Por: Omar Vera – 16 de abril de 2009
El fracaso en la estrategia antidrogas y en planes no militares de intervención plantea cambios puntuales en la política del gobierno de Obama hacia Colombia.
Anualmente, la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) presenta un informe de resultados sobre los dineros invertidos en el Plan Colombia al Comité de Relaciones Internacionales del Senado de ese país. Para 2008, el informe GAO señala la ineficacia de las estrategias del Plan Colombia, entre 2000 y 2006, para lograr una reducción efectiva en el cultivo de coca, así como en la producción y exportación de cocaína, mientras resalta los logros de la estrategia contrainsurgente contenida en el plan y recomienda que las entidades encargadas de financiarlo, junto con las autoridades colombianas, definan cómo se ‘nacionalizarán’ los programas, de manera que el grueso de la financiación la pague el Gobierno Nacional hacia 2013.
El Comité de Relaciones Internacionales del Senado, presidido por Joseph Biden, vicepresidente electo, solicitó que este informe balanceara claramente los resultados de los dineros gastados en el Plan Colombia sobre la meta de una reducción del 50% de la producción de estupefacientes en nuestro país durante los primeros 6 años de esta estrategia. El turno, ahora, es para que el Congreso, de mayoría demócrata, y el Ejecutivo, encabezado por Obama a partir del 20 de enero de 2009, definan un enfoque en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos más adecuado a sus intereses y posición política, con lo cual el gobierno de Uribe y su sucesor tendrán que redefinir gran parte de sus planes estratégicos ante los recortes que se ven venir en varios de sus programas bandera, que dependen en gran parte del dinero gringo.
Antecedentes: de Pastrana a Uribe
En 1999, el gobierno de Pastrana presentó dos propuestas al gobierno norteamericano para reorganizar el modelo militar del país. La primera de ellas, un acuerdo entre el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese entonces encabezado por Rodrigo Lloreda (+), y el Departamento de Estado de Estados Unidos para entrenar y equipar al Ejército en labores antinarcóticos. La segunda, el Plan Colombia, proponía una ayuda militar de al menos USD 6.000 millones para lograr la reducción a la mitad del flujo de cocaína hacia el país del norte y retomar el control de amplias zonas del país en manos de grupos armados al margen de la Ley, fundamentalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ambos gobiernos acusaban de estar vinculadas al negocio del narcotráfico.
En 2002, justo después del ataque contra las Torres Gemelas y la entrada en escena de la política de guerra contra el terrorismo de Bush, el Congreso estadounidense aprueba que se aplique una “autoridad extendida” sobre los recursos destinados para enfrentar el narcotráfico, de manera que pudieran ser empleados en la guerra contrainsurgente, bajo la tesis de que “los insurgentes y las actividades relacionadas con las drogas ilícitas están ligadas de manera compleja”, como lo señala el informe GAO.
Según el investigador Marco Romero, miembro de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes):
El Plan Colombia siempre estuvo enfocado a la seguridad, desde esa lógica es un plan de apoyo al Estado para combatir la insurgencia. Siempre ha estado focalizado hacia el sur del país y no hacia el norte, no estaba pensando para contrarrestar el paramilitarismo, que también está involucrado en asuntos del narcotráfico.
En junio de 2003, el gobierno colombiano lanzó una gran ofensiva en el sur de Colombia, llamada Plan Patriota, con graves consecuencias sobre la población civil. En esta etapa, el movimiento de tropas se concentró en departamentos como Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta, además de crear un ‘cordón’ alrededor de Bogotá y su área de influencia para cortar la movilidad de las guerrillas hacia la capital. Adicionalmente, se creó la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, con base en Larandia (Caquetá) y que cuenta con más de 10.000 hombres, tal vez la instalación castrense con mayor presencia de contratistas y militares estadounidenses que existe en el país, desde dónde hoy se llevan a cabo varios de los operativos de mayor envergadura contra las FARC, como el bombardeo sobre territorio ecuatoriano en el que fuerzas colombianas dieron muerte a ‘Raúl Reyes’.
Diferentes organizaciones no gubernamentales hablan de que, como resultado del Plan Patriota, se presenta un alto nivel de desplazamiento en Nariño y Putumayo que, en el noroccidente de Nariño, alcanzó niveles alarmantes de hasta un 70% de la población que habitaba la zona, como resultado de los operativos militares.
