Por: Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) – febrero 9 de 2012
Aunque los homicidios se redujeron en 2011, los intentos fallidos de asesinato crecieron en igual proporción, se duplicaron las amenazas, aumentaron los secuestros, el hurto de equipos y destrucción de material, y el desplazamiento forzado contra periodistas.
La Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) vuelve a prender las alarmas sobre los graves niveles de intolerancia, agresión y violencia extrema que afrontan los comunicadores colombianos en su diario ejercicio profesional.
En su informe anual sobre agresiones a periodistas en Colombia durante 2011, Fecolper revela alarmantes cifras que dan cuenta de cómo, en el año anterior, el libre ejercicio periodístico se vio gravemente afectado, presentándose reiteradas violaciones a la libertad de expresión e información, además de ataques directos a periodistas y medios de información que obstaculizaron, en gran manera, la labor de los comunicadores y, de paso, impidió que la verdad sobre muchas denuncias llegase a la opinión pública.
La Fecolper documentó el año anterior 202 casos de agresión contra el ejercicio libre del periodismo o contra periodistas por razones de su labor profesional, mientras que en 2010 se presentaron 189 agresiones, lo que evidencia cómo la problemática va en aumento en el país. Son trece casos más de ataques a periodistas, lo que supone un incremento del 7% en la ocurrencia de estas conductas intolerantes.
Entre los casos documentados se destacan 1 homicidio, 6 tentativas de homicidio, 67 amenazas, 2 secuestros, 2 intentos de secuestro, 19 agresiones físicas, 1 agresión sexual, 8 casos de desplazamiento forzado, 17 violaciones a la libertad de opinión u hostigamientos, y 10 casos de acoso judicial. La mayoría de los tipos de agresión presentaron un aumento en los casos con relación al número registrado en 2010.
El informe indica que “el clima de intolerancia contra la prensa durante 2011 se reflejó, principalmente, en dos elementos comunes en buena parte de las agresiones documentadas: primero, un alto nivel de agresividad de los actores armados, fundamentalmente de los grupos paramilitares que el gobierno identifica como Bacrim, lo que constituye una grave amenaza para la vida e integridad de periodistas críticos y disidentes; y, de otro lado, una tensión social llevada a límites extremos, potenciada por el clima político de las campañas en las elecciones de autoridades regionales, que convirtió a personas de diferentes sectores de la población civil en agresores de periodistas porque, a su juicio, no toman en cuenta su punto de vista”.
Las cifras
Durante 2011 se presentó un caso de homicidio: el del periodista Luis Eduardo Gómez, cometido en Arboletes (Antioquia) el 30 de junio, mientras llegaba a su casa. Al momento de su homicidio se encontraba investigando el manejo de recursos públicos por parte de la Alcaldía Municipal y era testigo dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía en relación con el ‘Pacto de Urabá’, alianza que involucra a alcaldes, concejales y congresistas con el Bloque ‘Élmer Cárdenas’ de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Con relación a 2010, aparentemente hubo una reducción de los casos extremos en los que los intolerantes a la información periodística deciden el asesinato de un periodista, al pasar de 7 homicidios a 1. Pero, a la luz del aumento proporcional de los casos de tentativa de homicidio, de 2 en 2010 a 6 en 2011, se puede observar que la situación de violencia extrema sigue intacta y no representa una mejoría sino que o los planes criminales no se consumaron, es decir, los asesinos fallaron su propósito criminal en más oportunidades; o querían enviar una advertencia clara a los comunicadores de lo que les podía ocurrir si seguían informando.
La situación no sólo refleja la especial y desproporcionada violencia a la que se enfrentan los periodistas sino la sevicia con la que actúan sus agresores o victimarios. Como en los casos de tentativa de homicidio contra Héctor Rodríguez, director de la emisora La Veterana FM de Popayán (Cauca), quien el 26 de mayo fue atacado a tiros con una pistola subametralladora con silenciador a manos de una pareja de sicarios que fue capturada; de Mario Esteban López, director del noticiero y gerente de RAV Televisión Canal 22 de Ipiales (Nariño), que el 31 de mayo, cuando salía de su casa, fue retenido ilegalmente por un par de sujetos que lo llevaron a un paraje solitario a unos 20 km del municipio donde fue golpeado y rociado con gasolina, con serias intenciones de ser incinerado, plan que se frustró porque los fósforos se mojaron con el combustible y por la llegada de una patrulla de la Policía; y de Rodolfo Zambrano, del diario Magangué Hoy, a quien el 18 de febrero le fue realizado un atentado con artefacto incendiario en su residencia, en el municipio de Magangué (Bolívar).
El sicariato continúa siendo el medio de agresión a los periodistas más común. En Colombia, las violaciones contra la vida e integridad personal a los y las periodistas se caracterizaron por ataques de sicarios en sus lugares de residencia o de trabajo, lo cual permite inferir que se precedían de seguimientos y vigilancia por parte del perpetrador. Por consiguiente, produce una sensación de vulnerabilidad y desprotección por parte de las víctimas, y el consiguiente amedrentamiento al gremio periodístico, indica el documento de Fecolper. En este sentido, agrega que “es importante resaltar que fueron utilizados medios especialmente bélicos, como la utilización de bombas y una tentativa de incineración, lo que evidencia el fin adicional de generar terror y configurar una amenaza latente a los demás periodistas”.
