Por: Sara Wiederkehr González – febrero 23 de 2012
Seis días de represión y brutalidad policial se vivieron en Valencia (España), luego de que el pasado 15 de febrero, la Policía atacara, con particular violencia, a decenas de estudiantes que participaban en una jornada de protesta pacífica por una educación digna y de calidad, y contra los recortes impuestos por el gobierno de Rajoy.
Las protestas de los estudiantes del Instituto de Enseñanza Superior ‘Lluis Vives’ de Valencia iniciaron el 25 de enero, debido a los recortes a la educación contemplados en las reformas con las que el gobierno del Partido Popular (PP) pretende frenar la crisis económica del reino de España, que llevaron a que ese centro de enseñanza haya tenido que pasar las bajas temperaturas del invierno sin calefacción. Por esto, cada miércoles, durante 10 minutos, los jóvenes han parado el tráfico frente a esta institución para protestar y explicar a la gente los recortes a los derechos sociales y la problemática específica de este centro educativo.
El miércoles 15 de febrero, hacia las 3 pm, cerca de 70 alumnos de ese instituto se tomaron la calle, después de haberlo discutido en la asamblea que se mantenía desde el lunes 13. Durante todo ese día y el martes 14, los estudiantes estuvieron parando el tráfico con bloqueos intermitentes de la calle e informando a la gente acerca de la situación precaria en la que se encuentran. Sin embargo, la manifestación pacífica de los jóvenes terminó con una desmedida acción represiva por parte de las fuerzas del orden españolas que, armadas con gases lacrimógenos y balas de goma, hicieron blanco en estudiantes de secundaria y transeúntes. La Fuerza Pública valenciana ha contado para estas acciones con la aprobación de la delegada de Gobierno, Paula Sánchez de León, del PP.
Estos abusos han despertado, desde entonces, actos de solidaridad en todo el Estado español con los estudiantes y llevaron a que las calles fueran tomadas por miles de personas que repudian la brutalidad policial y los recortes sociales impuestos por el gobierno de Rajoy.
El jueves 16 por la mañana, en una nueva jornada de protesta a la que el pueblo valenciano se sumó por los hechos violentos del día anterior, fueron detenidas seis personas. Frente a esto, se convocó una manifestación frente a la Delegación del Gobierno Valenciano en la calle Colom, que fue acordonada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía de España, que intentó dispersar a los manifestantes.
Ante su permanencia, la Policía no supo sino desplegar la violencia y detuvieron a otras dos personas, sumando 9 los detenidos por manifestarse pacíficamente por la situación precaria en la que está hundiendo el gobierno a la educación, tanto secundaria como universitaria. La jornada siguió con aliento, aunque herida y reprimida: entre 300 y 500 personas fueron retenidas en la calle por el cordón policial que les imposibilitaba marcharse y quería impedirles, al mismo tiempo, manifestarse por las detenciones arbitrarias de los días anteriores.
La represión llegó hasta el punto en que los uniformados realizaron una identificación masiva de los manifestantes, para luego tener la posibilidad de procesarlos por alteración del orden público, resistencia a la autoridad y manifestación ilegal. Algunos de los menores detenidos fueron liberados después de que sus padres y madres hicieron presencia en la comisaría. Para el domingo 19, en una nueva jornada de protesta, se contaban oficialmente con 43 estudiantes detenidos, 12 de ellos con cargos.
El lunes 20 la descarga fue mayor, así como el grito de los estudiantes, al que la sociedad española unida se sumaba. El martes 21 de febrero, la jornada de protesta fue nacional. Se protestó contra la descarga policial, contra la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad del Reino español, por la complicidad del gobierno y en clara solidaridad con los estudiantes de Valencia.
