Por: Camila Ramírez
Han transcurrido dos décadas desde el asesinato de Nicolás Neira, un joven de 15 años que participó en las manifestaciones del 1° de mayo de 2005 y fue asesinado por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) hoy renombrado como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Su padre, Yuri Neira, mantiene viva la memoria de su hijo, y sigue exigiendo verdad, garantías de no repetición y justicia, pese a las amenazas contra su vida que lo mantienen en el exilio, y las acciones jurídicas que han buscado la impunidad de los policías, responsables de asesinar y encubrir la muerte de su hijo.
Una de las últimas acciones judiciales que buscaron la impunidad le fue negada a El mayor (r) Fabián Mauricio Infante, antiguo instructor del Esmad. El pasado 24 de junio, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la sentencia emitida el 29 de octubre de 2021 por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá, que condenó a Fabián Infante como determinador del delito de favorecimiento, y ratificó la pena de ocho años y seis meses de prisión.
Las investigaciones establecieron que Fabián Mauricio Infante, al momento de los hechos, era superior jerárquico de El mayor (r) Julio César Torrijos Devia, quién años atrás había admitido su culpabilidad por encubrir al patrullero Néstor Julio Rodríguez Rúa, bajo órdenes de Infante Pinzón.
Nestor Rodríguez asesinó a Nicolás Neira en el centro de Bogotá, específicamente en la carrera séptima entre calles 18 y 19, y desde el primer momento los agentes del Esmad presentaron versiones contradictorias de los hechos para encubrirlo, al punto de afirmar que las lesiones fueron producto de un golpe contra un bolardo. La realidad es muy diferente, así lo relata Yuri Neira:
El 1 de mayo le dispararon [a Nicolas Neira], luego lo golpearon, y a causa de la herida y los golpes, falleció el 6 de mayo.
Tras un proceso investigativo marcado por constantes dilaciones y obstáculos, finalmente se logró demostrar que el patrullero del Esmad Néstor Julio Rodríguez Rúa fue quien le disparó, con una escopea conocida como truflay, un cartucho de gas lacrimógeno a la cabeza de Nicolas lo que le produjo una grave herida. Actualmente, el uniformado está condenado en primera y segunda instancia a 17 años y 4 meses de prisión por homicidio en la modalidad de dolo eventual.
Actualmente, el caso de Nicolás se encuentra en dos instancias jurídicas. Por un lado, avanza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en lo que Yuri Neira denomina un «arreglo amistoso, […] insistir que el asesinato de Nicolás es un delito de lesa humanidad»; y por otro lado, el caso permanece en la justicia colombiana, donde se espera la decisión de la Corte Suprema, en la palabras de Yuri:
seguimos a la espera de que la Corte Suprema de Justicia defina el destino jurídico de los responsables de los hechos.
La dualidad de procesos refleja la búsqueda de verdad en el ámbito internacional como en el sistema judicial nacional, y durante estos veinte años del proceso jurídico, se ha logrado reconstruir no solo los detalles del ataque contra Nicolás, sino también los vínculos y mecanismos de obstrucción institucional que se implementaron para ocultar los hechos y favorecer a los responsables.
Agotar a las víctimas como estrategia
Germán Romero Sánchez, abogado de la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (dhColombia), ha acompañado el caso de Nicolás representando a Yuri Neira, y destaca la importancia jurídica del caso:
Se han logrado al menos tres condenas. Una por homicidio y dos por favorecimiento, lo que lo hace el primer caso en el cual hubo una condena por homicidio. Se condenan a integrantes del Esmad, y también es el primer caso donde se puede establecer una red de favorecimiento donde se condenan a dos oficiales, uno de ellos un alto oficial que también fue instructor del Esmad.
Ante la impunidad estas condenas son logros, pero Germán Romero expresa una preocupación: la dilación del proceso y la falta de contundencia por parte de la Fiscalía:
Solo una condena por favorecimiento tiene carácter definitivo, las otras no están en firme y ya han transcurrido 20 años […] una justicia que llega lenta también es una injusticia.
