Septiembre 21 de 2011
A principios de julio de 2011, el Tribunal Superior de Bogotá pidió excluir del proceso de Justicia y Paz a Raúl Agudelo Medina alias ‘Olivo Saldaña’, quien se dio a conocer como el líder de la supuesta desmovilización de la Compañía ‘Cacica Gaitana’ de las FARC, ocurrida el 6 de marzo de 2006. Como se ha revelado, esta entrega de armas resultó siendo un montaje en el que los supuestos reinsertados eran habitantes de calle, enfermos mentales y desocupados a los que se prometieron dádivas a cambio de hacerse pasar por miembros de la subversión. De acuerdo a investigaciones de la Fiscalía, la responsabilidad por estos hechos recaería en el excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo; el coronel Jaime Joaquín Ariza, excomandante de la Regional de Inteligencia Militar en Tolima; y los generales Lelio Fadúl Suárez Tocarruncho, excomandante de la Quinta División; y Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército.
Antes de convertirse en una figura pública, ‘Saldaña’ era jefe de finanzas de las FARC en el sur del Tolima y luego, en 2003, se fugó de las filas de ese grupo con una gruesa suma de dinero. En agosto de 2004, fue detenido por la Policía de Pereira y, desde esa fecha, se encuentra en la cárcel cumpliendo condenas por rebelión, homicidio, secuestro y extorsión, teniendo pendientes otros diecinueve procesos judiciales en su contra.
Buscando negociar las condenas en su contra, ‘Saldaña’ se contactó con el Ejército para ser informante en las operaciones militares y su abogado, Enrique Arango, se comunicó con la oficina del Alto Comisionado para la Paz para lograr que su defendido fuera cobijado por la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, el abogado Arango logró más que eso: el 6 de marzo de 2006, el gobierno nombró a ‘Olivo Saldaña’ como representante de los desmovilizados de la Compañía ‘Cacica Gaitana’ y, en junio de 2009, fue delegado por el gobierno de Álvaro Uribe como gestor de paz, dignidad que se le retiró en febrero de 2011, al comprobar la Fiscalía que su proceso de desmovilización no era transparente y que varios funcionarios de la oficina del Alto Comisionado y del Ejército estaban involucrados.
Teatro de desmovilización
Fue el corregimiento La Tebaida del municipio de Alvarado (Tolima) donde, ese mismo 6 de marzo de 2006, se desmovilizaron los 62 supuestos guerrilleros de la Compañía ‘Cacica Gaitana’. Durante la ceremonia, Luis Carlos Restrepo anunció que el grupo había entregado veintiséis fusiles, otras armas y una avioneta Aero Commander. Por su parte, el general Mario Montoya, entonces comandante del Ejército, aseguró que esta deserción masiva era el más duro golpe a la guerrilla en los últimos años. Sin embargo, las afirmaciones del excomisionado y el general fueron desmintiéndose con el tiempo.
Días después de la supuesta desmovilización empezaron a surgir dudas e inconsistencias: los guerrilleros llegaron con uniformes y botas nuevas, algunos de estos con insignias de las FARC y de la VI Brigada del Ejército simultáneamente; varios expertos cuestionaron que el armamento entregado estuviera en funcionamiento y que el avión entregado en realidad pudiera pertenecer a la guerrilla. De hecho, la fiscal Patricia Cabanilla señaló, en julio pasado, que las pruebas de balística habían comprobado que 15 fusiles no funcionaban, pues se les habían retirado los módulos de disparo y que algunos de ellos tenían partes de madera, con las que se pretendió engañar a la opinión pública.
El 12 de marzo de 2006, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) publicaron un comunicado que señalaba que en la organización guerrillera “jamás ha existido una compañía de nombre Gaitania ni Gaitana, ni ningún comandante ‘Biófilo’, ni nunca nos han decomisado aeronaves”. Sin embargo, tanto Uribe como su comisionado de Paz y su comandante del Ejército insistían en que la aeronave hacía parte del aparato logístico de las FARC y que había sido adquirida en los tiempos del proceso de paz en El Caguán.
La verdad sobre el avión se supo poco después: la Armada Nacional aclaró que la aeronave, con matrícula estadounidense N685AG, había aterrizado en el aeropuerto Las Brujas en Corozal (Sucre), el 18 de mayo de 2003, y que, luego de ser inmovilizada, fue incautada por la DIAN. El general Mario Montoya tuvo que salir ante los medios de comunicación para aclarar que el vehículo llevaba dos años en poder de las autoridades y reconoció que se habían cometido errores al no revisar sus antecedentes. Después del escándalo de la avioneta, se comenzó a revelar la falsa desmovilización.
