Por: Ansel Herz – septiembre 21 de 2011
Cuando la delegación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fue denunciada por la población de Port Salut (Haití) por el posible asalto sexual a ‘Johnny Jean’, de 18 años, por parte de soldados de ocupación de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah, por sus siglas en francés), la organización internacional pidió investigar el incidente y llevar a los perpetradores a la justicia. Sin embargo, este no fue el caso el año pasado, cuando esa misma misión se negó a cooperar con la justicia haitiana para investigar la muerte de un niño de 16 años, encontrado ahorcado dentro de otra base de la ONU.
Gerard Jean-Gilles trabajaba haciendo trámites para soldados nepaleses en la base de Cap Haïtien, la segunda ciudad más grande de Haití, cuando una intérprete de las tropas, Joëlle Rozéfort, lo acusó de haber robado 200 USD de su carro. Un día después, el 18 de agosto de 2010, Jean-Gilles fue encontrado colgando de un árbol dentro de la base, con un alambre alrededor del cuello.
Según las investigaciones internas de la Minustah, Jean-Gilles se había suicidado. Sin embargo, su familia y sus amigos sospechan que fue asesinado y, además, cuando un juez haitiano trató de investigar el caso, la ONU se negó a cooperar. La impunidad es tan aguda que un antiguo representante del gobierno en la región califica a la ONU de ser “el obstáculo principal” para conocer como murió Jean-Gilles.
En las apasionadas marchas contra la Minustah del pasado agosto, los haitianos exigieron justicia para Jean-Gilles: “él murió buscando una manera para vivir”, dijo Rémy Raphaël, su padre adoptivo, cuya esposa es vendedora ambulante y adoptó a Jean-Gilles cuando era bebé, luego de que su madre murió y su padre desapareció. “Él iba a la escuela, pero mi esposa no pudo seguir pagando”, dijo Raphaël en la austera casa de dos alcobas, agregando que “nunca trató de meterse en problemas con nadie, entendía su situación, prefería buscar trabajos y por eso se hizo amigo de los soldados”.
De acuerdo con Evens Bele, de 17 años y quien trabajó junto a Jean-Gilles en la base durante tres años, cada uno ganaba lo equivalente a 10 USD por mes haciendo trámites, limpiando las instalaciones de la base y traduciendo para las tropas cuando patrullaban. “Él entró, me saludó y dijo que tenía problemas con una señora que había perdido como doscientos dólares”, contó Bele sobre la fatídica mañana, agregando que, no mucho después, “lo vi colgado”.
El personal de la ONU se reunió inmediatamente con la familia y las autoridades locales. El cadáver fue trasladado por aire hasta Puerto Príncipe el mismo día, pero demoró tres días antes de que se pudiera hacer la autopsia en el Hospital General, según Calixte James, quien acompañó el cuerpo y es, a la vez, tío de Jean-Gilles y abogado. “Podrían haber hecho la autopsia el mismo día, porque llegamos a Puerto Principe a las 3:45 pm […] En nuestro país no tenemos los equipos que puedan detectar cosas en [una autopsia de] un cuerpo después de 72 horas. Así que, para mí, lo que estaban haciendo fue simplemente algo sin sentido”, dijo James.
Un informe de autopsia obtenido por el periódico Haïti Liberté dice que no se encontraron señales de violencia en el cuerpo, algo que la ONU usa para respaldar su afirmación de que fue un suicidio. No obstante, Raphaël, que trabajaba lavando platos en la base, cree que los soldados “asfixiaron [a su hijo] con gas y lo colgaron de un árbol” que se encontraba “en un área restringida en el jardín, detrás de un montón de contenedores”.
“Él hubiera podido pelear porque era suficientemente fuerte”, dice Raphaël, aumentando el nivel de su voz, insistiendo en que “él no hubiera dejado que le hicieran eso. Para mí, la autopsia no es suficientemente clara”. Las sospechas de la familia y amigos de Jean-Gilles giran alrededor de la interprete Joëlle Rozéfort, quien acusó a Jean-Gilles de robarle dinero el día anterior.
La mañana de la muerte del joven, “Joëlle vino, mientras yo lavaba la loza, diciendo que Gerard no debería haberle robado dinero”, dijo Raphaël. “Mientras hablaba, ¡un soldado entró y me dijo que Gerard se había colgado! La cara de ella no se inmutó […] aunque Rozéfort encontró el dinero en el baúl del carro, siguió diciendo que Gerard era un ladrón”.
