Por: Christian Peñuela – Junio 13 de 2012
Durante 13 días la Comisión Asturiana de Verificación de Derechos Humanos, una coalición de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, parlamentarios y sindicatos de esa comunidad autónoma del Estado Español, visitó Colombia por octava vez con el ánimo de evaluar la situación actual en Chocó, Cesar, Arauca, Magdalena Medio, Sumapaz y Bogotá. Luego de su recorrido, la comisión concluyó que “a pesar de los esfuerzos del gobierno y los sacrificios de las organizaciones sociales, perdura la crisis de los Derechos Humanos en Colombia”. Antes y durante su visita, varias organizaciones sociales fueron amenazadas y grupos paramilitares asesinaron líderes sociales.
Con el apoyo de distintas organizaciones colombianas defensoras de derechos humanos, de víctimas de crímenes de Estado, sindicatos, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, los miembros de la Comisión Asturiana accedieron a las realidades regionales sobre violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. El departamento de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas), la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccjar) apoyaron a los integrantes de esta misión internacional en la recolección de testimonios, denuncias e información sobre la forma en que sistemáticamente se continúan los actos de guerra y los atropellos en contra del pueblo en buena parte del territorio colombiano.
Al respecto, Tania Sánchez Melero, diputada de la Asamblea de Madrid, reiteró que hoy continúan las amenazas y asesinatos de líderes sindicales y defensores de derechos humanos en Colombia, así como el desplazamiento forzado de numerosas comunidades que se encuentran en zonas de importancia estratégica para el narcotráfico, el paramilitarismo y la explotación de recursos naturales, especialmente en aquellas relacionadas con grandes proyectos de minería y agroindustria de los que se benefician multinacionales del carbón, oro, palma, banano y petróleo.
Además de sus visitas a las comunidades afectadas por estos fenómenos, la Comisión Asturiana se entrevistó con representantes de la embajada de España en Bogotá, con funcionarios de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Pese a la actitud abierta al diálogo y al escrutinio público por parte del gobierno Santos, que según la comisión se diferencia abiertamente de la obstruicción a la labor de la Comisión Europea que caracterizó al anterior gobierno, la Comisión Asturiana afirma que, en Colombia, ante “la persistencia de problemas estructurales como la concentración de la propiedad de la tierra, la persistencia de actuaciones delictivas de los grupos armados ilegales, así como la ausencia de ciertos resultados en el objetivo de terminar con la impunidad, [se recomienda] mantener la vigilancia nacional e internacional de las situaciones referidas”.
Las conclusiones de la Comisión Asturiana guardan estrecha relación con el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia para 2011 y del VII Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares publicado en 2011 por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los cuales reconocen la crisis humanitaria que persiste en el país y las pocas acciones tendientes a solucionarla por parte del Estado.
Focos de atención
El análisis de la Comisión Asturiana se concentró en ocho temas: la continuación del fenómeno del paramilitarismo, el desplazamiento forzado como efecto del conflicto armado, la persistencia en los asesinatos y amenazas contra líderes sindicales, la situación carcelaria en el país, el descontento de la sociedad civil con los proyectos económicos de multinacionales y sus efectos en el medio ambiente y en los derechos humanos, las violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública en los departamentos de Chocó y Arauca, la impunidad en los procesos de restitución de tierras y la posible extinción de pueblos indígenas como los Sikuani, Macaguane y Embera.
Respeto a la situación de los prisioneros colombianos, la Comisión Asturiana no tuvo acceso a la Cárcel Nacional Picota de Bogotá y luego de visitar la cárcel de Valledupar la definieron como una “visita al infierno”: el acceso a agua potable es de diez minutos durante dos veces al día y en el penal hay 1.259 personas, mucho más de la capacidad que puede soportar, lo que llevó a comcluir a la misión internacional que las condiciones insalubres del centro penitenciario ponen en entredicho la capacidad y voluntad del gobierno para garantizar los derechos de los internos. Por otro lado, los presos denuncian que, cuando se atreven a realizar denuncias al INPEC sobre violaciones a sus derechos humanos, son víctimas de constantes torturas y de traslados a ciudades diferentes al lugar de domicilio de su abogado defensor y de sus familiares. Frente a esto, Tania Sánchez Melero fue enfática en decir que “la política carcelaria no puede ser basada en castigos y los traslados sólo deben ser utilizados para garantizar el acceso a condiciones dignas […] muchos de los reclusos que encontramos llevan más de ocho o diez años sin tener visitas de su familia”.
La Fuerza Pública también fue cuestionada por sus acciones. Se le atribuyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario en los departamentos de Chocó y Arauca por la instalación de infraestructura militar y la ubicación de tanques de guerra en caseríos y veredas, la presencia y permanencia de militares en escuelas y otras situaciones que generan grandes riesgos a la población civil.
De hecho, la propia Comisión Asturiana fue afectada por la presencia irregular de tropas en zonas pobladas por civiles. En el municipio de Arauquita (Arauca), tropas de la Brigada XVIII, encargadas de proteger la infraestructura petrolera de la que se beneficia la multinacional Oxy desde hace más de catorce años, impidieron el paso de los miembros de la misión humanitaria a una zona en la que intentaban entrevistar a líderes campesinos reclamantes de tierras de la región. Los soldados definieron al lugar como “terreno militar” y expresaron que “no respondían” por lo que pudiera suceder con “una bala perdida”.
