Por: Baldomero Rocha – septiembre 8 de 2011
El pasado 7 de septiembre, unas 20.000 personas, entre estudiantes universitarios, docentes, integrantes de diversas organizaciones sociales y sindicatos, marcharon en Bogotá para rechazar las intenciones del gobierno de reformar el sistema educativo en el país y exigir garantías de calidad en el sector. La jornada terminó en calma y se caracterizó por la abundancia de expresiones artísticas y por el rechazo generalizado de los estudiantes de las universidades públicas y privadas al proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992.
Aunque las protestas fueron convocadas inicialmente por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) para rechazar la intención del gobierno de dejar en manos de las EPS privadas la salud del magisterio y para exigir un nuevo estatuto para las y los docentes del país, los estudiantes universitarios, tanto de instituciones públicas como privadas, decidieron unirse masivamente a la jornada, luego del encuentro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) realizado el 20 y 21 de agosto en Bogotá, para rechazar la reforma a la Ley General de Educación que el gobierno tramita actualmente en el Congreso pues, según los manifestantes, busca mercantilizar la educación.
Los docentes denuncian que el paso a las EPS privadas llevaría a la pérdida de varios de los derechos que, en materia de salud, han conquistado durante décadas, entre ellos que los bonos, cuotas moderadoras o copagos no sean asumidos por los maestros; que la entrega de medicamentos no esté atada a su precio ni a su cantidad; y que haya atención oportuna a las enfermedades de alto costo. Por su parte, en un comunicado del 6 de septiembre, el Ministerio de Educación Nacional señaló que no tiene intención de “incluir a los afiliados y beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio al Régimen General de Salud contemplado en la Ley 100 de 1993”, calificando la protesta como injustificada y sancionando a los docentes, a través de una directiva ministerial que establece que los rectores de instituciones educativas deberán entregar a los secretarios de educación el tiempo laborado por los docentes, con el fin de proceder contra quienes incumplieran sus jornadas laborales para asistir a la movilización.
Por su parte, los estudiantes manifestaron que, a pesar del retiro del proyecto de ley de los artículos que autorizaban el ánimo de lucro y la participación de las empresas privadas en las universidades públicas, la intención del gobierno de Santos con esta reforma es profundizar la privatización de la educación y los mecanismos por los que actualmente se presiona a las instituciones para implantar cambios en los programas académicos, como los indicadores de calidad, que dejan a muchas instituciones en la ‘asfixia presupuestal’. Por esto, exigen que la reforma educativa sea discutida en condiciones de igualdad por directivos, docentes, estudiantes, trabajadores y Estado, de manera que pueda elaborarse un proyecto que realmente permita construir una educación superior de calidad, con suficiente cobertura nacional y que enfoque su labor a la solución de los principales problemas nacionales.
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