Bele tampoco cree que Jean-Gilles se haya suicidado: “murió por el dinero”, dijo. Poco tiempo después de la muerte, Bele y Raphaël perdieron sus trabajos dentro de la base.
Georgemain Prophète, exdelegado de la gobernación en el departamento Norte, representó al Estado haitiano en las primeras conversaciones con la ONU para indagar sobre la muerte de Jean-Gilles. Según él, los representantes de la organización internacional estaban de acuerdo en que la magistratura haitiana abriera una investigación. El caso fue entregado a Heidi Fortune, un juez de investigación de Cap Haïtien, quien indicó que “la autopsia sólo puede demostrar si fue ahorcado o no, pero no puede determinar si fue suicidio o si alguien más lo colgó […] me asignaron el caso para investigar si fue suicidio o no, ése es mi trabajo”.
Según relata el juez Fortune, los testigos sostienen que Rozéfort “tuvo un pequeño problema con su carro y Gerard la ayudó. Después de partir, se dio cuenta de que faltaba dinero en su cartera. Ella acusó y le hizo comentarios amenazantes a Gerard, pero él dijo que no había tomado el dinero. Rozéfort le prometió que ella iba a llevar la acusación al jefe de la base”. Tanto Bele como Raphaël afirman, en entrevistas distintas, que Rozéfort mantenía relaciones sexuales con el comandante nepalés de la base.
Un testigo que había visto a Jean-Gilles entrar a la base esa mañana, le contó a Fortune que el joven no había demostrado expresiones faciales ni señales sugiriendo que se iba a matar. El suicidio no es considerado como una parte de la cultura haitiana y es prácticamente desconocido en la isla, “así que la próxima persona que me toca escuchar es a Rozéfort misma”, explicó el juez, quien ha expedido tres citaciones para que Rozéfort testifique, la última con un mandato para que la Policía la arrestara y la llevara frente al juez, pero la Minustah la trasladó a Puerto Príncipe, sosteniendo que ella había recibido amenazas de muerte en Cap Haïtien.
Rozéfort nunca ha testificado
Después de emitir sus órdenes, Fortune recibió copia de una carta dirigida al canciller haitiano, fechada el 16 de septiembre de 2010 y firmada por Edmond Mulet, el diplomático guatemalteco que encabezaba la Minustah en ese entonces, donde Mulet escribe que “se menciona en la citación que Madame Rozéfort está bajo sospecha de complicidad en homicidio […] la señora Rozéfort no va a acatar la citación, amparada por una decisión del secretario de la ONU, que le da inmunidad”.
El Acuerdo de Estatus de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) entre el gobierno haitiano y la ONU, da a los miembros de la Minustah inmunidad en procesos legales en Haití bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, el entonces ministro de Justicia, Paul Denis, respondió la carta de Mulet con palabras duras, alegando que Rozéfort no goza de ningún tipo de inmunidad: “Creo que hay que pedirle, señor representante especial, que reflexione un minuto sobre la definición de los miembros de la Minustah y sus contratistas”, escribió Denis y subrayó que “al parecer, Joëlle Rozéfort, de nacionalidad haitiana, reclutada aquí y de profesión traductora, es una parte contratante y no un miembro de la Minustah”, puesto que el SOFA no brinda inmunidad para los haitianos contratados por la ONU.
Denis enfatizó que el SOFA brinda inmunidad para actos cometidos por el personal de la Minustah en “ejercicio de sus funciones oficiales”. Por eso, “la función oficial y contractual de la señora consiste en traducir declaraciones, conversaciones y documentos de una lengua a otra, actuando como traductora. No puede, bajo ninguna circunstancia, haber sido llevada a matar”.
El 8 de octubre de 2010, Mulet disparó de vuelta: “la señora Rozéfort fue reclutada mediante una carta de nominación emitida por el secretariado de las Naciones Unidas […] su puesto será regulado por los términos de su carta de nominación y las regulaciones del personal de las Naciones Unidas. Es, entonces, una oficial de las Naciones Unidas”. Aún así, no respondió al segundo punto de la misiva de Denis, sobre la aplicabilidad de la inmunidad exclusivamente en el ejercicio de “funciones oficiales”, y terminó insistiendo en que “el secretario general y su representante especial [Mulet] no están, por el momento, en posición de tomar una decisión sobre la solicitud para comparecencia ante un tribunal, basada en una sospecha de complicidad en homicidio”.