En enero de 2007, el gobierno colombiano presentó la propuesta del Plan Consolidación, titulada “Estrategia para el fortalecimiento de la democracia y la promoción del desarrollo social”, como continuación del Plan Colombia en una segunda fase, la cual contiene las mismas estrategias de su antecesor para los años 2007 a 2013 y que hoy se encuentra en el centro de la discusión de las altas esferas del poder en Estados Unidos, debido a las objeciones que sectores importantes de las bancadas demócrata y republicana han planteado en el parlamento de ese país, luego de que se aprobase una ayuda condicionada a la ‘nacionalización’ de sus programas.
Adicionalmente, las condiciones planteadas en materia de derechos humanos y atención a las poblaciones vulnerables han sido importantes temas de discusión entre las bancadas del Legislativo de EE.UU. En particular, senadores como Patrick Leahy han logrado que se niegue la ayuda a ciertas unidades militares involucradas en casos de delitos atroces y que se impongan condiciones a la entrega de recursos en este sentido. De acuerdo con Romero:
Con la llegada de Obama es muy probable que se dé un cambio fuerte en materia de derechos humanos, porque ahora los demócratas tienen la mayoría en la Cámara y el Senado, y tienen la Presidencia. La bancada demócrata tiene una evaluación crítica del Plan Colombia y creo que va a exigir que la condición de los derechos humanos tenga mayor valor. El gobierno de Uribe va a tener que hacer un cambio drástico en este materia: el tema de los falsos positivos y las decisiones de cambiar altos mandos tiene que ver con eso, con dar señales de que el Estado puede corregirlos, porque si no EE.UU. puede suspender drásticamente la ayuda.
Limpiar, mantener y consolidar
El gobierno de Uribe ha planteado que su política de Seguridad Democrática enfoque los recursos del Plan Colombia en una estrategia de limpiar, mantener y consolidar los logros militares, a la vez que se ejecutan programas sociales de corte cívico militar en las zonas de conflicto, para dar golpes decisivos a las guerrillas en este periodo.
El gobierno espera que el paso de los 279.000 efectivos de las fuerzas militares 2000 a 415.000 en 2007 le permita realizar las operaciones intensivas sobre las zonas de influencia o control de las guerrillas requeridas para implantar el control institucional a través de la Policía y otras entidades, logrando su estabilización a través de programas de corte asistencial que generen dependencia de la población hacia entidades como Acción Social. De esta manera, se espera que puedan aprovecharse mejor los recursos naturales y humanos de estas regiones por parte de las multinacionales y empresas colombianas atraídas por las promesas de la ‘confianza inversionista’, evitando así que la inconformidad social genere nuevos conflictos que entorpezcan los mega proyectos a realizar en las áreas en las que la estrategia sea aplicada, donde los resultados deben ser “irreversibles”, a juicio del informe de la GAO.
Para ello, el parque nacional de La Macarena (Meta) es hoy el modelo a seguir por parte de los militares colombianos y norteamericanos involucrados en el Plan Consolidación. De tradicional influencia de las FARC, esta zona del país experimenta desde el año pasado ofensivas de gran envergadura que han permitido la implantación de un batallón de alta montaña y brigadas móviles, y que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega opere en la zona, en acciones cuyo punto de partida es la base de Larandia, sin haber tenido aún resultados contundentes contra la organización insurgente. De acuerdo con oficiales estadounidenses consultados por la GAO, de dar resultado esta ofensiva, se preparan operaciones similares en 10 zonas más, todas con un importante control del grupo militar de la embajada de ese país.
Uribe depende del Plan Colombia
Sin embargo, el informe no duda en señalar que, salvo las iniciativas que ya han logrado ser ‘nacionalizadas’, como el programa de protección del oleoducto Caño Limón Coveñas, los planes más gruesos deben continuar bajo el padrinazgo y el mando de Estados Unidos, a fin de que acciones de gran importancia, como la Operación Jaque, puedan realizarse de manera coordinada y obtener resultados considerables contra las fuerzas insurgentes. Adicionalmente, expresa la preocupación de la GAO por la incapacidad de las autoridades colombianas para sostener varios de los programas, por lo cual pide al Congreso que autorice a los departamentos de Estado, Defensa y Justicia, así como a la agencia Usaid, para mantener algunos programas fundamentales en un largo plazo, particularmente los relacionados con las aeronaves suministradas al Estado colombiano para la guerra contra las guerrillas.
