Por: Andrés Gómez – mayo 28 de 2011
Tras dos años de juicio contra Miguel Ángel Beltrán, un ciudadano mexicano que trabajaba irregularmente para el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) atestiguó en la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. en México que el organismo de seguridad le reclutó y le pagó por seguir al catedrático y que le hizo saber a sus jefes en Bogotá que éste no es un guerrillero, recibiendo como respuesta que Miguel Ángel Beltrán era un “trofeo” para el gobierno de Uribe. Sin embargo, el pasado 27 de mayo, la juez encargada del caso negó que se escuchara la grabación en el juicio, aduciendo que el testigo no estaba lo suficientemente acreditado, lo que ha generado preocupación en todo el entorno académico que se ha solidarizado con el caso del profesor bogotano.
Según Luis Guillermo Pérez Casas, abogado colombiano que hace parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y actualmente se desempeña como secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el testigo mexicano cuyo testimonio fue negado en la audiencia fue reclutado por Fabio Duarte Traslaviña, excoordinador de operaciones del DAS, actualmente detenido por el escándalo de las chuzadas. El testigo, que teme por su vida y por lo tanto no quiere comparecer ante ninguna instancia colombiana, también aseguró que se infiltró en el grupo de apoyo de Beltrán para continuar sus labores de espionaje y que el DAS le pagó $120 millones –sin precisar si el pago era en moneda colombiana o mexicana– por sus labor de inteligencia en contra del académico y de otros personajes públicos, como Piedad Córdoba.
El trofeo
El 22 de mayo de 2009, Miguel Ángel Beltrán fue retenido y deportado de forma irregular desde México. Una vez en Colombia, la Policía lo presentó ante los medios como miembro de la comisión internacional de las FARC y el expresidente Uribe aseguró que la captura del reconocido intelectual era un duro golpe a la guerrilla.
Numerosos medios de comunicación llenaron sus páginas con la fotografía de Beltrán y el enigmático nombre de alias ‘Jaime Cienfuegos’, dando credibilidad absoluta a la versión del comandante de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, y a inteligencia aportada por el DAS. Esto llevó a una fuerte presión mediática en el caso que, según la defensa, llevó a que en las audiencias de control de garantías de primera y segunda instancia no se consideraran relevantes las irregularidades en la detención del catedrático ni las anomalías en la cadena de custodia de la memoria digital que portaba al momento de su detención.
En ese momento, el abogado Gustavo Gallardo, quien se encargó de la defensa de Beltrán durante las audiencias preliminares, en entrevista con El Turbión, manifestó su desconcierto por las decisiones de los jueces de primera y segunda instancia, que desconocieron que el académico fue secuestrado en México y porque la juez de conocimiento negara siete nulidades de un día para otro, cuando este tipo de decisiones toman de quince a treinta días. Por el contrario, se dio vía libre al proceso que en este momento se tramita actualmente en el Juzgado Cuarto de Descongestión de Bogotá, por los cargos de concierto para delinquir agravado y rebelión.
Durante 2009 y 2010, los titulares de prensa sobre el caso relataban los presuntos hallazgos de la inteligencia colombiana en la memoria portátil del catedrático y reforzaban la idea de que Beltrán era el contacto en México de Luis Édgar Devia Silva alias ‘Raúl Reyes’, comandante de las FARC asesinado durante el bombardeo ilegal en Sucumbíos (Ecuador) del 1 de marzo de 2008, o un supuesto reclutador de guerrilleros en las universidades públicas de Bogotá, como lo asegura el programa ‘Especiales Pirry’, del Canal RCN, del 6 de junio de 2010.
Durante 2010, la jueza de conocimiento del caso permitió la presencia en el juicio del abogado Miguel Ándrés Fierro Pinto, presidente de la fundación Un Millón de Voces y quien dice representar a las víctimas de las Farc, a pesar de que la Fiscalía no esté presentando cargo alguno a Beltrán por delitos contra los representados por el cuestionado abogado ni se haya comprobado su pertenencia a alguna organización alzada en armas.