Por su parte, el jefe de la Policía de Valencia, Antonio Moreno, ante una pregunta sobre la fuerza desplegada respondió que no podía “revelar a mis enemigos cuáles son mis fuerzas”, refiriéndose así a quienes hacen legítimo uso de su derecho a la protesta. A su vez, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, defendió la actuación de la Policía, en una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE), señalando que “no hay que llevar las simpatías a los que atacan –refiriéndose a la solidaridad con los estudiantes–. Los agentes han sido violentamente agredidos y han actuado obligados por la violencia estudiantil. El Estado democrático es el único capacitado para realizar una acción legítima de fuerza, porque todo lo que sea una acción de fuerza que no sea ejercida por el Estado democrático significa una vulneración de la Ley y tiene que dar respuestas equilibradas”. Por su parte, el presidente de gobierno y miembro del PP, Mariano Rajoy, se limitó a declarar desde Londres que debía cuidarse la imagen de España ante el mundo.
Mientras tanto, en la capital valenciana miles de personas acudieron con libros a una manifestación que se congregó nuevamente frente a la Delegación del Gobierno y que luego se dirigió hasta la sede del PP, donde exigieron la renuncia de Sánchez de León por avalar la acción de la Policía. Por su parte, la delegada de Gobierno sostuvo que para evitar este tipo de ‘anécdotas’, los estudiantes debían “comunicar las protestas y manifestación por escrito”. Esta vez, no hubo presencia masiva de la Policía, contenida por el rechazo de la sociedad española, que ha comparado la confrontación en Valencia con la situación que se vivía bajo la dictadura fascista de Franco, y el debate que han suscitado en los medios las violentas acciones de los uniformados.
El 23 de febrero, en una nueva y masiva concentración en Valencia, se propuso extender la convocatoria de la huelga del próximo día 29 a la dimisión de la delegada de gobierno, del jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, y de los ministros de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, por el trato que le han dado a los hechos. Tanto ha sido el rechazo que incluso periodistas del canal 9 valenciano se han declarado en huelga por la forma como la cadena ha venido trasmitiendo los sucesos, minimizando los abusos de la Policía y silenciando las reivindicaciones de los estudiantes.
La represión policial no solamente se ha dado en las calles, hiriendo a centenares de personas. El doctor José María*, médico internista de urgencias del Hospital General de Valencia, denunció en un espacio del programa “Hablar por hablar” que le han prohibido a los doctores hablar con la prensa y que la policía ‘roba’ o modifica las historias clínicas de los heridos, que suman más de 30 y presentan, en varios casos, quemaduras de asfalto, como consecuencia de haber sido arrastrados por la calle, y contusiones en varias partes del cuerpo, especialmente la cabeza. Esta sustracción de los informes médicos, aparte de ser ilegal, impide que las personas tengan en sus manos un documento probatorio de las lesiones sufridas.
Sin embargo, las declaraciones de los funcionarios involucrados insisten en justificar la acción de la Policía como legal y legítima, en medio de una política de austeridad que, en todo el Estado español, profundiza los cierres de centros de atención médica inmediata, las rebajas de los salarios de profesores y trabajadores, el aumento de tarifas de transporte público y la facilidad para despedir empleados. Estas medidas y recortes han sido aplaudidas y bendecidas por la canciller alemana, Angela Merkell, quien a su vez las presentó como el ideal para sacar de la crisis económica a los países de la Unión Europea.
Ante estas medidas, que lejos de sacar al reino de la crisis agudizan la ya precaria situación de la clase trabajadora en su conjunto, los sindicatos se manifestaron la semana pasada, logrando movilizar a 500.000 personas en Madrid y Barcelona.
La lucha de los estudiantes en Valencia por una calefacción y por condiciones dignas para su educación se empieza a conocer hoy como la Primavera Valenciana, un hecho que no se olvidará fácilmente y promete movilizar a los valencianos, catalanes y españoles tanto alrededor de la situación de la educación como de la violencia policial, que ya se manifestó en los sucesos del 15M en Barcelona. Mientras tanto, Rajoy ha armado a la Policía con granadas y gases lacrimógenos, previendo las masivas manifestaciones que se darán respondiendo a la convocatoria de huelga general el 29 de febrero y, por otra parte, descarta –quizás ingenuamente– la revuelta social que posiblemente se derivará de los nuevos presupuestos, drásticamente reducidos para este período.
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