Por: Camila Ramírez
Aunque el 28 de abril de 2021 quedó marcado como el inicio del estallido social que se dio como una manifestación popular de inconformidad ante la Reforma Tributaria y las políticas del gobierno de Iván Duque, para muchos jóvenes colombianos este día inició uno de los capítulos más angustiantes de sus vidas. Muchos de quienes participaron en distintos momentos de las protestas fueron capturados y aún hoy claman por libertad y justicia puesto que continúan detenidos y enfrentan limbos jurídicos, falta de recursos para su defensa y una criminalización de la cual nuestra sociedad parece preferir no enterarse.
Si bien esta fecha se convirtió en un día de conmemoración, no solo de las multitudinarias movilizaciones, sino también del sentimiento de solidaridad y apoyo que en aquel momento se despertó hacia las y los jóvenes que se mantuvieron en las calles durante largos meses, tal solidaridad y apoyo hoy se han desvanecido.
Muchas de estas personas privadas de la libertad expresan que, con el paso de los meses y años, muy pocos colectivos o individuos se han pronunciado. De algún modo esperaban que al tratarse de detenciones colectivas, casi simultáneas, y por haber sido noticia en varias ciudades del país, esto motivaría movilizaciones o una indignación generalizada. Pero la reacción mayoritaria ha sido el olvido.
Incluso las palabras del presidente Gustavo Petro se han venido desdibujado pues, en el acto de su posesión presidencial el 7 de agosto de 2022, anunció que buscaría la manera de liberar a los jóvenes detenidos por acciones del estallido social.
Es evidente que no hay resultados que mostrar. Esto se debe en buena medida a que la Fiscalía ha manifestado que la decisión de dejar en libertad a los jóvenes no depende de una orden presidencial, sino de la decisión de los jueces. De momento, estos jóvenes que detuvieron con sus luchas las políticas de Ivan Duque, tras el hambre generalizada durante la pandemia, enfrentan hoy el limbo jurídico y una condena mediática inmerecida e injusta.
Los allanamientos del miedo
Para varios de los jóvenes detenidos, el cambio fue abrupto. Algunos dormían normalmente en sus hogares para luego despertarse como el objetivo de todo un operativo que, en algunos casos, incluía policía, ejército, Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y hasta agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Resulta incomprensible la realización de un operativo de tal magnitud y con inspecciones tan sofisticadas simplemente para detener a una sola persona y encontrar libros, agendas, celulares, afiches, banderas y herramientas domésticas que luego fueron presentadas como supuestas pruebas. El relato de Christhian Mallarino, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, y padre de familia, nos deja entrever parte de lo sucedido en aquellos operativos:
(…) el proceso de detención y allanamiento fue tétrico, ya que ocurrió en la casa de mi abuela, persona de avanzada edad y desconocedora de todo aquello que venía sucediendo.
Era la madrugada del 22 de julio de 2021, en el municipio de Palmira. Ese mismo día fueron detenidos otros cinco jóvenes, junto con Christhian. La misma situación ocurrió con Juan*, líder barrial y de la barra del Deportivo Pasto, quien afirmó que el proceso de allanamiento fue arduo y desproporcionado aquel 23 de noviembre de 2021.
Yo en mi casa vivo con mi familia, no solo con mis padres, sino también con unos tíos, unas tías, vivía mi abuela en ese tiempo. Y mi abuelita estaba en cama. […] El allanamiento no es que te van a llegar con cortesía, es a las patadas. […]Ingresaron muy temprano, como a las seis de la mañana. Yo salgo esposado desde mi cuarto, y cuando me sacan fue pasar como entre la familia, por la mitad de todos. […] Al salir, analizo que afuera había un camión con ESMAD, estaba el ejército, había, como siete patrullas, ellos montados en una película. Peor que la captura a un capo de narcotráfico.
