Por: ADJS – octubre 3 de 2007
El pasado 13 de septiembre de 2007, la Fiscalía dio captura a Juan Pablo Ariza, candidato al concejo municipal de Barrancabermeja, y Abelardo Rueda Tobón, aspirante a la Asamblea Departamental de Santander, por el asesinato del periodista José Emeterio Rivas, perpetrado el 6 de abril de 2003. Y aunque Ariza y Rueda ya habían sido detenidos, el 11 de julio de 2003, y se había dictaminado medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía por los mismos delitos hoy atribuidos, la medida les fue revocada el 20 de octubre de ese año.
De igual forma, la investigación había señalado al entonces alcalde de la ciudad, Julio César Ardila Torres, como presunto autor intelectual del crimen. El 25 de octubre de 2003 le fue revocada la medida de aseguramiento pero aún continúa vinculado a la investigación.
Y lo que, en principio, parecía ser el ya frecuente ataque hacia periodistas y reporteros, con el fin de silenciar la libre expresión y el ejercicio de informar, ha tomado nuevos matices desde las declaraciones del paramilitar Pablo Emilio Quintero Dodino alias ‘Bedoya’, al atribuirse su participación en el homicidio del periodista como autor material. Pero, ¿quién aparece como autor intelectual ante las nuevas evidencias?
En la versión libre rendida ante un juez de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalia en Medellín (Antioquia), alias ‘Bedoya’ confesó haber cometido el crimen la noche del 6 de abril de 2003 en Barrancabermeja (Santander), tras la orden de alias ‘Felipe Candado’, uno de los altos mandos del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. (AUC). Sin embargo, se especula que ‘Felipe Candado’ falleció en un accidente hace tres años.
Evidentemente, el asesinato de este periodista resulta reprochable no sólo por el hecho de silenciar la libre expresión y el derecho a la vida, sino por resaltarse como el tercer caso en que un paramilitar desmovilizado o preso admite el homicidio de un periodista, en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
Tras el asesinato de José Emeterio Rivas surge nuevamente el debate de si existen las garantías que permitan “expresarnos sin que nos cueste la vida”, tal como lo expresa la campaña Democracia y paz en Colombia, impulsada por la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales en el marco de su II Asamblea Nacional, en la cual se busca garantizar el derecho a la libre expresión y verificar si, por el contrario, el abordar ciertos temas políticos y denunciar actos de corrupción se convierte en un suicidio.
En las actuales circunstancias, el homicidio del periodista José Emeterio Rivas puede verse como un calidoscopio que deja ver parte de la problemática nacional. Por una parte, su asesinato se vincula a su labor como locutor radial de la emisora Calor Estéreo, desde donde realizaba fuertes críticas hacía la alcaldía local y denunciaba irregularidades en el manejo de los recursos públicos del municipio, los cuales presuntamente favorecían intereses del Bloque Central Bolívar en la región.
De esta forma, ya no sólo vemos la corrupción en el manejo de recursos públicos, sino la participación de funcionarios del Estado en la conformación y financiamiento de grupos paramilitares. Tras todo esto, este asesinato ha permanecido en silencio por cuatro años hasta que las declaraciones de alias ‘Bedoya’ dieron luces a una justicia que a veces pareciera no llegar y otras da ilusiones de ser lenta, pero que llega.
Pero, ¿cómo así? ¿Acaso los presuntos responsables no son el ex alcalde de la ciudad, Julio César Ardila Torres, y los candidatos a elecciones, Juan Pablo Ariza y Abelardo Rueda Tobón?
Cual si se repitiera la historia, los que cometieron en el pasado actos delictivos, hoy en día lo siguen haciendo. Y, cual campantes ‘hombres de bien’, se postulan a ser electos por una democracia que goza la fama de soberana y legítima. Sin embargo, vacila ante preguntas tales como: ¿qué función cumple una Procuraduría que hasta el pasado 13 de septiembre tenía en sus listas como candidatos habilitados a dos presuntos asesinos? ¿cómo se juega a la democracia electoral, a sabiendas que candidatos inhabilitados podrán participar en elecciones –puesto que el sistema electoral colombiano impide que los candidatos inscritos sean retirados de las listas, tal cual lo manifestó el procurador Edgardo Maya–, y posteriormente plantear que los candidatos a las próximas elecciones regionales de octubre que están inhabilitados serán demandados penalmente por el delito de falsedad ideológica en documento público?
Pareciera que a un precario “no bote su voto” se limitan los esfuerzos de la Procuraduría General de la Nación para combatir estos fenómenos, mientras que la publicación de los listados de los candidatos inhabilitados se encuentran en ‘portales secretos’ en donde nadie los ve o, quizás, simplemente en aquel recóndito lugar en donde algún despistado que no lo busque lo verá.
Para terminar, sólo queda la esperanza de que se haga justicia y se castigue al autor o a los autores intelectuales de este crimen. Que la impunidad y los atentados que se comenten hacia la población civil cesen y que la corrupción y las acciones erradas de algunos dirigentes de nuestro país sean castigadas con mano firme por la ley, con el fin de construir un país mejor.
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