Por: Alejandro Haddad* – febrero 7 de 2012
Durante el pasado año, 104 periodistas y 30 distribuidores han sido encarcelados en Turquía, en el marco de la llamada Ley Antiterrorista, por supuestas vinculaciones con organizaciones ilegales. De los 134 trabajadores, 94 son kurdos. La justicia turca niega la existencia de minorías étnicas y la Ley detenta medidas contra ellas en materia lingüística, territorial y cultural.
En el contexto de la Ley Penal de Turquía (TCK, según la sigla en turco) y de la Ley Antiterrorista (TMK, según la sigla en turco), los periodistas son investigados por razones ‘políticas’ en lugar de ‘legales’. Sobre ellos pesan acusaciones que los vinculan a organizaciones declaradas ilegales por el estado turco, sean éstas armadas o no.
La vaguedad de las acusaciones se materializa en el hecho de que solo 6 de los 134 detenidos fueron acusados y procesados por la producción o publicación de sus escritos. Ellos son Vedat Kursun, Ruken Ergün y Ozan Kılınç, del periódico kurdo Azadiya Welat; Erdoğan Altan y Kadri Kaya, de la agencia de noticias DIHA; y Bedri Adanir.
Sobre ellos se ha aplicado el concepto de prisión preventiva por el supuesto de que puedan ejercer ‘presión sobre testigos’, ‘destruir, ocultar o cambiar evidencia’ o fugarse. La tradición judicial turca, al igual que en América Latina, está acostumbrada a alojar tras las rejas a los supuestos delincuentes durantes meses, e incluso años, hasta tanto encontrar alguna prueba. El tiempo en prisión no será reconocido.
De los 104 periodistas sólo 27 han sido condenados, mientras que otros 34 fueron detenidos sin indicios sólidos. La condena de 23 reporteros, dos de ellos del periódico Azadiya Welat, ha sido establecida en 167 años y diez meses de prisión, otorgándoles así una esperanza de vida longeva, al tiempo que a otros 4 les condenaron a cadena perpetua.
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