Se evidenciaba una tendencia. Por ejemplo en la ciudad de Pasto, ese mismo día se realizó el allanamiento y la captura de siete personas más. También, el 22 de noviembre, a las 6 de la mañana se desarrollaron siete capturas y siete allanamientos simultáneos en los municipios de Paipa y de Sogamoso. Juliana Higuera, mamá, defensora de derechos humanos, feminista y estudiante de derecho, expreso:
Nosotras siempre hemos sido las dos, siempre hemos vivido las dos solas, ellos eran muy conscientes de que nosotras dos vivíamos solas. Cuando llegan a detenerme, llegaron con policía de infancia y adolescencia, afortunadamente ese día, ella estaba con el papá
Fabricar delitos, silenciar verdades
Al contrario de lo que argumenta la Fiscalía, las acciones llevadas a cabo por varios de los jóvenes durante el estallido social no fueron previamente organizadas ni planificadas con meses de antelación, sino exponían desde la indignación del hambre hasta las ejecuciones extrajudiciales, y surgieron de manera espontánea durante las movilizaciones y protestas. Fueron actos inesperados, pero con el paso de los meses y a raíz de la criminalización, la represión, y la creciente cantidad de personas heridas y con lesiones oculares, los jóvenes comenzaron a crear formas de organización, como las Primeras Líneas (PL).
De forma solidaria y como medio para mantener la protesta y su seguridad, se establecieron ollas comunitarias para la alimentación, brigadistas para brindar atención primaria, grupos de derechos humanos para documentar agresiones y detenciones. También se conformaron equipos de comunicación para informar sobre lo que ocurría en diferentes puntos del país. Estas acciones no tienen punto de comparación con los delitos que la Fiscalía les ha imputado.
A las personas detenidas se les imputaron delitos muy graves, lo que ha provocado que muchas de ellas hayan permanecido detenidos durante días, meses e incluso años, o que aún sigan en las cárceles. Los delitos imputados se han usado para amedrentar, según afirma Uldarico Flórez, presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza y abogado defensor de derechos humanos:
Los delitos más tipificados fueron terrorismo, concierto para delinquir, tortura y secuestro, que son delitos que prácticamente cometen grupos alzados en armas o grupos de la Ley GAO (Grupos Armados Organizados), que establece ese tipo de delitos para bandas criminales […] En el caso de los jóvenes lo que se trató de hacer fue que la tipicidad de estas conductas se usara para amedrentar.
Ese es el caso de Christhian Mallarino a quien se le imputó el delito de secuestro simple agravado y tortura agravada. En este momento se encuentra en libertad condicional y estuvo detenido 36 meses y 21 días:
Me acusaron de liderar y ordenar un secuestro de 8 funcionarios públicos, que el 27 de mayo del 2021 se perpetró en mediaciones de la Y en Palmira, donde los mencionados llegaron a arremeter contra la población y fueron retenidos por los manifestantes.
Christian, durante las jornadas de protesta, desempeñó labores como brigadista y, con el paso de los días, se convirtió en líder de algunos jóvenes, ya que ayudaba en la interlocución con la policía y, a través de la solidaridad, conseguía comida y otros elementos fundamentales para protegerse en las protestas. Este joven recuerda qué lo inspiraba a salir a la calle y cómo lo sorprendieron los delitos imputados.
Presté servicios médicos en conjunto con algunas organizaciones y personal médico particular. Luego, después de un buen trabajo organizativo, me convertí en un referente ante los demás compañeros. […] Me impulsaba la realidad que pocos conocen, la respuesta agresiva del Gobierno ante las manifestaciones. Sentía que era mi deber seguir adelante, sin importar las consecuencias.
Juan, mencionó que tales acusaciones no se relacionan en modo alguno con su rol y sus acciones durante el estallido social.
Nos tomamos las calles, desde lo social, desde el barrio. Era como esa lucha que habíamos dado con el Estado para que nos volteara a ver. Teníamos todos los motivos para estar en la calle y en la protesta: no tener un trabajo estable, no haber podido estudiar por falta de recursos económicos, que el sistema de salud sea pésimo, invertir todos nuestros ahorros para adquirir la libreta militar, tener una hija, ver a los compañeros de la barra perderse en tantas cuestiones, porque no hay oportunidades.
La Fiscalía le imputaba 12 delitos, entre ellos constreñimiento, terrorismo, concierto para delinquir, daño a bien público, daño a bien ajeno y secuestro simple. Juan señala: “Eran como las más graves, las que no eran excarcelables; según ellos, no tenía ningún chance con esos delitos”.
Criminalizar defensores de derechos humanos
De otra parte, para Juliana, los delitos que se le imputan responden a un intento de criminalizar el rol de los y las defensoras de derechos humanos.
Las acusaciones en mi contra dicen que yo utilizaba la defensa de los derechos humanos como una fachada para delinquir. […] Cuando recepcionaba las denuncias de violaciones a los derechos humanos, lo que realmente estaba haciendo era dar órdenes a los demás en determinadas acciones.