Además, Romero denuncia graves omisiones en la investigación:
hay otros integrantes del Esmad, unidades que operaron ese día, que no han sido llevados a juicio por parte de la Fiscalía ni se les han imputado cargos. Por el contrario, la fiscalía lo que ha procurado es cerrar la investigación contra ellos
Cuando la justicia no llega a tiempo las condenas pierden su carácter ejemplarizante, y en este caso, la dilación también legitima los actos violentos cometidos por la fuerza pública, lo que asegura su repetición, sobre este particular Germán Romero comparte que la falta de justicia se traduce en muertes en las movilizaciones y paro tras paro:
No hacer justicia a tiempo garantiza que esto se vuelva a repetir y fue lo que vivimos desde los paros que se dieron en los años 1999, 2008, 2013, 2019, 2020 y 2021, que terminaron con el asesinato de muchas personas, especialmente jóvenes.
Sistematicidad para silenciar jóvenes
Cada 1° de mayo se llevan a cabo actos en conmemoración y memoria de Nicolás Neira y este año no fue la excepción, la jornada se denominó ‘Nico 20 años. Las calles aún gritan tu nombre‘, el homenaje trascendió para convertirse en una plataforma de denuncia e hizo parte de la Semana Contra la Brutalidad Policial.
Las organizaciones que acompañaron la Semana Contra la Brutalidad Policial alertaron que el asesinato de Nicolás no es un caso aislado, sino uno más de una lamentable tendencia al aumento en la que están involucrados el Esmad y la Policía.
En muchos de estos casos persiste un patrón de sistematicidad en los hechos, así como una lentitud deliberada para esclarecer lo sucedido. La sistematicidad puede identificarse desde varios factores. Para el abogado Germán Romero una clave es la recurrencia de los hechos, el tipo de armamento empleado, y los protocolos de actuación del ESMAD durante las intervenciones en protestas sociales o en el contexto de represión en los barrios, y por ello asevera que:
En el marco de protestas se utilizan armas que le llaman de letalidad reducida, pero que igual tienen una capacidad altísima de asesinar, como lanzagranadas, granadas de aturdimiento, lanzagranadas Venom, marcadoras, escopeta calibre 12, como la que asesinó a Dilan Cruz. Municiones que han impactado en los ojos, cráneo, extremidades y que definitivamente son armas que han demostrado su capacidad de asesinar en el marco de protestas.
El abogado Germán Romero señala respecto al armamento utilizado que, diversas organizaciones de derechos humanos han documentado a lo largo de los años ataques con armas de fuego y armamento no convencional:
Quienes estuvimos en las protestas desde los años noventa para acá, sabemos perfectamente que el ESMAD utilizó armas de fuego, armas blancas y otras armas como municiones irregulares, con munición hechiza o le llaman las recalzadas, se utilizan con toda la intencionalidad de hacer el mayor daño posible incluyendo el asesinato.
Otro factor es el patrón de ataques contra la vida y las graves violaciones de derechos humanos que evidencian que el ESMAD, actualmente UNDMO, incumple sistemáticamente los protocolos de derechos humanos y toda regulación sobre el uso adecuado de armamento, tanto bajo la legislación colombiana como internacional, y por ello Germán Romero denuncia:
Se encuentra un gran universo de lesiones personales, tentativa de homicidios, agresiones sexuales, mutilaciones, actos de trato indignante, cruel o inhumano, tortura, que el ESMAD ha cometido en muchísimos lugares. Un ejemplo: en el paro agrario del 2013, tanto en Boyacá como en el municipio de Soacha, el ESMAD cometió graves casos de tortura y están documentados.
Además de la ocurrencia de los hechos y el tipo de armamento utilizado se ha analizado también una sistematicidad en la ausencia de investigaciones y el acceso a la justicia. En este ámbito, las instituciones encargadas no solo no acompañan a las familias víctimas, sino que por el contrario, emplean una serie de artimañas para agotarlas tanto a ellas como a las organizaciones de derechos humanos que las representan.
Cuando hay un homicidio o una ejecución extrajudicial la obligación es absolutamente del Estado, de la rama judicial, en especial de la Fiscalía General de la Nación, de investigar estos casos. Es decir, no se puede esperar a que las víctimas aporten las pruebas, los familiares lleven todo el material probatorio para saber quiénes son los responsables y cómo ocurrieron los hechos.