A pesar de que durante la etapa probatoria del juicio la Fiscalía no ha podido comprobar que el profesor Miguel Ángel Betrán y alias ‘Jaime Cienfuegos’ sean la misma persona, la Unidad Antiterrorista del ente investigador ha sostenido las acusaciones basándose en las informaciones que se habrían encontrado en el computador de ‘Reyes’ y en la memoria USB del académico, y con los testimonios de los uniformados que participaron en la ‘Operación Fénix’ y de los analistas de inteligencia policial que custodiaron y analizaron esos datos, cuestionados luego de que la Corte Suprema de Justicia señalara que no podían usarse como pruebas en los procesos, dado que “son nulas e ilegales, por haber sido recogidas sin autorización ni participación de las autoridades de ese país [Ecuador]”, como señaló el presidente del alto tribunal, Camilo Humberto Tarquino Gallego.
Irregularidades
De los treinta millones de documentos encontrados en los resistentes dispositivos digitales que soportaron el bombardeo al campamento de ‘Reyes’ en Ecuador, sólo fueron ciento cincuenta los que tuvo en cuenta el capitán Ronald Coy, investigador especializado de la Dijín, para acusar a Miguel Ángel Beltrán de ser miembro de las FARC, teniendo en cuenta que sólo dos de estos archivos aportaban información sobre el caso ‘Cienfuegos’ y que en ninguno de ellos hay referencia alguna que ligue al intelectual con esa guerrilla.
Según el detective, sólo un archivo, que pudo recuperarse apenas en una tercera parte de la memoria USB del académico, coincide con la información relevante de la investigación. De otra parte, los otros cuatro documentos que la Fiscalía aportó como pruebas, hallados en ese mismo dispositivo portátil, son en realidad comunicados públicos de partidos políticos legales de España y México, que cualquier persona podría obtener a través de Internet. Por eso, el ente acusador insiste en que sean los movimientos migratorios que ha realizado el académico por Latinoamérica los que lo liguen con el alias de “Cienfuegos”.
Según la defensa del Miguel Ángel Beltrán, las irregularidades en el proceso van mucho más allá de la extraña retención del intelectual en México, el 22 de mayo de 2009, y de la violación de sus derechos al ser obligado a comparecer enfermo a la audiencia de control de garantías. Según el abogado defensor, José David Albarracín, el fragmento de archivo que el capitán Coy dice haber recuperado de la memoria USB no puede ser tenido en cuenta como prueba pues, como el propio analista de inteligencia de la Policía reconoció en la audiencia del pasado 2 de mayo, el dispositivo permaneció en su poder entre el 23 y 26 de mayo de 2009, cuando su tarea era la de transportarlo de un lugar a otro en la ciudad de Bogotá, lo que cuestiona la autenticidad de estos datos al haberse violado la cadena de custodia.
Por otra parte, en la audiencia del 27 de mayo de 2011, ni la juez ni la delegada de la Procuraduría, Mónica Sánchez Medina, hicieron alusión a la providencia emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 18 de mayo de 2011, que inhabilita la información del computador de ‘Raúl Reyes” como material probatorio en cualquier proceso penal. En un comunicado del pasado 25 de mayo, el alto tribunal argumenta que “las autoridades que realizaron el operativo desatendieron el “debido proceso” que gobierna la producción de pruebas en el exterior, traspasaron las fronteras y, de facto, las recogieron, lo que determinó que la Sala declarara que el contenido demostrativo de esos elementos es ilegal”.
El juicio contra Miguel Ángel Beltrán continuará el próximo viernes 3 de junio. Desde ahora, tanto la defensa del profesor como centenares de organizaciones solidarizadas con su caso han solicitado se redoble la veeduría internacional sobre el proceso.
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