Durante el estallido social, Juliana realizó labores de acompañamiento y verificación de derechos humanos. Además en esa época se obstaculizaban y hostigaban las tareas de defensa de los derechos humanos por parte de la policía y miembros de la fuerza pública. Pero aun así, la Fiscalía no tuvo en cuenta estos elementos y continuó formulando cargos como: inducción a la rebelión, apología al terrorismo y al delito, entre otros. Estas acusaciones se utilizaron de manera sistemática y arbitraria.
Nos imputaron concierto para delinquir, fabricación, porte y lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, violencia contra servidor público. Y en mi caso, me acusan de ser la determinadora del concierto, es decir, me sitúan como la cabecilla de una organización al margen de la ley.
Natalia Sánchez, por su parte, desarrollaba tareas de verificación para minimizar el número de vulneraciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza pública que en medio de las protestas era alarmante en la localidad de Usme. A pesar de trabajar como funcionaria en el Distrito, la Fiscalía la acusa de tres delitos:
(…) me está acusando por concierto para delinquir, perturbación al transporte público y agresión a servidor público, esos son los tres delitos, pero que tiene grandes connotaciones (sic).
Gloria Silva, abogada que hace parte de la coordinación del Equipo Jurídico Pueblos, también ha realizado seguimiento a casos de judicializaciones en el contexto de la protesta. Ella presenta algunas consideraciones en relación con el delito político:
En los casos del último levantamiento popular y de las protestas anteriores, no se solía imputar el delito de rebelión y ningún delito político. Eso hace parte como de una tendencia que ha habido en materia de política criminal, a ir desnaturalizando lo que es el delito político a través del desuso. En la medida en que una imputación por un delito político también abre otras alternativas y posibilidades de terminación del proceso.
En Colombia, en los casos de protesta social, existe un catálogo de delitos que, en su mayoría, fue incorporado a través de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta ley ha tenido varias versiones, pero en el fondo busca imponer un tratamiento punitivo. Un ejemplo de esto son las imputaciones severas contra las personas detenidas durante y después del estallido social, con penas de hasta 20 años.
Estas medidas parecen orientadas principalmente a generar miedo y evidencian un nivel de severidad desproporcionado frente a la realidad de la protesta social.
Defenderse es un lujo
En los procesos judiciales se han presentado innumerables irregularidades. Los entes encargados de las investigaciones, como la policía judicial, la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) y los fiscales, han vinculado a los jóvenes a estos procesos sin contar con material probatorio suficiente. También se les han imputado delitos graves basados en pruebas que carecen de validez en el contexto de las protestas sociales que se venían desarrollando desde el año 2021.
La abogada Gloria Silva considera que una de esas irregularidades es:
Había que priorizar o tratar de buscar los delitos que mejor pudieran subsumirse al contexto en el que se encontraban los hechos y, sin duda alguna, una asonada, por ejemplo, es muchísimo más abarcante que una serie de delitos graves que fueron imputados en estos casos en particular. […] Además, el delito político, en ese caso como en el de asonada, incorporaba también todos esos elementos del contexto, que en esta oleada de judicializaciones no fue tenido en cuenta para nada.
Algunos jueces si tuvieron en cuenta los elementos contextuales. Por ejemplo, el juez segundo municipal de control de garantías de Pasto al declarar denegada la medida de aseguramiento señaló:
La sentencia 5831 del 4 de mayo de 2016, radicado 46061, advierte u ordena que se debe identificar el problema jurídico dentro de un marco contextual, considerando el contexto geográfico, social, político, cultural y económico en el que se haya producido. […] Si no contamos con delitos de concierto para delinquir con fines de terrorismo, ni con un delito de terrorismo, la comunidad, la sociedad y el futuro ya no están en peligro. Estos fueron hechos coyunturales […] Fue un grupo repentino, que buscó materializar su derecho a la protesta social, hacerse valer y ser escuchado
Otra de las irregularidades que se presentaron durante los procesos fue la presión ejercida sobre los jóvenes en el momento de su detención. El abogado Uldarico Flórez mencionó lo ocurrido en el caso de Luis Alberto Simbaqueba:
Él está junto con otros cinco o seis compañeros y compañeras; a la mayoría de ellos se les coaccionó para que aceptaran cargos. Luis Alberto no aceptó los cargos inicialmente, pero su abogado lo hizo firmar un documento en el que aparece aceptándolos.