Las palabras de Germán evidencian una participación cómplice del sistema de justicia al agotar a las víctimas pero llega más lejos: jueces y Fiscalía General de la Nación proponen tratos que benefician principalmente a los agentes de la fuerza pública. Para las familias, estas acciones representan una negociación superficial y no una investigación seria, especialmente dada la magnitud de las violaciones cometidas. Al respecto, Yuri Neira sostiene esto sobre el Fiscal que investigó el asesinato de su hijo:
El fiscal Juan Carlos Molina Oliveros ha tratado de imponer negociaciones y hace todo lo posible por encubrirlos. Después de 20 años, afirma que el agente del Esmad muestra buena voluntad para confesar y agilizar la justicia. Me pregunto: ¿en qué va a agilizar la justicia? permaneció en silencio durante 15 años?
En otros casos, se ha intentado archivar los procesos o buscan darlos por concluidos, sin garantías y con múltiples irregularidades en las investigaciones, o en casos mucho más graves, que los procesos pasen a ser investigados por Justicia Penal Militar, sobre esto Germán Romero expone que es una traba a la verdad y la justicia:
Los jueces penales militares tratan de llevarse la competencia para investigar los casos, dilatan la recolección de evidencia, destruyen parte de la evidencia y material probatorio, cierran las investigaciones allá y después toca hacer todo un proceso jurídico para reabrir las investigaciones.
Un claro ejemplo de esta situación es el caso de Fabián Mauricio Infante Pinzón, su defensa ha presentado múltiples solicitudes buscando la revisión del caso y su transferencia a la jurisdicción penal militar. No obstante, en agosto de 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha ratificado que: «el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá es la autoridad competente para conocer la investigación adelantada en contra del capitán Fabián Mauricio Infante Pinzón por el delito de favorecimiento».
Sobre la condena Yuri Neira manifiesta:
Hemos denunciado durante años la mala praxis en estos casos. Esto no es un error aislado, sino parte de una política de la justicia colombiana para encubrir a miembros de la Policía.
Verdad sobre crímenes de Estado
Para Yuri Neira, las violaciones a los derechos humanos contra la juventud persisten. Por ello, mantiene firme no solo la denuncia por el caso de su hijo Nicolás, sino también la lucha contra la brutalidad policial que han sufrido centenares de jóvenes en el país. “Me duele saber que muchas familias están comenzando una larga batalla; llevo 20 años en esto y no ha sido nada fácil”, afirma.
Sus palabras hacen referencia a los familiares que hoy exigen verdad y justicia por decenas de casos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante el estallido social del 2021.
Durante los recorridos territoriales, Yuri visitó el Bosque de la Memoria en el Portal de la Resistencia (Portal Américas), donde participó en la conmemoración a Dubán Felipe Barros Gómez, joven de 17 años que desapareció durante 32 días en el marco del estallido social y cuyo cuerpo fue hallado con signos de violencia. También, en el evento se recordó a jóvenes víctimas de violencia paramilitar, como Camilo Sánchez y Camila Ospitia, integrantes del colectivo de hip-hop Distreestyle, asesinados el 15 de agosto de 2024 en el barrio Bosa Porvenir.
Yuri, afirma que la situación de asesinatos, desapariciones, amenazas, castigos y represión, es una constante en el país:
Como víctimas de brutalidad policial, hemos documentado la sistematicidad con la que en Colombia se persigue, tortura y asesina a los jóvenes. Peor aún: mientras los victimarios son premiados y protegidos, nosotros seguimos sin verdad
Para Rafael Salazar Gómez, tío de Dubán, lo ocurrido sigue en impunidad:
Días después de encontrarlo, decidimos sembrarlo aquí [Bosque de la Memoria], para que los árboles y las placas les recuerden que seguimos esperando justicia y verdad.
Rafael relata lo difícil que ha sido este proceso:
Son muchas placas, y siguen aumentando. Llevamos cuatro años de lucha incansable: visibilizando lo sucedido, encontrarnos con diferentes familias que también están pasando por la misma situación.