De igual forma, las amenazas casi se duplicaron, pasando de 38 en 2010 a 67 en 2011; los secuestros y tentativas de secuestro crecieron el 100%, al pasar de un caso a 2 respectivamente; el hurto de equipos y la tentativa o destrucción de material periodístico se incrementaron de 4 a 10 casos (150%); la agresión verbal subió de 12 a 21 (75%); el desplazamiento forzado aumentó de 5 a 8 (60%); la censura de 3 a 4 (33%); se disparó la violación y el hostigamiento a la libertad de opinión, de 0 a 17 hechos; y los señalamientos de funcionarios públicos, que ponen en riesgo a los informadores ante grupos armados ilegales o bandas criminales, pasó de 0 a 7.
Ese tipo de agresiones se presenta como represalia por las investigaciones y denuncias que los periodistas realizan, tanto como del sector público como del accionar de particulares. Así mismo, la violencia contra periodistas aumentó considerablemente en razón de las campañas electorales y las elecciones de autoridades locales realizadas el 30 de octubre de 2011, razón por la cual fueron objeto de ataques tanto de los candidatos y sus familiares como de particulares afines a sus campañas. Todo esto, en medio de una continua situación de vigilancia y seguimiento por parte de actores armados en razón de las denuncias de vínculos de los candidatos con estructuras criminales, corrupción y mala administración de recursos públicos.
Entre tanto, se redujeron, aunque persisten, las agresiones físicas de 35 a 19. Por su parte, la desaparición forzada pasó de 1 a 0 casos, la detención ilegal o privación injustificada de la libertad de 9 a 1, la persecución laboral o despido sin justa causa de 2 a 1, los ataque a instalaciones de medios de 4 a 3, el hostigamiento u obstaculización del trabajo periodístico de 43 a 22, el cierre de medios de 1 a 0, las presiones mediante asignación de publicidad de 3 a 0, la tentativa de soborno de 1 a 0 y el acoso judicial de 15 a 10 casos. Este último sigue siendo utilizado para intimidar o escarmentar a los periodistas.
Los autores
Los particulares fueron uno de los principales agentes victimarios de los periodistas, en manifestaciones y protestas, acusándolos de falta de objetividad. Igualmente, el documento también revela que la Fuerza Pública ejerció arbitraria y desproporcionada violencia en contra de los periodistas, que se encontraban documentando estos eventos, en búsqueda de la destrucción del material periodístico y la expulsión del periodista del evento. Así mismo, fueron víctimas de agresiones en desarrollo de las manifestaciones al encontrarse en medio de las confrontaciones entre la fuerza pública y los manifestantes.
Durante 2011, el mayor número de agresiones contra periodistas fue cometido por personas de quienes no se pudo determinar ni su identidad ni su pertenencia a algún grupo social, entidad estatal o particular, u organización al margen de la Ley.
Entre los agresores determinados, los grupos paramilitares o Bandas Criminales, como las Águilas Negras, los Urabeños y los Paisas, fueron señalados de ser los mayores responsables de la violación a la libertad de prensa y expresión, y de ataques a periodistas. De 202 agresiones reportadas, en 52 casos (25.74%) los agresores fueron paramilitares.
El informe también revela que la ciudadanía fue la segunda agresora del periodismo libre y seguro, pues fue señalada de ser responsable de 31 agresiones, es decir, el 15,35% de los ataques documentados en 2011, que entre otras causas, fueron motivadas por las campañas electorales ocurridas el año anterior.
En cuanto a agentes estatales, en 14 casos, o sea el 6.93%, el agresor fue la Fuerza Pública, principalmente Ejército y Policía Nacional, mientras que en 32 ataques (15.85%) la responsabilidad fue de funcionarios públicos, tales como empleados de alcaldías e incluso concejales.
En 2011 se reportaron 8 agresiones, o sea el 3,96%, provenientes de grupos guerrilleros.
Las regiones
Por último, el documento de Fecolper indica que durante 2011 el departamento más inseguro para el ejercicio del periodismo fue Cauca, con 36 agresiones contra periodistas (17,82%). En este departamento los ataques se concentraron en amenazas colectivas, que afectaron a 22 periodistas y radios comunitarias, así como una tentativa de homicidio.
En Santander se presentaron 21 agresiones contra periodistas (10.40%). Así mismo, es notable la persistencia de ataques contra periodistas por el cubrimiento de situaciones de relevancia pública y las amenazas contra la vida como forma de retaliación por la información divulgada, principalmente en Barrancabermeja, ciudad en la que fueron amenazados el equipo de trabajo de la emisora Antena del Río y la periodista Mónica Arcella, del canal local Enlace TV.
Es también preocupante la situación de Cundinamarca, que tuvo 20 agresiones (9.90%), principalmente por cuenta de panfletos amenazantes que circularon a nombre de un presunto bloque armado que opera en Bogotá (Bloque Capital Águilas Negras). Por su parte, los departamentos de Antioquia, Meta, Tolima y Valle reportaron 13, 12, y 11, los dos últimos, ataques a la libertad de expresión, respectivamente.
Fecolper enfatizó la importancia de la libertad de expresión como piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática e indispensable para la formación de la opinión pública, al recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera fundamental que los periodistas gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, lo que constituye un requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca.
Ver documento: Informe Anual Agresiones Periodistas – FECOLPER 2011.
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