Flórez también señaló que muchos de los jóvenes detenidos han recibido mala asesoría legal y algunos incluso no cuentan con abogados. Y este no fue el único caso. En la ciudad de Pasto, los jóvenes Luis Felipe Delgado y Sebastián Alberto Caipe, fueron presionados para realizar un preacuerdo con la fiscal cuarta especializada, Silvana Uribe. Ante esto, el juez de control de garantías señaló que los acusados:
Decidieron ofrecer un interrogatorio donde prometieron delatar, colaborar con la justicia y dar a conocer hechos singulares que determinan los delitos incitados, en aras de conseguir rebaja de pena u otros beneficios”. Sin embargo, y ante la falta de evidencia, el juez determina “[…] que se corrija a la Fiscalía, al Ministerio Público y a esta judicatura. No se puede dar el valor suficiente de credibilidad a estas personas. Su dicho interrogatorio está en tela de juicio porque hace referencia a unos puntos contradictorios.
La abogada Gloria Silva señala que una de las irregularidades más graves es que se obligue a los jóvenes a asumir cargos que no cometieron y, en algunos casos, a aceptar preacuerdos para obtener beneficios. Ella revela que:
Los preacuerdos los están utilizando para una supuesta rebaja de penas con el agravante, en algunos casos, de que los ponen a hablar en contra de otros compañeros que estuvieron dentro de la protesta. Algunos han aceptado cargos sin tener ningún tipo de participación, mucho menos van a tener conocimiento de responsabilidad de terceros. Sin embargo en algunos casos, se han convertido en testigos de cargo, lo que complica aún más la situación de otras personas que deciden mantenerse firmes en el juicio y en su defensa.
Esta irregularidad es recurrente en los casos de detención. Por ejemplo, en el caso judicial de Juliana y sus seis compañeros y compañeras, la prueba principal que tiene la fiscalía tiene que ver con un testigo que aporta un testimonio. Al respecto, Juliana se refirió al testigo:
Él hizo parte de la movilización, yo lo conozco, conozco a su familia. Y resulta que a él lo detienen un día porque hacía parte de una banda de microtráfico. […] él hizo un principio de oportunidad para que le dieran libertad a cambio de atestiguar en nuestra contra. Y lo que él hace en ese testimonio es dividir responsabilidades. O sea, a partir de ese testimonio arman el organigrama del concierto en donde dicen que cada persona pues hacía X cosa en relación a explosivos, atentados, agresiones a la policía, etcétera.
Interceptaciones y estigma
En los procesos se han utilizado testigos anónimos, informes de agentes de la policía judicial e interceptaciones, los cuales se han convertido en pruebas clave para la fiscalía y en motivos para mantener a varios jóvenes detenidos o con procesos activos. En el caso de Christhian Mallarino, se recurrió a informes de la policía judicial e interceptaciones que supuestamente provenían de las víctimas de secuestro. El joven manifiesta que, durante las audiencias, se percató de que su celular había sido intervenido.
De hecho, la investigación del GAULA y la SIJIN fueron por ese software, rastrearon mi teléfono y en medio de las conversaciones que tuve para ese entonces, sacaban apartes que nada tenían que ver con la situación en sí, pero la interpretación de la fiscalía era otra, culpabilidad total.
La misma situación la vivió Natalia, quien descubrió que su celular había sido intervenido desde mayo de 2021.
Me enteré de que mi celular estaba intervenido porque las acusaciones abarcan el periodo entre junio y julio, pero la intervención comenzó en mayo. […] Me doy cuenta de que los analistas toman fragmentos de conversaciones sin contexto. Esto no fue un secreto para nadie, ya que la misma fiscalía entregó los audios cuando me expusieron al escarnio público, pero todas las llamadas quedaron fuera de contexto.
Para la abogada Gloria, las fuentes humanas no formales tienen implicaciones graves en los procesos jurídicos. Primero, porque revelan la falta de análisis y la tendencia a recurrir a estos elementos. Y segundo, porque se mantiene a los jóvenes detenidos solo por contar con una fuente humana no formal, lo cual, en realidad, no tiene un respaldo real en las investigaciones realizadas.