“La inmunidad no debiera ser usada como un escudo para prohibir investigaciones de actos potencialmente criminales si, probados, demuestran estar claramente fuera de las ‘funciones oficiales’ de los miembros del personal de la ONU”, escribió Scott Sheeran, quien ha trabajado en las Naciones Unidas y es un experto en leyes de fuerzas de paz de la Universidad de Essex, en un correo electrónico que envió al periódico Haïti Liberté, luego de haber visto el intercambio de cartas.
“Esto pasa, particularmente, donde la ONU no ha asistido al gobierno y a la aplicación de la Ley local para verificar lo que ha ocurrido […] No es una interpretación de la Ley de buena fe y, más allá, no es consistente con el Estado de Derecho ni con los derechos humanos que la ONU dice defender”, escribió Sheeran. Según él, Mulet parece reclamar una “interpretación excesivamente amplia” de un aspecto clave de la SOFA.
El mismo mes, Mulet argumentó, en un discurso, que el principal problema de Haití es “la ausencia del Estado de Derecho”, que los haitianos habían dejado de esperar o de exigir justicia a su Estado y que el país sufre de escasez de profesionales de derecho competentes”. Según el diplomático, su papel y el de la comunidad internacional es “no perjudicar la soberanía de Haití sino fortalecerla, estoy muy consciente de eso”.
Edmond Mulet ostenta ahora el cargo de asistente del secretario general para las Operaciones de Fuerzas de Paz en las oficinas centrales de la ONU en Nueva York. Un año después, “no tiene la sensación de que se negó la justicia” en el caso de Jean-Gilles, según Michel Bonnardeaux, oficial de asuntos públicos del Departamento de Operaciones de Paz de la ONU. El exministro de Justicia no fue encontrado para un comentario.
“Recibí una copia de la carta firmada por Edmond Mulet, diciendo que esa señora tiene inmunidad, pero ella es una contratista haitiana y sólo los soldados de la ONU tienen inmunidad”, insitió el juez Fortune, preguntándose “¿cómo puede Rozefort tener este privilegio como empleada local? […] ¿pudo ella reclamar o decir algo al comandante [de la base] que pueda haber dado ocasión para la muerte de Jean-Gilles? No puedo decir con convicción si los soldados lo mataron o no, pero ella no ha cooperado lo suficiente con la investigación”.
La familia de Gilles está indignada: para Raphaël “la ONU está bloqueando el sistema judicial de Haití, la Minustah no respeta el sistema judicial de Haití. Creen que son la única fuerza del planeta y que pueden hacer lo que quieran. Sólo nos han traído corrupción”.
El caso no puede proseguir sin la participación de Rozéfort
De acuerdo con el exdelegado Prophete, “la negacion de la Minustah de entregar a la justicia [a Rozéfort] y el hecho de que el batallón Minustah ha sido señalado como la fuente de la epidemia de cólera es un compuesto muy tóxico y que puede hacer que cualquier cosa suceda”.
“No tenía idea en absoluto de la existencia de alguna carta como esa que se envió al juez”, dijo Sylvievan de Wildnberg, vocera de la ONU, a este reportero cuando se le presionó por información sobre el caso. “¿Sabes? Esto es loco, no sé por qué te interesas en esto. ¿Por qué estás en Haití? ¿Estás para ayudar?”, dijo.
Acalorados por las noticias desde Port Salut, los manifestantes nuevamente se dirigieron hacia el Palacio Nacional de la capital para pedir la partida de la Minustah. Algunos llevaban letreros que decían “Justicia para Gerard Jean-Gilles”. La Policía respondió, disparando gases lacrimógenos contra los marchantes y los sobrevivientes del terremoto.
El Consejo de Seguridad de la ONU está viendo cómo renovar el mandato de la Minustah por lo menos por un año más, antes de que caduque el 15 de octubre, mientras que se se habla de una reducción de las tropas. Sin embargo, los oficiales de la ONU dicen que sus fuerzas se quedarán en Haití hasta 2015.
“¡Seamos serios! La ONU dice que los jueces no son eficientes y que el sistema judicial debe ser reformado, mientas nos impiden hacer nuestro trabajo. Espero que la Minustah no crea que todos los haitianos son idiotas. Para mantener sus posiciones, algunos haitianos están vendiendo el país y firmando contratos en el nombre del pueblo haitiano, pero no todos los haitianos son iguales”, dijo James, el abogado y tío de Jean-Gilles.
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* Traducción: Alexandra Iriarte
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