de los recursos naturales y estratégicos, que hoy se encuentran en manos de las transnacionales, es un imperativo”.
Otro de los temas centrales de las conclusiones del Congreso de los Pueblos es el tema de la guerra. Luego de analizar la grave situación humanitaria, el tema de las víctimas y de las posibles salidas al conflicto armado, se concluyó la necesidad de rechazar “la guerra del capital” y “redistribuir el presupuesto destinado para la guerra, de modo que se invierta en suplir las múltiples necesidades que agobian a los siempre excluidos y negados”. En este sentido, Feliciano Valencia, uno de los voceros del Congreso, señaló a los asistentes a la Plaza de Bolívar que el tema de “la paz no es propiedad del gobierno”, indicando que se trabajará localmente para “discutir el tema de los diálogos humanitarios regionales […] y vamos a hablar con los actores armados del tema de la guerra […] nos tocó a nosotros ir a construir la paz”.
Adicionalmente, se reconoce la necesidad de luchar por salarios justos, la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, una educación de calidad, una reforma a fondo del sistema de salud, el respeto por los derechos humanos, una reforma urbana para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las ciudades, el rechazo a los tratados de libre comercio y la defensa de la dignidad humana. Debido a esto, es claro que estas reivindicaciones ponen a estas organizaciones “en clara oposición con el gobierno de Juan Manuel Santos, que se reclama heredero de la ‘seguridad democrática’ y mantiene intacta su intención de entregar al país al capital financiero y a las trasnacionales”.
Para el próximo mes, se espera la confluencia de representantes de las 220 organizaciones participantes en esta sesión inicial del Congreso de los Pueblos a una reunión nacional en la que se planearán los congresos regionales y las formas de acción que asumirá el propósito que se ha trazado en Bogotá. Según señala Jaime Arévalo, “el reto es bastante grande: tenemos que hacer realidad lo que hemos planteado hoy al país y todos los procesos que participamos aquí debemos hacer una jornada no sólo de evaluación sino de proyección y planificación de las tareas que han salido de este congreso, y, a la vez, un llamamiento a las demás organizaciones que, por diferentes razones o postulaciones políticas que hoy tengan frente al país, no hayan podido llegar”.
El camino, entonces, se ha iniciado para “concentrar nuestros esfuerzos en darle cuerpo a una intensa acción social, política, cultural, espiritual”, según señala la proclama, hacia un nuevo encuentro en octubre de 2011 y hacia un largo camino “para escuchar y retomar los anhelos de los nunca escuchados y siempre negados, esforzándonos en hacer ley y poder lo que hoy apenas es un sueño”.
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