Las fuentes humanas no formales en realidad son una forma de revivir lo que otrora fueran los testigos sin rostro, […] pero sobre esas fuentes humanas no formales, algunos los llevan a juicio, ya usted en el juicio se entera de quién es, otros no. Pero esas fuentes humanas no formales casi todas han sido como la razón fundamental sobre las cuales se han basado las detenciones preventivas.
Testigos sin rostro, justicia sin verdad
Otro agravante es la implementación de un alias para todos los jóvenes que fueron detenidos. Para el abogado Uldarico, esta situación se utiliza para darles a los jóvenes el estatus de pertenecer a un GAO (Grupos Armados Organizados). Y luego esto se usa como supuesto elemento de prueba pues se asume que emplean sobrenombres y ocultan su identidad. Varios de los jóvenes aparecen con alias que no corresponden a una actividad ilegal o delictiva. Al respecto, Uldarico mencionó
Ese tipo de sobrenombres o, más popularmente, alias, como se les dice, no tienen nada que ver con la realidad de los hechos presentados por la Fiscalía. En el caso de Luis Alberto Simbaqueba, el sobrenombre es de El Diablo, pero obedece a que él, desde muy niño, su familia, sus padres, le decían así, como cuando uno está pequeño, pues dicen ‘este niño es El Diablo’, por inquieto.
El abogado Flórez también resaltó la situación de Sergio Andrés Pastor González a quien los medios masivos de comunicación señalaron con el ‘alias 19’, lo mostraron como una persona peligrosa y como el presunto coordinador del grupo Resistencia Portal Américas.
se dictó de manera muy rápida una sentencia de primera instancia con una pena de 12 a 15 años […] Es importante que los medios de comunicación no sigan estigmatizando a él ni a su familia, ya que ha sufrido amenazas y, en este momento, no hay garantías para su integridad física ni para su vida.
Además, Flórez resaltó que en el caso de Sergio se ha demostrado que efectivamente la condena fue arbitraria, injusta y desproporcionada, porque el material probatorio presenta varias irregularidades, un ejemplo, los testimonios de policías infiltrados. Este abogado sostiene que: “la fiscalía lo condena para amedrentar a todos los demás jóvenes y (asegurar) que aceptaran cargos. Sin embargo, nuestra Constitución plantea el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, garantías que no se le han respetado a este joven”.
Gloria Silva además manifiesta que, como abogada, la irregularidad más injusta es que las investigaciones por violencia a los derechos humanos o por uso indebido de la fuerza pública no se investigan con la misma severidad que se ha hecho con las investigaciones a los jóvenes. Ante esta situación, ella expresa:
No es exactamente lo mismo que está ocurriendo con las investigaciones por violaciones de derechos humanos, en las que no se identifican ni individualizan a los responsables. Nunca se vincula al comandante, al menos de esos operativos en terreno. Esa disparidad entre las investigaciones es justamente el resultado de una de las irregularidades que nosotros hemos identificado dentro de las investigaciones judiciales.
Muerte en las cárceles: costos del castigo ejemplarizante
Para los y las jóvenes del estallido social, el poder sostener una defensa ante los graves cargos imputados implica costos económicos, psicológicos e incluso puede llegar a poner en riesgo la propia vida. Sobre esto Christhian manifiesta:
Fue un daño colateral; toda mi familia se vio y sigue viéndose afectada por este proceso. Empezando por mis niños, quienes se fueron del país con sus madres a raíz de esto.
Para Juliana, la situación es muy similar pues afirma que a ellos les “arrebataron muchas cosas; ha sido muy difícil reconstruir el tejido social a partir de lo que pasó, de muchas maneras, tanto políticamente como organizativamente. Me ha costado en muchos sentidos”. Y explica lo duro que es llevar un proceso de investigación cuando no se cuenta con los recursos económicos necesarios y se debe seguir llevando una vida con cierta normalidad.
A Juliana la defiende el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, pero ella manifiesta que:
(Aunque) no tengo que pagar una abogada, la investigación técnica, sí, y eso es muy costoso. Afortunadamente encontramos una investigadora que entiende lo que es la criminalización y que se solidariza, entonces ella me ha cobrado mucho menos en comparación con lo que me estaban cobrando otros investigadores. Con ella logramos como unas formas de pago, a partir de hacer bazares, rifas, vender cosas, la solidaridad, entre otras cosas, pues hemos logrado pagar la investigación.