De no aprobarse esta iniciativa, el gobierno colombiano tendría que financiar programas de gran envergadura, como la Brigada de Aviación y las Fuerzas Especiales del Ejército, con recursos que no tiene y que tendrían que obtenerse de una fuerte carga tributaria que recaería sobre la clase media y los sectores más pobres de la población. “Uribe depende del plan Colombia”, dice Romero, quien agrega que:
Si los éxitos son tal como los plantea Uribe, entonces, se puede reducir la cooperación y los empresarios colombianos deberían ser quienes financiaran esta política, pero el gobierno colombiano quiere financiar la guerra con asistencia estadounidense o con impuestos a la clase media y baja, que es estructura tributaria del país. Para los empresarios tiene un discurso distinto, que es la confianza inversionista y la idea de la seguridad jurídica, y ahí está su principal problema: si él quiere mantener el esfuerzo militar que ha sostenido estos años, va a tener que apelar a impuestos más fuertes a nivel interno y esto puede ser bastante impopular, excepto si toma la decisión de que sean los ricos de Colombia los que paguen este esfuerzo.
Las finanzas del Plan Colombia
La asistencia militar estadounidense ha alcanzado los USD 6.130 millones entre 2000, primer año de ejecuciones fiscales del Plan Colombia, y octubre de 2008, en los programas contenidos en el acuerdo, alcanzando un promedio anual de USD 681 millones anuales. De éstos, unos USD 1.018,9 millones, aproximadamente el 16%, fueron girados al gobierno Pastrana durante 2000, año fiscal de inicio del plan y de las mayores adquisiciones de equipos militares, infraestructura, recursos tecnológicos de inteligencia, armamento, municiones, equipos y, sobre todo, helicópteros de parte de la milicia colombiana para la estrategia contrainsurgente y antinarcóticos más ambiciosa de su historia.
Sin embargo, el gobierno de Pastrana no fue el principal captador de estos dineros. Entre 2000 y 2002, las ayudas llegaron a unos USD 1.774 millones, mientras que, a partir de 2003, los años transcurridos del gobierno de Uribe, las apropiaciones presupuestales destinadas por Estados Unidos a la guerra colombiana han superado los USD 4.355 millones, casi dos veces y media lo gastado por su predecesor.
Seguridad sin reducción de la coca
La primera de las estrategias del Plan Colombia no alcanzó su meta fundamental. Mientras el informe GAO reconoce el papel de la política de Seguridad Democrática del actual gobierno en el control que el Estado ha conseguido de algunas zonas del país que tradicionalmente estaban bajo la tutela de organizaciones armadas al margen de la Ley, la política antinarcóticos del Plan Colombia, que obtuvo carta blanca con la ‘autoridad extendida’ en 2002, no logró la reducción del 50% de la coca y la cocaína producida en nuestro país. Al contrario, mientras en 2000 la sección de asuntos de narcóticos de la CIA calculaba en 136.200 las hectáreas cultivadas con hoja de coca, esta cantidad aumentó en 2006 a 157.000 ha, un crecimiento del 15%; mientras que la producción de clorhidrato de cocaína pasó de 530 toneladas en 2000 a 550 en 2006, un crecimiento del 4%.
Para la GAO, estas cifras no dejan de ser alarmantes por la cuantía de los recursos empleados para una estrategia que, se suponía, estaba diseñada para controlar la producción y exportación de narcóticos a Estados Unidos. Sin embargo, las cifras son elocuentes en demostrar la ineficacia del plan en este terreno. Señala Romero que:
En EE.UU. ya no creen que el Plan Colombia va a acabar el negocio del narcotráfico: el escándalo de la parapolítica tiene pensando a demócratas y republicanos quiénes son realmente sus aliados, porque los aliados del presidente terminaron siendo los narcotraficantes.
El informe reconoce que el gobierno colombiano ha tenido importantes éxitos en la reducción del cultivo de amapola, derivado de unos precios internacionales que hacen imposible la competencia de los narcos colombianos con sus contrapartes en Afganistán o del Triángulo de Oro –entre Thailandia, Myanmar y Laos– que acaparan casi el 70% de la producción mundial de opiáceos. Así mismo, reconoce los avances reportados en materia de seguridad, principalmente en programas bandera del actual gobierno, como control de carreteras, reducción de homicidios y secuestros, cuidado de infraestructuras petroleras y el paso de un 70% de territorio bajo control del Estado en 2003 a un 90% en 2007. No obstante, señala la incapacidad de mantener estos resultados y de que se sostengan los niveles de operatividad actuales de las Fuerzas Militares sin la financiación y control directo de parte de Estados Unidos, lo cual hace que las posibilidades de cumplir con la ‘nacionalización’ paulatina del Plan Colombia, definida por el Congreso de EE.UU., sólo sea posible dependiendo de la obtención de resultados irreversibles contra las guerrillas.
Los costos de una guerra aérea
La Brigada de Aviación Militar ha sido una de las principales receptoras de recursos del Plan Colombia. Los departamentos de Estado y Defensa de EE.UU. han desembolsado más de U$844 millones para que esta unidad del Ejército cumpla labores de seguridad para las aeronaves de fumigación, los erradicadores manuales y el transporte de tropas a zonas de combate con las guerrillas.
