Por: Adriana Lozano* – julio 2 de 2007
El país vive discusiones nacionales importantes y, a su vez, dramáticas: genocidios impunes, parapolítica, tratado de libre comercio (TLC), acuerdo humanitario, elecciones de octubre, ley de transferencias, plan de desarrollo, entre otros. En cada una de ellas es preciso opinar, pese a la evidente dificultad que existe en nuestro país para difundir un punto de vista de manera amplia, libre y democrática –sobre todo, si se trata de cuestionar las políticas de gobierno–. Sin embargo, consideramos importante, y parte de nuestro deber social, el referirnos a un tema que viene siendo motivo de disentimiento en muchos sectores sociales: el Plan nacional de desarrollo e inversiones: Estado comunitario y desarrollo para todos (2006-2010) o PND. Pero, específicamente, nos referiremos a lo relacionado con los objetivos, programas y estrategias que afectan, positiva o negativamente, al sector salud.
Antes que nada, es preciso llamar a los lectores a un ejercicio abierto y juicioso del documento completo del plan. Aquí, para dar una mirada general, enunciaremos lo que éste plantea en cuanto a consideraciones macroeconómicas y objetivos esenciales, así como al porcentaje de rubros del presupuesto total que se destinan en algunos sectores.
Al iniciar la lectura del texto, aparecen unas consideraciones macroeconómicas referidas a la necesidad de incentivar la inversión nacional y extranjera y se afirma que, para tal fin, es fundamental la aprobación del proyecto a la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), es decir, reformular la distribución y el control de los recursos que se giran a los entes territoriales, con destinación a servicios de salud, educación y saneamiento básico. Aunque no nos vamos a detener a analizar la reforma al SGP, es importante tener en cuenta que el rubro contemplado representa el 31% del presupuesto general del Plan de inversiones 2007-2010.
En cuanto a objetivos esenciales, se plantea que la acción estatal se centrará en:
- Un Estado comunitario.
- Una política de defensa y seguridad democrática.
- Una política de promoción de la reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad.
- Una política de crecimiento económico alto y sostenido.
- Una gestión ambiental y del riesgo.
- Un mejor Estado, al servicio del ciudadano.
- Una política que tenga en cuenta dimensiones especiales del desarrollo, como género, juventud y etnias, entre otros.
Respecto a los rubros destinados a algunos sectores, del total del presupuesto del plan de inversiones, sacamos algunos de interés para el tema que estamos abordando:
El valor total del plan nacional de inversiones públicas es de
228 billones 561 mil 54 millones de pesos constantes a 2006,
estos porcentajes se calculan con base a la destinación
presupuestal que aparece en el capítulo III art. 7.
Ya para entrar en materia, llama la atención que el PND carezca de políticas para el sector salud específicamente. Lo que encontramos dentro del tercer objetivo esencial son unas estrategias y programas para la reducción de la pobreza y, dentro de éstas, dos numerales que se relacionan con la protección social (3.2 y 3.3). Esta debilidad marca, de entrada, una carencia en la definición de prioridades de inversión en el sector salud, pues se invisibilizan las carencias hoy existentes en atención y recuperación de la salud, en rehabilitación, en prevención de las enfermedades y en promoción de la salud, y, sobre todo, se le resta relevancia a la evidente y manifiesta debilidad del sistema de salud en Colombia, en tanto no da una respuesta acorde al perfil epidemiológico y a la situación real de salud de la mayoría de la población.
Los programas y estrategias para el sistema de protección social colocan como principal el tema del aseguramiento, partiendo de que es el problema principal a solucionar. Sin embargo, el debate subyace en qué tanto el aumento de cobertura tiende al fortalecimiento de la salud, entendida ésta como el conjunto de condiciones que garantizan el estado de bienestar físico, psicológico y social de las personas y colectivos.
Este punto es crucial toda vez que, desde la implementación de la Ley 100 de 1993 y el predominio de la oferta privada de los servicios de salud, la discusión que opone calidad y cobertura ha sido una constante y los mecanismos de regulación gubernamental no han logrado frenar la concepción cada vez más deshumanizada de la atención y el desmedido afán de lucro económico por parte de los grandes sectores económicos que controlan el mercado. En resumidas cuentas, la ampliación de la cobertura no es proporcional a una adecuada atención en salud y mucho menos a la calidad e impacto que ésta debe tener sobre los principales problemas de la población colombiana.
Obviamente, no se desconoce la importancia de promover la equidad en el acceso a los servicios de salud, especialmente a la población en situación de vulnerabilidad, sin embargo, pese a que se define como meta central la universalización del aseguramiento en el régimen subsidiado para los niveles I y II del SISBEN, no se redefinen los criterios para clasificar los niveles de pobreza o de insatisfacción de las necesidades básicas y no se tienen en cuenta los problemas que carga el SISBEN por ser utilizado como ‘favor’ o ‘premio’ por algunos políticos regionales.
Lo complejo de todo este asunto es que se limite a un problema de cobertura sin que, realmente, se definan los presupuestos adecuados para el fortalecimiento de las acciones en salud pública, y para el funcionamiento de las Empresas Sociales del Estado (ESE) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas.
La tendencia es a debilitar la salud pública, reduciéndola desde su mismo campo de trabajo a las acciones que, en teoría, disminuirían la prevalencia de algunos eventos de interés en salud pública o, en otras palabras, la salud pública se ve limitada a disminuir la frecuencia u ocurrencia de algunas enfermedades y a aumentar las coberturas de vacunación. Pero, paradójicamente, se debilita la red pública, sin la cual es imposible contar con un verdadero sistema nacional de salud, que impacte en los graves problemas de la salud pública.
Así, tal como aparece en el apartado Sistema de Protección Social, se obliga a que se “trasformen las condiciones de autonomía y gobernabilidad de la oferta pública”, es decir, a que haya esquemas de participación privada para que las IPS y ESE ‘evolucionen’ a empresas mixtas sin animo de lucro o de carácter solidario y que actúen bajo claros criterios de productividad y eficiencia, garantizando así su sostenibilidad financiera, es decir, para que se inserten al modelo de mercantilización de la salud.
Si bien el PND aborda la protección social bajo un supuesto acertado, y es que la pobreza podrá disminuirse en la medida que se garantice a los colombianos el acceso y la calidad de los servicios sociales, se equivoca, y de manera grave, al plantear que esto pueda lograrse con el fortalecimiento de la privatización en la prestación de los servicios sociales y específicamente de los servicios de salud.
Bastantes lecciones nos ha dejado la aplicación de un modelo de subsidio a la demanda, con la implementación de la Ley 100 de 1993, y es por esto que consideramos importante redimensionar los postulados del plan y redireccionar los recursos para las áreas que permitan el fortalecimiento de la salud pública, entendida ésta como el estudio y la respuesta social a las necesidades y condiciones de salud de la población en sus determinantes sociales, económicos, políticos, culturales y epidemiológicos.
* Enfermera Universidad Nacional – adrianalozano2007@yahoo.com
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