Julio 30 de 2018
Ante la prensa, el senador regaña y despotrica de la Justicia. No quiere gente que haga preguntas o que informe sino un comité de aplausos que le sirva sin miramientos en su guerra mediática contra la Corte Suprema.
Sabe bien el expresidente antioqueño lo que está en juego: de prosperar el proceso por soborno y fraude procesal por manipulación de testigos que le lleva el alto tribunal, se abre la puerta para que avance alguna de las 276 investigaciones que en su contra tiene engavetadas la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y sea juzgado que otros asuntos mucho más graves, rompiéndose el manto de impunidad que le rodea y que lo ha convertido en un intocable para la Justicia.
Por esta razón, enfurecido, llama a la ‘responsabilidad’ a los periodistas y tacha como ‘insustancial’ toda pregunta que estos le hacen sobre su anunciada renuncia al Senado o las acusaciones que diferentes testigos hacen contra él y su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez, sobre sus vínculos con grupos paramilitares y otras actividades criminales. Al mismo tiempo, anuncia que recusará a los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro, que conforman la sala de instrucción encargada de su caso, en una maniobra que buscaría dilatar las diligencias o impedir que se realicen las pruebas necesarias.
El tiempo es, entonces, la variable más importante para el ultraderechista expresidente –ahora reelecto en cuerpo ajeno–, su truculenta defensa y sus seguidores. Hacer esperar a la Justicia con cualquier argucia es fundamental para que funcione la campaña de desprestigio que se ha desatado en contra de la Corte Suprema de Justicia y para que haya posibilidades de forzar un resultado favorable al propietario del Centro Democrático y al representante huilense Álvaro Hernán Prada, ya sea imponiendo el miedo sobre los magistrados ante el linchamiento mediático o forzando que les procesen jueces que le resulten más afines. No de otra manera se puede entender que en redes sociales se acompañe la extraña rueda de prensa de Uribe, en la que él mismo se preguntaba y respondía, con acusaciones estrafalarias de supuestos sobornos de cuantías multimillonarias a los togados para llevarle a la cárcel o conspiraciones del ‘recontraespionaje’ internacional en su contra, temas que a fuerza de repetición se convertirán en un nuevo mito en la cabeza de una parte de la población que ha sido llevada a la ciega adoración del cuestionado líder político que hoy se hace ver como víctima y mártir.
El otro ingrediente de la receta es Iván Duque, quien se posesiona como presidente el próximo 7 de agosto. Bajo su mando se encontrará un gobierno que representa un nuevo pacto entre las élites del país, que buscan la protección de su impunidad y privilegios, así como un Congreso en el que dicha alianza entre los poderosos controla a las mayorías y suspira por refundar el Frente Nacional. Con este panorama, se estaría retrasando el proceso para que, una vez se adelante la reforma a la Justicia anunciada por el nuevo mandatario en su campaña, se ponga el futuro de Uribe en manos de la nueva ‘supercorte’ y de unos nuevos magistrados que le resulten más afines, manteniendo de paso la impunidad para quienes más se han beneficiado de una guerra y una criminalidad estatal con más de medio siglo de víctimas a cuestas.
La jugada del exmandatario, que tendría que asistir a indagatoria el próximo 3 de septiembre, pone a los periodistas en medio de este melodrama y les aplica nuevamente el juicio lapidario del ‘conmigo o contra mí’, exigiéndoles escoger entre disfrutar de las mieles del servilismo a una fuente o ser convertidos en parias. Al calificar a la prensa como altavoz de una Justicia supuestamente torcida en su contra, define una barrera a lo que se puede preguntar, a lo que se puede contar a la ciudadanía de las andanzas del exmandatario o del devenir de las investigaciones en su contra, a lo que resulta conveniente o inconveniente hablar en público. La mordaza que el expresidente intenta imponer a la prensa no es más que la misma que se quiere imponer a la sociedad en todo régimen fascista: acá el malo es el otro que diga el jefe y la opinión pública existe solo en la medida en que ese jefe lo permita. Lamentablemente, ante esta disyuntiva muchos comunicadores, especialmente entre los grandes monopolios de medios, han optado de nuevo por alinearse con el poder casi omnímodo de Uribe y sus aliados, y es posible que sigan actuando como eficientes propagandistas en los episodios por venir de este espectáculo.
Sin embargo, las cosas no son nada sencillas para quienes buscan asegurar la impunidad al grito de “siguiente pregunta, amiguitos”. No estamos en 2002 y el sector de la ciudadanía que cuestiona el proceder de Uribe y sus aliados en el poder no solo ha crecido, como lo demostraron las pasadas elecciones presidenciales, sino que reclama activamente que se sepa la verdad se juzgue a los máximos responsables de más de medio siglo de guerra, entre los que el expresidente y senador ocupa un puesto preponderante como ejecutor de la etapa más agresiva del Plan Colombia.
Este es el momento para que la ciudadanía le exija a la Corte Suprema de Justicia que garantice un proceso transparente no solo para el acusado sino para todo un país que merece que se empiece a saber la verdad. Tal vez es lo mínimo que las instituciones debieran asegurar a millones de víctimas y, en esto, la prensa puede cumplir un papel fundamental si no se somete a los designios del poder y asume su papel como garante de los derechos de toda la sociedad.
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