La brigada posee tres flotillas de helicópteros provistas por el Plan Colombia. La primera consiste de 52 helicópteros prestados por EE.UU. bajo la figura de arriendo sin costo, de un programa de 72 en el que las otras 20 aeronaves han sido transferidas a la Policía. La segunda flotilla consta de 20 helicópteros UH-60L Blackhawk, que hacen parte de un plan de compra a largo plazo a través del Programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS) del Departamento de Estado, y de un equipo técnico de asistencia en campo conformado por mecánicos, instructores y ‘asesores’ de funciones indefinidas, todos contratistas pagados por el FMS. La tercera flotilla consta de un número no precisado de helicópteros arrendados a Rusia y EE.UU., y de otros en proceso de nacionalización que están en transferencia a otras unidades.
La mayoría de estas aeronaves, junto con una gran cantidad de recursos técnicos, simuladores de entrenamiento, repuestos, contratistas y demás elementos necesarios para el funcionamiento de esta brigada, están concentrados en la base de Tolemaida, desde donde se extienden las operaciones militares aéreas a través de otras diez bases ubicadas a lo largo del país y a distintas unidades de menor tamaño.
A los exitosos resultados que le conceden a esta brigada en operaciones aéreas contra las guerrillas, se contrapone que se le considere un elefante blanco. El Programa de Helicópteros del Plan Colombia (PHPC) necesita de una gran cantidad de pilotos y mecánicos con un alto nivel técnico que el país no tiene disponibles, teniendo un déficit de 43 pilotos y 87 mecánicos que hoy son suplidos por contratistas de distintas firmas, pagados con los fondos del programa que provee EE.UU. Asimismo, el informe GAO señala que las futuras compras de helicópteros planeadas por el gobierno colombiano, 15 UH-60 Blackhawks y 18 UH-1N, aumentarán la demanda de personal calificado que Colombia no está en condiciones de aportar en este momento y cuyo entrenamiento tardaría entre tres y cinco años. Por ello, el informe recomienda la nacionalización del programa sólo después de 2012.
De otra parte, el programa de interdicción aérea ha concentrado esfuerzos por USD 62 millones en la repotenciación de varias aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y en la adquisición de siete más para convertirlas en los llamados ‘aviones fantasma’ y en aeroplanos de inteligencia, junto con la repotenciación de varios aviones interceptores con un costo de USD 35 millones. Adicionalmente, los fondos proveídos por los estadounidenses han permitido sufragar los gastos de combustible, repuestos, seguridad aeronáutica, mantenimiento y un complejo sistema de radares, compuesto por 5 radares en tierra, radares de largo alcance ubicados fuera del país y radares aerotransportados. EE.UU. planea transferir la financiación de todo el programa de interdicción aérea hacia 2010 al gobierno Colombiano, manteniendo sólo una parte del gasto y una alta prelación en la toma de decisiones, debido al uso de sus equipos de radar de largo alcance.
Tropas antinarcóticos son contrainsurgentes
Los departamentos de Estado y Defensa de EE.UU. se han gastado casi USD 104 millones en asesoría, entrenamiento y equipo de tres de los programas estrella del Ejército: la Brigada Antinarcóticos, las brigadas móviles, las nuevas unidades de fuerzas especiales y el Comando Especial Conjunto.
La Brigada Antinarcóticos del Ejército fue creada en 1999. Ha operado principalmente en Putumayo y Caquetá, zonas de tradicional influencia de las Farc, y está compuesta de tres batallones que agrupan a 2.285 soldados. La financiación del Departamento de Defensa para esta brigada ha incluido la construcción de las bases de Tres Esquinas y Larandia, ambas de vital importancia en los movimientos de tropas de las operaciones de mayor envergadura de las Fuerzas Militares.
A partir de 2002, con la “autoridad extendida” provista por el Congreso estadounidense, esta brigada ha sido una pieza clave en la guerra del Estado contra las guerrillas en el sur del país, siempre apoyada y transportada por la Brigada de Aviación del Ejército, y se le considera de vital importancia para el futuro del Plan Consolidación, a pesar de los cuestionamientos en su contra por posibles violaciones a los derechos humanos en el occidente de Putumayo en las que estaría involucrada, con más de 2.000 fosas comunes reportadas a la Fiscalía en un departamento intervenido drásticamente por el Plan Colombia.
En cuanto a las brigadas móviles, han sido uno de los planes bandera de la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Son duramente cuestionadas por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos por su relación con la implantación de bases paramilitares en zonas ricas en recursos naturales o de importancia agroindustrial, como el Magdalena Medio y Chocó, y varios de sus comandantes han sido vinculados a procesos judiciales por masacres y desplazamientos masivos, entre otros crímenes contra la humanidad.