Al respecto, Christhian agrega:
El costo de la defensa en este país es exagerado. La colegiatura de los abogados establece unas cuotas y tarifas mínimas. Aunque algunos abogados se rigen por ellas, hay otros que tienen más humanidad y cobran menos, pero sigue siendo costoso. Por mi parte, el solo hecho de aceptar un preacuerdo y contar con la asistencia del defensor en poco menos de 4 audiencias en 3 años me costó más de 15 millones de pesos.
La abogada Gloria Silva revela que el costo económico es alto, ya que depende en gran medida de los cargos imputados, del tipo de evidencias presentadas y de todos los análisis necesarios para que una defensa prospere. Ella explica que:
El CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), ellos si tienen a disposición los profesionales y las herramientas para hacerlo, mientras que una pericia para rebatir resultados, puede estar costando alrededor de diez millones de pesos, un investigador cinco millones de pesos. Estamos hablando de personas y familias que no tienen la capacidad económica para asumir el costo de este tipo de investigaciones.
Las detenciones han cobrado vidas
Para algunos jóvenes, el proceso jurídico y las condiciones propias de la cárcel les arrebataron la vida. Por ejemplo en el caso de Jonathan Sabogal, la Fiscalía le acusaba de pertenecer a las Primeras Líneas de Bugalagrande y de la comisión de otros delitos. Para la fecha de su muerte, no estaba condenado, sino que tenía medida de aseguramiento en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá (Valle del Cauca) y estaba a la esperaba de sus audiencias. Se encontraba en ese centro, donde murió junto con más de 50 personas a causa de un incendio ocurrido en el patio 8. Actualmente, los jóvenes que fueron detenidos junto con Jonathan han quedado en libertad por vencimiento de términos.
Otro caso ocurrió en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Palmira (Valle del Cauca), donde varios internos ingirieron un trago que provocó una grave intoxicación. Entre los afectados se encontraba Yeison Alejandro Lozada, un joven detenido por pertenecer a las primeras líneas, y a quien la Fiscalía le imputaba cargos por tortura. La abogada Silva se pregunta “por qué siempre se tienen de resolver esas situaciones de (la) manera más trágica, (incluso) bajo el costo de la vida de alguien”.
La abogada también señala que se omite identificar las responsabilidades estructurales e institucionales detrás de estas situaciones, ya que las familias no reciben ningún pronunciamiento. Simplemente se les entrega el cuerpo de su ser querido sin ofrecerles más explicaciones.
Para Uldarico Flórez, el precio de la detención de los jóvenes terminará siendo un costo para todos los colombianos, ya que el Estado, encabezado por la Fiscalía, después de varios años, no ha podido demostrar ni argumentar ante el juez de control de garantías los delitos que se les imputaron en el momento de su captura. En ese mismo sentido, Uldarico expresó que:
Vendrán muchas demandas administrativas y somos precisamente los ciudadanos comunes y corrientes, con nuestros impuestos, quienes tendremos que indemnizar a las víctimas. ¿Quiénes? Aquellos que estuvieron privados de la libertad durante tres, cuatro, cinco años sin que se resolviera su situación jurídica.
¿Puede haber diálogo si persiste la represión?
Para los jóvenes que fueron detenidos y aquellos que aún continúan privados de la libertad, las condiciones que los llevaron a las calles en 2021 siguen presentes. Muchas de esas problemáticas aún no tienen solución y, aunque la exigencia de libertad para los detenidos persiste, las demandas del estallido social continúan vigentes.
La opinión de Christhian de algún modo sintetiza lo que la realidad evidencia: “Siguen en las cárceles, siguen sindicados, seguimos condenados, sin oportunidades, sin estudio, sin nada”. En ese sentido, el abogado Uldarico Flórez sostiene que “(…) el Gobierno Nacional, especialmente el Comisionado de Paz, debería conformar una mesa nacional con las primeras líneas para escucharlos sobre los reclamos que tienen”.
La mayoría de los jóvenes considera importante la instalación de la mesa, no solo por la libertad de los detenidos, que es un aspecto fundamental, sino también por el derecho a participar en condiciones iguales, sin ser estigmatizados ni excluidos. Y, desde luego, queda una reflexión profunda, tanto para los movimientos y actores sociales como para los entes que vigilan e imparten justicia en nuestro país, en torno a los cambios que se deben dar para garantizar el derecho a la protesta, al buen nombre, al debido proceso y, sobre todo, a la libertad y la vida.
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