Por: Yennifer Villa y Liliana Chaparro – febrero 11 de 2019
“La precarización fue la solución de la Administración” fue la arenga con la que comenzó, el 10 de diciembre, la protesta pacífica de algunos maestros y maestras de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Luego de ser citados por el rector, Leonardo Fabio Martínez, a una reunión exclusiva para profesores ocasionales, la máxima directiva intentó durante más de 3 horas maquillar la masacre laboral de 248 colegas catedráticos a quienes la institución se negó a pagar por los 20 días que faltaban de sus contratos ante la coyuntura del paro nacional y la crisis interna de gobernabilidad que enfrenta la universidad ante la anormalidad académica que se mantuvo en esta casa de estudios. Hoy en la UPN no es claro qué va a pasar con estas personas ni cómo se resolverán las necesidades docentes para terminar el semestre pendiente y continuar con los compromisos académicos de 2020.
El rector Martínez sustentó su decisión en su particular visión de la defensa de los bienes públicos y la salvaguarda de los patrimonios personales del Comité Directivo de la institución, quienes no se harían responsables por ‘firmar cumplidos’ ante posibles investigaciones en el futuro. Según el directivo, las autoridades universitarias no tendrían el soporte jurídico ni ético para mantener la vinculación de estas personas, ya que su labor es exclusivamente en el aula, “dictando clase”. Al no darse esta condición, no habría justificación para el pago. Todo esto, claro, sin tener en cuenta las reiteradas solicitudes y exigencias del colectivo de maestras y maestros para revocar la medida y evitar que se diera esta situación que, entre otras cosas, evidencia de manera clara y contundente la forma en que las universidades públicas siguen la senda de un modelo de contratación neoliberal que enmascara prácticas de precarización laboral, sobreexplotación, muerte de la carrera docente y deshumanización del sentido de ser maestros y maestras.
A la fecha no existen claridades frente a la vinculación de profesores ocasionales y catedráticos en la universidad debido a que el calendario académico aprobado el 20 de diciembre por el Consejo Académico no fue aceptado por la comunidad universitaria y los problemas de gobernabilidad se han ido escalando ante las imposiciones de la Administración. A esta incertidumbre laboral se suma la preocupación que han generado las declaraciones ante los medios de Adolfo León Atehortúa, exrector de la universidad y hoy presidente del sindicato de docentes, quien al denunciar la grave situación financiera de la universidad ha optado por señalar la posibilidad de que la institución convoque a los maestros a trabajar ad honorem, tal como ocurrió en la Universidad Nacional. Esto, además de resultar siendo un eufemismo que marginaliza la labor docente al no reconocer su derecho a salario por su trabajo, esconde la grave situación de los maestros catedráticos y ocasionales universitarios en el país.
De acuerdo con la Subdirección de Personal de la UPN, para el primer semestre de 2019 estaban vinculados 903 maestros y maestras a la institución. De ellos, solo 181 se encuentran vinculados a la planta de personal, es decir, cuentan con una contratación con todas las prestaciones de Ley y tienen derecho a los beneficios consignados en la convención colectiva de la universidad, mientras que el resto son profesores ocasionales y catedráticos, quienes se encuentran contratados con condiciones inferiores en materia de salarios, estabilidad laboral y seguridad social. De ellos 341 son ocasionales a tiempo completo, 31 ocasionales a medio tiempo y 334 catedráticos. En otras palabras, las directivas de la UPN desvincularon al 27,4% del total de docentes necesarios para el funcionamiento de la institución.
En la actualidad, aproximadamente el 22% de profesores cuenta con vinculación laboral, mientras el 78% restante está a la espera de una directriz clara sobre el inicio de clases, siendo la UPN de las pocas Universidades Públicas del país que no ha reanudado labores, a pesar de los constantes llamados a levantar la suspensión del calendario académico definida por el Consejo Académico para tener una universidad abierta.
Toda esta problemática solo agrava una situación que se ha vuelto invivible al interior de la UPN. Cada vez más nos encontramos con una Rectoría y un Comité Directivo autoritarios, lejanos a la realidad, sin intención de escucha y con un claro desprecio por quienes constituimos el 78% de los maestros y maestras, que somos en nuestra gran mayoría egresados de la misma universidad. De allí que la decisión de desvincular a los colegas haya pasado por un silencio mezquino que a la fecha no tiene ningún acto de reparación, pero sí acciones de revictimización como lo es tener un calendario académico aprobado, pero rechazado por la comunidad universitaria al mostrar la improvisación, falta de experiencia y desconocimiento de lo que es dirigir la Universidad Pedagógica Nacional en un momento histórico como el actual.
Asimismo, las directivas de la institución han optado por una estrategia comunicativa basada en informar sus decisiones de forma impersonal a los afectados, usando comunicados o videos públicos, lo que contrasta con la voluntad que han expresado en el pasado de encarnar la democracia y el diálogo, mientras en los hechos oprimen a quienes peores condiciones tienen en la institución. En esta ocasión llegaron más lejos aún: decidieron no informar, dejar que pasara el tiempo, excluir a los maestros y maestras afectados de las reuniones o espacios de discusión y, al final, delegar a los decanos y directores de departamento la responsabilidad de notificarles la nefasta noticia navideña de tener salario solamente hasta el 7 de diciembre, manteniendo la zozobra frente al reinicio de clases.
Las directivas de la Universidad Pedagógica Nacional demarcan así su apego a un modelo claramente neoliberal donde se deshumaniza al trabajador, suspendiendo su vida y la de sus familias al no tener acceso a un salario digno, no estar vinculados al sistema de salud y no poder cotizar para su pensión bajo argumentos legalistas que claramente violan los derechos laborales al afectar el mínimo vital y sostener una suspensión del calendario académico que, además de ser decidida de manera unilateral, cerró la institución en una coyuntura fundamental para el país como la del paro nacional. Con esto, desconoció que los problemas internos de la UPN se deben a que al rector y al Comité Directivo les quedó grande ser coherentes con su lema de “dignificar lo público”.
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