Según el Departamento de Defensa de EE.UU., las labores de las brigadas móviles son de “vital importancia para obtener resultados irreversibles en materia de seguridad contra las FARC y otros grupos armados ilegales” y la financiación estadounidense está centrada en entrenamiento, armas, equipos, munición, vehículos, infraestructura, apoyo en inteligencia y la construcción de una base fortificada en La Macarena, que hoy es sede de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que cuenta con más de 10.000 hombres.
Adicionalmente, con los dineros aportados en este sentido, fue creado el Comando Especial Conjunto, con más de 2.000 hombres de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, como grupo de elite en tareas especiales que incluyen rescate de rehenes, captura de capos del narcotráfico, eliminación de mandos de alta importancia en las guerrillas y operativos de inteligencia. Según el informe GAO, “antes de 2004, los militares colombianos no tenían capacidad de conducir operaciones conjuntas de fuerzas especiales”, insistiendo en la dependencia de los recursos y asesoría de EE.UU. que se involucran en las tareas de este comando, incluida su conducción, en operativos de la importancia de la Operación Jaque.
Tanto los resultados de las brigadas móviles, como de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y del Comando Especial Conjunto son asumidos por los militares estadounidenses como de “alto valor” por la cantidad de miembros de las guerrillas muertos y el número de capturas o de deserciones alcanzadas en las zonas donde operan. Mientras el gobierno colombiano reportó, a febrero de 2008, resultados de más de 1.000 guerrilleros capturados, 100 muertos y 400 desmovilizados, organizaciones civiles de Caquetá han denunciado el aumento de las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales en ese departamento.
Operaciones en ríos y costas
Reconociendo el potencial que tienen los ríos navegables del país para cualquier tipo de operación armada o comercial, incluyendo la circulación de narcóticos, el Plan Colombia ha incluido gastos por USD 89 millones para equipar y fortalecer a la Armada Nacional en operaciones de orden público y de incautación de estupefacientes. Las inversiones del gobierno de EE.UU. han incluido el paso de navíos, botes interceptores, aeronaves, armamento, combustible, visores nocturnos, motores y equipos de comunicaciones a manos de la Armada, así como la instrucción e infraestructura necesaria para una unidad especial de inteligencia en la base de Cartagena.
Sin embargo, el informe GAO señala que estos esfuerzos sólo han obtenido una parte de los resultados esperados, cuando se estima que el 40% de la cocaína que sale de Colombia es transportada por una red de ríos navegables de al menos 12.800 km, de los cuales esperan cubrir un 60% en 2010.
Fumigaciones inefectivas
El programa de fumigaciones con glifosato de la Policía Nacional comenzó a inicios de los 90 para reducir la extensión de los cultivos de coca y amapola. Entre 200 y 2008, el Plan Colombia ha gastado cerca de USD 458 millones en 26 helicópteros y 4 aviones de fumigación, así como en la compra de combustible y repuestos, la mezcla herbicida a la multinacional Monsanto y en el pago de un alto número de contratistas a empresas como Dyncorp, señalada internacionalmente por violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la relocalización de los mayores cultivos a zonas de montaña de difícil acceso y control paramilitar, como el Nudo de Paramillo, que no están incluidas en las rutas de fumigación, han disminuido los resultados de la aspersión aérea. Mientras pasan las aeronaves esparciendo su venenosa carga sobre cultivos de pan coger, animales y personas, contaminando fuentes de agua y causando enfermedades congénitas entre los pobladores, los cultivadores han ingeniado una serie de estrategias para reducir el impacto de las fumigaciones.
Señala el investigador de Codhes que:
Han hecho unas fumigaciones impresionantes e ineficaces, mientras más se fumiga más crece. Si se quiere enfrentar el tema de los cultivos ilícitos hay que desactivar tres fenómenos: el narcotráfico, los grupos armados y la crisis social del campesinado. Por ahora, hay una guerra contra las guerrillas muy fuerte y se ha propiciado la fumigación, golpeando más al productor campesino, pero no hay un plan de lucha contra el paramilitarismo y, por otra parte, no hay una solución para este campesinado. El campesinado es instrumentalizado por los grupos armados y por el narcotráfico justamente por su pobreza. Entonces, la pregunta que hay que hacer es: ¿quién es el responsable de que el campesinado haya ido a los cultivos ilícitos?.
