Octubre 3 de 2007
Con el episodio del pasado lunes 24 de septiembre, en que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, acusó al presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz, de escribir un artículo “contra la dignidad nacional” en el periódico inglés The Guardian se puede ver, nuevamente, el intento del gobierno de desenfocar el debate nacional, esta vez, creando una cortina de humo frente al hecho, denunciado por el Partido Laborista británico, del sistemático asesinato de sindicalistas en Colombia.
Existen graves denuncias en este sentido por parte de organizaciones internacionales. Según el informe anual publicado por la Confederación Sindical Internacional, Colombia sigue siendo el país más mortífero del mundo para los sindicalistas, con 78 de los 144 asesinatos ocurridos en el mundo durante 2006. En el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia se denuncia el incremento en el número de quejas recibidas, con respecto a 2005, por situaciones como la presentación de víctimas civiles como muertas en combate, la alteración de la escena del crimen por los autores del mismo y la investigación de los hechos por la justicia penal militar.
El lunes 24 de septiembre, al mismo tiempo que apareció en Comment is Free, página afilada a The Guardian, el artículo objeto de las acusaciones del ministro Santos, se publica una declaración, firmada por más de 200 representantes del Partido Laborista, solicitando el cese de la asistencia militar británica a Colombia, debido a los “peores historiales en el asunto de derechos humanos en el mundo” y a los asesinatos de sindicalistas, la mayoría atribuidos a las fuerzas armadas colombianas y a los paramilitares apoyados por el Estado.
Sin embargo, hay que recordar que las presiones internacionales no sólo vienen del Reino Unido, segundo donante en asistencia militar a Colombia. En el mes de junio, el Congreso de Estados Unidos retuvo 29 millones de dólares de ayuda económica a Colombia y los demócratas se rehúsan a aprobar el Tratado de Libre Comercio. La razón: las relaciones de funcionarios del gobierno con grupos paramilitares y la constante violación de derechos humanos.
No obstante, el ministro Santos pretende ocultar esta realidad y enlodar la imagen tanto del máximo representante de la oposición en Colombia como de la ONG Justice for Colombia, que financió la publicación de la declaración de los laboristas. En un comunicado, señaló a la ONG de recurrir a suplantaciones para destruir la imagen de Colombia y, aún cuando manifiesta que Carlos Gaviria no escribió el artículo, afirma que falta esclarecer si son ciertas las versiones en el sentido de que el tema se discutió con miembros del Polo. El comunicado finaliza con un llamado al Parlamento británico, al Partido Laborista y a la opinión publica, para que reciban con escepticismo la información que suministra Justice for Colombia, omitiendo de manera premeditada que la declaración fue firmada por personajes como Mike Griffiths, presidente del congreso del Partido Laborista, y Ken Livingstone, alcalde de Londres.
Queda entonces claro que, para el actual gobierno colombiano, denunciar el asesinato a sindicalistas y la violación de derechos humanos, significa un “atentado contra la dignidad nacional”. Mientras tanto, el gobierno pretende seguir con la segunda fase del Plan Colombia y profundizar en su política de seguridad democrática.
Adicionalmente, las reiteradas intervenciones de los dos hermanos Santos en el gobierno, el ministro de Defensa y el vicepresidente, con las que han tildado a dirigentes del Polo de liderar “una campaña contra Colombia” a nivel internacional demuestran que las intenciones de estos funcionarios no corresponden a las de una administración que busca defenderse sino que se plantean claramente como herramienta para lograr deslegitimar las denuncias que en todo el mundo se realizan por la clara relación entre el accionar estatal y las graves violaciones a los DDHH, y, a la vez, para golpear políticamente al PDA en época de elecciones, intentar fraccionarlo, tratar de decirle qué hacer y convertirlo, finalmente, en la izquierda dócil que el régimen necesita para dar una nueva mano de pintura a la desgastada imagen de “la democracia más antigua de América Latina”.
La independencia de una propuesta alternativa para el país está en juego ante la manipulación mediática de los más altos funcionarios del gobierno de Uribe. El mantener una crítica radical a los más aberrantes comportamientos de una política profundamente autoritaria no sólo es saludable para la nación, sino para el proyecto democrático que el Polo, en cabeza de Gaviria Díaz, representa. Por ello, tanto la existencia de un sector de la comunidad internacional que cuestiona y denuncia, como la de una izquierda que deslinda claramente de los intereses de quienes, como la familia Santos, usufructúan el gobierno para su propio beneficio mortifica tanto al gobierno de la ‘seguridad democrática’.
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