Por: Cristina Baccin* – enero 3 de 2012
Rubén y Neida fueron novios durante tres años y finalmente decidieron casarse. Ambos vivían en New Jersey (Estados Unidos). Rubén Quinteros llegó a EE.UU. hace diez años y trabajaba como mecánico. Cuando se preparaba con mucho entusiasmo para su boda con Neida Lavayén, una semana antes de la ceremonia fue detenido y apresado por los agentes del Servicio de Inmigración en el taller donde trabajaba. ¿Su delito? Permanecer en el país sin visa.
Quinteros, de nacionalidad uruguaya, y Lavayén, madre de dos niños, colombiana de origen y ciudadana americana, iban a formalizar su vida en familia y también, de ese modo, a regularizar la residencia legal de Rubén en EE.UU. Sin embargo, no pudo ser así: el sueño del matrimonio no se realizó porque Rubén fue encarcelado en Delaney Hall de Newark, un centro de detención privado, y luego fue deportado a Uruguay por no disponer de su visa en regla.
El caso de Rubén no es atípico ni fortuito: en la actualidad existen cerca de 300.000 casos de deportaciones pendientes en las cortes de ese país. En agosto de 2009, la administración del presidente Obama, a través de su secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, sostuvo que reformarían las leyes migratorias, una promesa de los tiempos electorales largamente esperada. Sin embargo, hasta ahora hay una ostensible reafirmación de políticas que criminalizan a los inmigrantes, quienes son tratados como delincuentes. La parte más interesada en que esta situación continúe es la ‘industria’ privada carcelaria, en cuyos establecimientos son predominantemente detenidos.
La privatización de las cárceles en EEUU comenzó en la década de 1980, cuando la Corporacion de Correccionales de América (CCA) obtuvo un contrato para gestionar una unidad carcelaria en Hamilton County (Tennesse). En la actualidad, las principales ‘industrias’ carcelarias son corporaciones internacionales, tales como la mencionada CCA, la compañía anglodanesa G4S y Serco. En los Estados Unidos, las compañías privadas controlan casi la mitad de los centros de detención, como el caso del centro donde fuera encarcelado Rubén Quinteros. Reiteradas denuncias de violación de derechos humanos abundan en el currículum de estos centros de detención y cabe mencionar que dichas corporaciones también operan en Latinoamérica.
La principal fuente de beneficios de las cárceles privadas es mantenerlas siempre al máximo, o más, de su capacidad. La estadía por día, como en un hotel, tiene un costo promedio por detenido de 78,88 dólares, según el Correctional Yearbook de 2008, unos 30.000 dólares por año. Los servicios de estas compañías carceleras al Departamento de Seguridad Interna incluyen no sólo la estadía sino también el viaje: ellos deportan a los inmigrantes a sus países de origen, a un costo promedio estimado de 23.000 dólares por pasajero, informó el New York Times el 27 de octubre de 2011. Se trata de un negocio millonario, por lo cual estas corporaciones realizan cuantiosas inversiones en lobby hacia legisladores y funcionarios, y así sostener y acentuar políticas que los beneficien, tal como lo denuncia un reciente informe de Justice Police Institute.
¿Cómo se garantizan el mayor lucro posible estas cárceles privadas? Asegurándose una clientela ‘cautiva’. En este caso, los inmigrantes son ‘garantizados’ por las políticas migratorias que el gobierno sostiene mediante leyes que los criminalizan. Ellos los ‘ofrecen’ como negocio a las corporaciones carcelarias mediante diversos mecanismos, tales como la seguridad fronteriza, la seguridad de aeropuertos, la detención y la deportación.
Según el último censo poblacional de estados Unidos, realizado en 2010, 10’200.000 personas son adultos inmigrantes sin autorización para residir en el país y, por ende, potenciales ‘clientes’ para los carceleros privados. Más de la mitad de estos adultos tienen hijos menores de edad. El 58% de dicha población inmigrante, o sea, seis millones y medio de personas son mexicanos. Si la acción del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos sigue trabajando tan eficientemente, en unos años habría deportado la población equivalente a toda Bolivia, dejando en el país más de cinco millones de niños sin uno o ambos padres.
La privatización de los servicios públicos alcanza en EE.UU. niveles inverosímiles y la búsqueda de beneficios como esencia del sistema no se ahorra el espanto. En el sistema educativo, los niños y los jóvenes no son estudiantes y ciudadanos con derecho a aprender sino, en primer lugar, clientes. En el sistema de salud, los enfermos no son pacientes a ser curados sino clientes cuyos bolsillos deben ser extirpados. En el sistema de seguridad, el principal objetivo no es el bienestar de la comunidad sino la búsqueda de lucro apresando la mayor cantidad de ‘clientes’ inmigrantes para satisfacer la necesidad de más y más beneficios de sus carceleros, llenando sus capacidad hotelera, perdón, carcelera al único costo de destrozar familias enteras.
__________
* Periodista que escribe desde Estados Unidos y exdecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina).
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