De otro lado, el programa de erradicación manual manejado por la Policía no ha rendido lo esperado. En 2007 se erradicaron por esta vía unas 55.000 hectáreas y se esperaba que para este año la cifra llegase a 100.000 hectáreas, sin que hasta ahora se pueda hablar de cifras cercanas a esta meta. El recorte presupuestal aprobado por el Congreso estadounidense para 2008 redujo los fondos para la aspersión aérea, que maneja una meta de 130.000 hectáreas fumigadas para este año, y existe gran preocupación entre funcionarios militares de la Embajada de EE.UU. por la incapacidad del programa de erradicación manual para acceder a las zonas de mayor cultivo.
El Servicio de Aviación de la Policía Nacional de Colombia (Aravi) es la flota aérea policial más grande de América Latina. Constituirla ha costado más de USD 463 millones, con los que funcionan 58 helicópteros y 13 aviones empleados en labores de combate, transporte de personal, inteligencia y apoyo aéreo a la erradicación aérea y manual. Actualmente, el total de los pilotos y artilleros de Aravi son colombianos, pero la mayoría del personal técnico y de mantenimiento requerido por el programa, así como un 70% de su presupuesto de funcionamiento, depende de fondos del Departamento de Estado.
Asimismo, más de USD 153 millones han sido empleados en la modernización de la Policía y en el entrenamiento de dos cuerpos especiales: los comandos ‘jungla’ y los carabineros. En el caso de los ‘jungla’, más de 500 hombres han sido entrenados y equipados para conformar tres unidades en Bogotá, Santa Marta y Tuluá, siendo considerados por la embajada de EE.UU. como unos de los cuerpos de comando más eficaces y mejor equipados de Latinoamérica, siendo responsables de la incautación de más de la mitad de la cocaína capturada entre 2006 y 2007.
Los carabineros son escuadrones de Policía especializados en hacer presencia en zonas en disputa con las guerrillas para hacerse del control definitivo en los cascos urbanos, luego de las operaciones de ‘limpieza’ del Ejército. Para conformar los 68 escuadrones de carabineros se han empleado más de USD 92 millones del Plan Colombia desde 2000.
De acuerdo con el informe GAO, ninguno de los programas de la Policía Nacional tiene posibilidades inmediatas de ‘nacionalización’ y muchos de ellos dependen directamente de la financiación estadounidense para seguir funcionando, inclusive, después de 2013. Un recorte en esta materia, debilitaría fundamentalmente la política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe, llevando al fracaso de varios de sus programas bandera.
“El componente ‘humanitario’ del Plan Colombia es una mentira”
El informe GAO señala que los departamentos de Justicia y Estado de ese país, junto con la agencia de cooperación Usaid, han gastado USD 1.300 millones en la formulación del componente no militar del Plan Colombia entre 2000 y 2007. Este presupuesto ha sido aplicado fundamentalmente en dos estrategias: la primera, de “promoción del desarrollo económico y social”, y otra, de “promoción del cumplimiento de la Ley”.
En su análisis, la GAO señala con preocupación los pocos impactos que los programas ejecutados dentro de estas estrategias han tenido sobre la producción de cocaína y el cultivo de hoja de coca en Colombia, y pide al Congreso estadounidense revisar las posibilidades reales que tienen las entidades encargadas de ejecutar la parte no militar en una estrategia que, a mediano plazo, logre que las autoridades colombianas asuman su control y financiación.
Berenice Celita, integrante de la Asociación para la Investigación y la Acción Social Nomadesc, señala que:
Estos programas son un fracaso total: lo que se busca con ellos es la inmovilización de ciertos sectores sociales para que no salgan a protestar o a reclamar sus derechos. Son proyectos donde se reparte mucha plata y habría que ver cuánto de ese dinero se va en corrupción. Los problemas estructurales no se pueden resolver con paños de agua tibia, por eso, el componente ‘humanitario’ de Plan Colombia es una mentira.
El país de las frutas tropicales
El desarrollo promulgado en un inicio por la estrategia social del Plan Colombia nunca alcanzó un éxito contundente en prevenir que el campesinado, empobrecido por la ausencia de oportunidades y por un modelo agrario definido por la concentración de la tierra en pocas manos para su explotación agroindustrial, obtuviera cultivos de alto rendimiento económico para paliar la crisis económica que lleva a los campesinos a los cultivos ilícitos. Numerosos proyectos de desarrollo alternativo en frutales, yuca o granos no lograron sostener a centenares de familias que se enrolaron en los programas de sustitución de cultivos.