Emisarios a La Picota
Según José Alfredo Pacheco alias ‘Darío’, testigo de la Fiscalía, en 2005 el comisionado Luis Carlos Restrepo envió al coronel Hugo Castellanos a hablar con ‘Saldaña’, quien se encontraba recluido en la cárcel La Picota, para coordinar la falsa desmovilización y para que reuniera la gente. Restrepo, por su parte, dijo a la Fiscalía que en la desmovilización cumplió un papel importante el coronel Castellanos, quien hacía puente entre su oficina y el Ejército.
El 9 de marzo de 2006, la Fiscalía denunció que el proceso de elaboración de listas, toma de fotografías, pruebas grafológicas y versión libre de los desmovilizados, establecido en la Ley 782, no se había realizado según los protocolos establecidos, impidiendo la clara identificación de quienes se entregaron durante el fingido proceso de retorno a la vida civil.
Además, uno de los supuestos excombatientes asegura que, quince días después de la ceremonia de ‘desmovilización’ fueron trasladados a un hotel del centro de Bogotá, donde entregaron los papeles para iniciar el proceso y que, según afirma, varios de sus compañeros fueron capturados en ese mismo lugar cuando estaban entregando el pasado judicial, al encontrarse que tenían antecedentes penales por delitos comunes y no por los cobijados por la Ley de Justicia y Paz.
Las investigaciones empiezan después del 2 de agosto de 2009, cuando Pedro Montoya alias ‘Rojas’ denunció que la desmovilización de la Compañía ‘Cacica Gaitana’ fue un montaje donde participaron paramilitares y miembros del gobierno. ‘Rojas’ aseguró que “la plata la puso un señor Hugo Yepes Rojas, un paramilitar con pedido de extradición; entonces organiza con ‘Olivo’ para evitar esa extradición, pone la plata, el armamento y todo esto tiene un costo de mil millones de pesos”.
Sin embrago, Yepes, pedido en extradición por EE.UU. el 10 de noviembre de 2006, no fue el único narco paramilitar que habría aportado dinero y armas para el montaje: Libardo Duarte alias ‘Ban Ban’, asegura que ‘Olivo Saldaña’ les hizo la propuesta de aportar dinero a cambio de la no extradición a Álvaro Padilla, Víctor Torres y alias ‘Júber’. Así mismo, señala ‘Ban Ban’ que se reunió con el general Tocarruncho, el coronel Joaquín Alejandro Albarracín y Hugo Castellanos para organizar la entrega del armamento. Según la declaración de Duarte, “por orden de Álvaro Padilla, le entregué, en Santa Marta, veinticinco fusiles al señor Alcides Pacheco Ramos, a Alejandro Albarracín y a Hugo Castellanos, los asesores del entonces comisionado de Paz”.
A comienzos de 2011, el director nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, reveló que se abriría indagación preliminar contra el excomisionado de paz, el general Lelio Suárez Tocarruncho, el coronel Jaime Joaquín Ariza Girón y el extraditado Hugo Alberto Rojas Yepes, al encontrarse pruebas que los señalan de haber participado en el montaje de la falsa desmovilización.
Varios de los testigos ante la Fiscalía han denunciado que existía una estrecha relación entre militares, funcionarios del gobierno y paramilitares para engañar al país con el montaje de la ‘Cacica Gaitana’. Un desmovilizado del Bloque Tolima de las AUC aseguró a la Fiscalía que parte de las armas de su grupo, escondidas por ese entonces en una caleta, fueron entregadas para la falsa desmovilización y que él mismo le había entregado “las coordenadas a Alejandro Albarracín y al exjefe de seguridad del comisionado de Paz el día que fueron a [la cárcel de] Picaleña”. Sin embargo, alias ‘Rojas’ ya había denunciado que las armas habían sido compradas en el departamento del Magdalena y transportadas en un helicóptero del Ejército hacia el Tolima.
En las declaraciones dadas por los desmovilizados José Alfredo Pacheco Ramos y Luis Eduardo Montero Vargas se asegura que lo sucedido en marzo de 2006 había sido un montaje: ‘Olivo Saldaña’ habría pagado $3’000.000 de pesos a quien consiguiera la gente y $500.000 pesos a cada uno de los falsos desmovilizados, quienes fueron llevados a una finca donde les enseñaron a marchar y a ejecutar algunos ejercicios militares para presentarlos durante la ceremonia. Esto concuerda con la versión de uno de los falsos desmovilizados, quien afirmó que es finca está ubicada en cercanías de Alvarado (Tolima), junto al batallón militar instalado en el municipio, y con las declaraciones de ‘Rojas’, dos años atrás, en el sentido de que los desmovilizados eran delincuentes y desempleados, recogidos de las calles de Pereira, Bogotá y Ibagué.
Actualmente, del grupo de trece mujeres y cuarenta y nueve hombres que, según la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, conformaban la falsa Compañía ‘Cacica Gaitana’, treinta y seis siguen beneficiadas por el programa de desmovilización, dieciséis abandonaron el proceso, cinco fueron capturadas por la Policía Nacional, cuatro están privadas de la libertad y una ha sido expulsada por cometer actos delictivos luego de su entrega.
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