Según la Comisión, existen pocos mecanismos compensatorios que las multinacionales entregan a las comunidades por la extracción de recursos donde se instalan ya que en un caso donde “una petrolera hablaba de más de 280.000 millones de dólares trimestrales de beneficio, las comunidades siguen encontrándose en situaciones de alta pobreza, sin infraestructuras adecuadas, sin acceso a la educación, sin acceso a la salud y se les está despojando de sus bienes materiales”. La delegación española se manifestó abiertamente al caso de la multinacional Drummond y la empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A (FENOCO) en la región del Magdalena Medio. Expresaron que la emisión de carbón en el aire producto de la circulación constante de vagones y camiones cada 30 minutos ocasiona problemas respiratorios agudos y prematuros a distintas comunidades de municipios del departamento del Cesar.
En julio de 2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) señaló que las multinacionales que hacen presencia en Colombia persisten en la extracción indebida de recursos naturales, las condiciones indignas de trabajo en las empresas internacionales y el uso de diversas modalidades de guerra sucia para multiplicar sus ganancias. Tanto en la sentencia del TPP como en el informe de la Comisión Asturiana se destaca que Repsol YPF, empresa española instalada en el departamento de Arauca, ha perjudicado al pueblo indígena Sikuane con la explotación petrolera en sus territorios, el deterioro ambiental que ésta ha producido y por operaciones militares, como la denominada ‘Borrasca 1’, que han afectado gravemente sus derechos humanos y sólo buscarían beneficiar a esa compañía. Igual sucede en el caso de las operaciones en el departamento del Chocó de Urapalma y su filial Multifruits SA, de propiedad de la transnacional norteamericana Delmonte, las cuales han sido denunciadas por haberse beneficiado de la expulsión masiva de comunidades afrodescendientes en la cuenca de Curvaradó por parte del Bloque ‘Élmer Cárdenas’ de las AUC y por tener vínculos con paramilitares que habrían garantizado los intereses económicos de estas agroindustrias.
Frente a la situación de los derechos y libertades sindicales, el informe de la Comisión Asturiana indica que una buena parte de los trabajadores sindicalizados de las multinacionales vienen siendo despedidos masivamente, mientras que a otros se les ha obligado a integrar sindicatos patronales, patrocinados por los empresarios, con el propósito de legalizar convenciones colectivas que impidan la defensa de derechos laborales que requieren y de promover medidas que vayan en detrimento de condiciones laborales justas.
Obstáculos en las denuncias y situaciones de amenaza
Según la delegación española, las inconsistencias entre la información suministrada por las instituciones estatales y las denuncias de las comunidades ponen en duda la veracidad y la calidad del trabajo de estas entidades. Al respecto, los activistas internacionales de derechos humanos resaltaron el asesinato de Manuel Ruíz Torregloza, líder de la cuenca de Curvaradó, y de su hijo de quince años ocurridos este año: existen contradicciones entre los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría frente a las circunstancias que acompañaron el crimen, además de la categorización ambivalente de los posibles grupos armados responsables, por cuanto en un caso se les califica de ‘Bacrim’ y en otro de ‘ organizaciones post desmovilización’.
Por otro lado, para la Comisión Asturiana no existe una adecuada sistematización de las denuncias que tienen el INPEC sobre la situación carcelaria de los reclusos, dado que es la misma institución la implicada en casos de vulneración de los derechos de los presos.
La Comisión Asturiana señaló, por otra parte, que se presentaron varias amenazas y asesinatos de líderes sociales antes y durantesu visita a Colombia, insitiendo en que no es la primera vez que se presentan estos crímenes. La delegación humanitaria recordó que, en septiembre de 2005, fue asesinado el sindicalista Luciano Enrique Romero Molina, quien hacía parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) y desarrollaba labores conjuntas con esa comisión para que se verificara la crisis en materia de derechos humanos que se vive en Colombia. De igual forma, durante esta última visita venían recibiendo el apoyo en seguridad del escolta Mao Enrique Rodríguez, de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas), el cual fue asesinado la noche del 27 de abril de 2012 por sicarios en el sur de Bogotá, justo dos días antes de que los activistas de derechos humanos asturianos iniciaran sus labores en el país. Además, se enteraron del asesinato Daniel Aguirre Piedrahita, secretario general del Sindicato Nacional de Corteros de Caña (Sinalcorteros), ocurrido el mismo 27 de abril, lo cual despertó temor entre la Comisión días previos a las visitas.
Posterior al asesinato de estas dos personas y durante las primeras labores que desarrollaban en el Sumapaz, el domingo 29 de abril, se enteraron de dos ejecuciones extrajudiciales recientemente efectuadas en esa región contra Uberney Celeita y Víctor Hilarión. En días siguientes se enteraron de la circulación de un panfleto de las Águilas Negras dirigido en contra de las organizaciones sociales que apoyaban a la Comisión Asturiana y donde se les indicaba a los voceros y líderes que están “entrometiéndose sublevando las comunidades para que reclamen tierras y demás supuestos beneficios disque por ser desplazados o víctimas del Estado, abusando de la enorme voluntad de nuestro presidente Santos, y que se oponen al merecido fuero militar de nuestros héroes de la patria [los] declaramos objetivo militar”.
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