Hoy, el alto mando encargado de los recursos del Plan Colombia ha estimado conveniente replantear la estrategia de generar programas asistencialistas en las regiones cultivadas de coca, limitados además por el propio gobierno colombiano, a definir planes de inversión financiera en seis corredores geográficos: occidente de Putumayo; suroccidente (Nariño, Cauca, Valle); Huila y Tolima; Eje Cafetero; occidente (Antioquia, Chocó, Córdoba); Magdalena Medio y Costa Atlántica, que coinciden con las zonas con mayor población, infraestructura y recursos del país, y con varios mega proyectos de extracción y agroindustria a realizarse con la posible firma del TLC.
Sin embargo, la poca eficacia de esta estrategia en la reducción de las hectáreas cultivadas, así como la ubicación de los ejes de inversión en zonas lejanas a los grandes centros de producción de coca han puesto a la Usaid en el centro de una polémica que muy posiblemente resulte en el recorte del presupuesto a estas iniciativas. La agencia de cooperación estadounidense, mientras tanto, ha pedido fondos adicionales para financiar una estrategia de intervención productiva de largo plazo que, según varios expertos, no sirve sino como paños de agua tibia para un problema estructural de pobreza que lleva a los campesinos a los cultivos ilícitos.
Señala Romero que:
Si se mira el Putumayo, no hay una solución social ni proyectos sostenibles. La mayoría de estos proyectos de desarrollo alternativo son un fracaso y lo que ha ocurrido con los cultivos ilícitos es que se han desplazado hacia Nariño y hacia la selva, es decir, se han corrido hacia zonas de menor control por parte del Estado y a zonas más vulnerables ambientalmente.
Desplazados previstos
Colombia tiene casi 4 millones de desplazados, según las cifras de Codhes, y se espera que el número siga creciendo con las operaciones militares en curso. Romero recuerda que:
Nosotros denunciábamos que el componente no militar era el que permitía comprar las ambulancias para atender la crisis humanitaria que generaba el componente militar: se sabía que el Plan Colombia iba a producir un contingente de desplazados y que había que atenderlos. Entonces, se reconocía que se iban a producir desplazamientos gracias a la cooperación internacional. ¿Cómo es posible que el gobierno colombiano suscriba un plan en el cual se van a desarrollar operaciones que van a generar desplazamiento?.
Según la Usaid y el Departamento de Estado, unos USD 247 millones del Plan Colombia han sido empleados en ayuda humanitaria para esta población, focalizados en garantizar alimentación por tres meses y en programas de capacitación para que los desplazados y otros grupos vulnerables, como afrocolombianos e indígenas logren establecer proyectos productivos subsidiados.
Asimismo, estos recursos también son empleados por programas de Acción Social como Familias en Acción, cuestionados por la burocracia con la que se manejan, por la dependencia que han creado en algunas comunidades a la ayuda gubernamental y por su incapacidad para entender la crisis humanitaria que vive el país.
Desmovilización sin posibilidades de reintegración
Los programas financiados por la Usaid en el Plan Colombia incluyen también a más de 32.000 desmovilizados de las AUC, con la Ley de Justicia y Paz, con un presupuesto que se acerca a los USD 45 millones. Estos dineros han sido empleados en la conformación de 37 centros de atención a los desmovilizados, donde obtienen asesoría jurídica, servicios de salud y educación. Además, una parte ha sido destinada a programas de capacitación para desarrollar proyectos productivos que, por la naturaleza de las propuestas, no garantizan el sustento a estas personas, lo que, conjuntamente con la presión armada y la convivencia con las llamadas ‘bandas emergentes’, en ciertas regiones ha llevado al rearme de un buen número de estos combatientes, a quienes los cálculos más optimistas ponen en un número de al menos 3.000.
Ni mejoró la democracia ni se respetan los derechos humanos
Los más de USD 158 millones que se han empleado en el programa de derechos humanos del Plan Colombia no han brindado resultados efectivos en los años de aplicación de la iniciativa. Así lo demuestra la situación del Sistema de Aletas Tempranas que, a pesar de atender a más de 4.500 defensores de derechos humanos y programas para la protección de líderes sociales, sindicalistas, periodistas y alcaldes, no ha logrado la prevención efectiva ni la atención oportuna por parte de las autoridades. Se le critica porque muchas de las informaciones que se manejan sobre las personas protegidas, han sido empleadas por paramilitares y organismos de seguridad del Estado para criminalizarlas o hasta cometer atentados contra ellas.
Adicionalmente, el programa de Casas de Justicia, incluido en la primera parte de la reforma judicial para descongestionar los tribunales, no ha ofrecido resultados contundentes: 45 de estas instituciones han sido fundadas y más de 2.000 conciliadores han sido capacitados con estos recursos, y, aunque han llegado a manejar más de siete millones de casos civiles, no han alcanzado a definir una descongestión real de los juzgados y han llegado a demorar los procesos o complicar su resolución, dada la burocracia con la que son manejadas en algunas regiones y la incapacidad jurídica que tiene para manejar algunas querellas.