Las familias víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social están solicitando al Estado colombiano y al Gobierno que se comprometan a crear la Comisión de la Verdad para esclarecer todos los hechos ocurridos, sobre esto Rafael Salazar manifiesta:
Nos hemos reunido a nivel nacional varias familias de diferentes ciudades: Bogotá, Cali, Popayán, Pasto, Medellín, Soacha. Estamos exigiendo que haya una Comisión de la Verdad, que se esclarezca qué pasó en medio del estallido social, quién o quiénes dieron la orden, por qué salieron a arremeter contra la vida de los jóvenes.
El Tribunal Popular en Siloé ha reiterado su exigencia de cumplimiento a los acuerdos establecidos con el gobierno nacional el 10 de mayo de 2024 en el Coliseo El Pueblo de Cali. En dicho encuentro, el presidente Gustavo Petro se comprometió y ordenó al Ministerio del Interior crear una Comisión de la Verdad para esclarecer los casos de represión y violaciones a derechos humanos ocurridos en el marco del paro nacional 2019 al 2021.
En su comunicado dirigido a la Presidencia, el Tribunal enfatiza:
Propender por la garantía de los derechos de las víctimas y sobrevivientes, es decir, que se garantice el derecho a la verdad, vinculado al derecho a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Respecto al derecho de las víctimas a garantías de no repetición, organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado un preocupante patrón en el Valle del Cauca: personas que han recobrado su libertad, tras su captura durante el estallido social, están siendo asesinadas sistemáticamente. Solo en menos de un mes ocurrieron dos casos, el asesinato de Yidwar Mondragón Paredes, el 26 de junio de 2025, y el de Luis Fernando Lasprilla Balanta, el 11 de julio de 2025. Según los registros, ya son diez las víctimas en estas circunstancias sin que hasta el momento se hayan iniciado investigaciones efectivas sobre estos hechos.
Por esta razón las organizaciones de derechos humanos y acompañantes a víctimas, solicitan cumplimiento de los compromisos establecidos, especialmente el Protocolo de Seguridad y avances en la creación de la Comisión de la Verdad del Estallido Social.
Desde la perspectiva jurídica el abogado Germán Romero asegura que, en las Comisiones de la Verdad o acuerdos de paz, las personas que cometieron delitos -especialmente los agentes de la fuerza pública- pueden contar los hechos pero sin repercusión judicial, además, expone que una comisión de la verdad no significa que necesariamente justicia y menos no repetición:
Las comisiones de esclarecimiento se vuelven un escenario de la experticia, de grandes informes, pero que no rinden cuentas, no permiten identificar los factores que los agentes de la fuerza pública hacen que esto continúe, lo único que seguimos teniendo son niveles de repetición y que hoy en día esa violencia policial, no solo la tenemos en el marco de las protestas, la tenemos en el día a día, en los barrios.
Para Yuri Neira, dada la sistematicidad en el asesinato de jóvenes, la Comisión de la Verdad sobre el estallido social debe ampliar su alcance, tanto en el período investigado como en los hechos a documentar:
Considero que debemos unirnos, porque el Estado colombiano tiene la obligación de esclarecer lo ocurrido desde los asesinatos de Gonzalo Bravo, Uriel Gutiérrez, Jhonny Silva, Óscar Salas, Dilan Cruz, y los cientos de jóvenes asesinados por la Policía, el ESMAD y la Fuerza Pública.
Rafael, Yuri y Germán coinciden en que las familias enfrentan estas injusticias en condiciones de abandono llevando adelante los procesos con enormes dificultades. Los tres destacan la falta de acompañamiento psicosocial, organizativo y jurídico, lo que genera un desgaste que termina dejando muchos casos en la impunidad. Hacen un llamado urgente a la sociedad y al Estado para que acompañen a las familias víctimas, y por ello Yuri expresa:
Es una batalla tristemente muy dura contra ellos. Toca aguantar mucho. A los que no son víctimas, sino amigos de las víctimas, que nos sigan ayudando, que sigan al frente, que sigamos denunciando y que el silencio no es la opción.
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