La Usaid y el Departamento de Defensa sostienen, además, dos programas claves de la estrategia de ‘limpiar, mantener y consolidar’ del gobierno colombiano: el Programa de consolidación de la gobernabilidad regional y el Programa de respuesta gubernamental inicial, que han manejado recursos por USD 25,8 millones, manejados a través del Centro de Coordinación y Acción Integral (CCAI), creado por el gobierno para manejar programas asistenciales en zonas de conflicto y asegurar que los planes ejecutados por las Fuerzas Militares y la Policía vayan de la mano de subsidios y consultorías en los temas clave en cada región, como los programas de desmovilización y deserción orientados hacia los miembros de las guerrillas.
Una reforma a la justicia a la medida gringa
Desde el inicio del Plan Colombia, el Departamento de Justicia ha destinado más de USD 238 millones a las autoridades colombianas para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y de la Ley de Justicia y Paz.
Según los analistas, la implementación de un sistema penal a la imagen y semejanza del norteamericano no ha sido posible en nuestro país por la incapacidad del Estado para generar condiciones adecuadas para que el Poder Judicial pueda actuar con la celeridad debida y descongestionarse. Adicionalmente, se ha criticado la dependencia tecnológica y financiera que el nuevo sistema de audiencias orales tiene de los recursos aportados por EE.UU.
De la misma forma, con estos recursos se ha financiado la capacitación de más de 40.000 jueces, fiscales, investigadores y forenses para que puedan asumir el cambio al nuevo sistema, y se han invertido más de USD 10 millones en las unidades de Justicia y Paz y Derechos Humanos de la Fiscalía, de forma que puedan dar cuenta de la avalancha de procesos creada por la desmovilización de las AUC. Igualmente, han proveído de infraestructura de comunicaciones y de videoconferencia a las audiencias de los jefes paramilitares, por lo cual las organizaciones de víctimas han cuestionado por qué no se usan estos recursos para los jefes paramilitares extraditados.
En este panorama preocupa que, a pesar de que la reforma judicial y, posteriormente, el fortalecimiento de la Fiscalía fueran imposiciones directas para financiar el Plan Colombia, los recursos del acuerdo no puedan ser empleados en asuntos claves para lograr que se haga justicia a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares y que el componente militar del plan, su parte principal, no esté articulado más que de manera asistencial, a su componente social, una parte casi inexistente y corroída por la corrupción administrativa, la politiquería y el manejo cívico militar de los recursos. La situación es tan diciente que de 15.600 horas de vuelo de la Policía programadas con recursos del Plan Colombia, ninguna ha sido programada para transportar a los fiscales de Derechos Humanos y Justicia y Paz hasta los lugares en los que están reportadas fosas comunes o han sido cometidos ciertos asesinatos o masacres.
EE.UU. no saldrá de Colombia
El Plan Colombia no sólo ha sido ideado como una manera de enfrentar la guerra colombiana, que el gobierno de EE.UU. ha considerado una amenaza a su seguridad nacional, sino como una forma de asegurar territorios, recursos y corredores geográficos. Hoy, cuando una lectura juiciosa de los resultados de casi 9 años de intervención sobre nuestro país demuestra el fracaso de las iniciativas militares y sociales en la reducción del narcotráfico, argumento inicial en la formulación del plan, el gobierno entrante a la Casa Blanca impondrá giros importantes en la política hacia nuestro país.
Sin embargo, la importancia que tiene Colombia para manejar militar y políticamente las relaciones con otros países de la región, como Ecuador y Venezuela, y la importancia de sus recursos naturales para la extracción de materias primas, fundamentalmente minerales y biológicas, hacen poco probable que entre los planes del gobierno de Obama esté la cancelación de estos pactos y el respeto por nuestra soberanía nacional.
Señala Romero:
No pienso que se va a dar un cambio drástico y que EE.UU. vaya a salir de Colombia y a parar la intervención. Colombia va a seguir siendo un nudo de discordia con los demás países. Hay una geopolítica compleja que no va a cambiar en lo fundamental, pero que puede ser matizada con un gobierno como el de Obama. Se puede dar un cambio, sobre todo, porque el discurso de Uribe puede ser contraproducente para ellos mismos: decir que hay tanto éxito implica que ya pueden asumir solos el tema y, como hay crisis fiscal en los EE.UU. derivada de la crisis financiera, es probable que se produzca un recorte y que el gobierno colombiano tenga que buscar otras alternativas.
__________
* Publicado originalmente en el periódico Polo.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
