Por: Christian Peñuela – noviembre 11 de 2012
El pasado 6 de noviembre se conmemoraron 27 años del holocausto del Palacio de Justicia y de la desaparición de 12 personas, entre quienes se encontraban empleados de la cafetería, funcionarios, visitantes de la sede del Poder Judicial y una insurgente del M-19, grupo que se tomó por la fuerza de las armas el palacio en 1985.
Los actos de conmemoración tuvieron lugar tanto en la Plaza de Bolívar, frente al nuevo edificio del Palacio de Justicia y en la Catedral Primada de Bogotá, mediante una misa precedida por el padre Javier Giraldo en homenaje a las víctimas. Adicionalmente, se realizaron diversas actividades políticas, artísticas y culturales con el propósito dee hacer memoria histórica y colectiva sobre los actos de violencia ocurridos en noviembre de 1985 y mantener el llamado de los familiares de las víctimas sobre la necesidad de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Durante el homenaje a las víctimas, se denunció la responsabilidad de las Fuerzas Militares en los delitos de lesa humanidad cometidos durante y después de la operación de retoma del Palacio de Justicia, al mando del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, la omisión del expresidente Belisario Betancourt para evitar lo sucedido y la impunidad dominante en el caso, dado que la Justicia hasta el momento no ha logrado avances significativos para que se sancione a los criminales.
Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, quien fue desaparecido durante la incursión militar, destacó que fue muy importante para los familiares de las víctimas hacer “un mural donde participamos nosotros, nuestros hijos y nietos, para plasmar lo sucedido mediante una línea del tiempo donde se mostraran la toma del palacio, todos los años de impunidad y la injusticia que hemos vivido en todo este tiempo”.
Las voces que no han silenciado
Próximos a cumplir tres décadas de lucha por la justicia, los familiares de los desaparecidos vienen relatando lo sucedido, año tras año, exigiendo la aparición de sus familiares o de sus restos, y buscando romper el silencio que se ha impuesto por el manto de impunidad que cubre todo el caso del Palacio de Justicia. Pilar Navarrete afirma que “no hemos sabido nada de nuestros familiares […] hacemos actos para que la gente se nos una y entienda qué significan todos estos años de vivir con nuestros familiares desaparecidos”.
En este arduo trabajo por la memoria, los familiares han sido objeto de amenazas y hostigamientos, que han buscado debilitar su lucha contra la impunidad. Pilar asegura que “varios familiares han tenido que salir exiliados del país, como René Guarín, y [se han presentado] otras amenazas, como sucedió con la juez que llevaba el caso hace algún tiempo, la cual fue destituida”. De igual forma, Pilar señala la constante obstrucción de la justicia por parte de los sectores que tradicionalmente han ostentado el poder en el país, como ocurrió con “las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a comienzos de este año, en respaldo al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega y rechazando su condena. Lo mismo sucedió con el presidente Juan Manuel Santos, el cual nos había brindado su apoyo para encontrar los restos de nuestros familiares en la conmemoración de los 25 años, realizada en el 2010, pero después se contradice cuando conoce la condena del general Jesús Armando Arias Cabrales y se va contra nosotros”.
Héctor Jaime Beltrán Parra, quien desde el 7 de noviembre de 1985 no sabe de la suerte de su hijo Héctor Jaime Beltrán Fuentes, una de las víctimas del Palacio de Justicia, relata que en estos 27 años de impunidad “venimos tocando puertas en todos los estamentos del Estado para que se haga justicia y para que el manto de sombra que cubrió este caso sea reparado”. También sostiene que, en su largo camino por conocer la verdad, los familiares de los desaparecidos han descubierto información suficiente para saber “que nuestros familiares no están vivos, porque tal parece que fueron torturados y masacrados vilmente, según lo indican varios procesos judiciales […] Fue un abuso del poder y de la fuerza lo que sucedió y se ha dicho que las Fuerzas Militares mencionaban por la radio que acabaran con todo lo que se moviera dentro del palacio, sin importar el gasto de munición y quienes estuvieran adentro […] el expresidente Belisario Betancourt estaba a 200 metros y nos preguntamos: ¿por qué no intervino? ¿por qué no evitó ese genocidio y esa masacre? La historia lo dirá”.
27 años de luchas en los tribunales
Los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia han denunciado con indignación el tratoespecial que reciben los militares condenados por los crímenes cometidos en este oscuro episodio de la historia colombiana. Según Beltrán, los pocos responsables de estos crímenes de lesa humanidad que han sido llevados ante los tribunales actualmente se encuentran recluidos “en lugares donde no hay rejas, porque gozan de beneficios que solamente son para los altos oficiales en servicio activo, tales como teléfonos, computadores, comedores especiales […] hasta han escrito libros desde su prisión y han tenido todos los medios a su alcance para dar sus opiniones personales y por eso ellos, como victimarios, tienen todos los derechos y nosotros, como familiares de las víctimas, no tenemos ningún derecho porque nos han pisoteado y somos un cero a la izquierda”.
Por estas razones, Jorge Molano, abogado de las víctimas, señala que en ningún momento han existido algún tipo de reclusión de los militares bajo condiciones que no vulneren a las víctimas ni a la sociedad. Molano afirma que “a pesar de que existen dos sentencias contra Luis Alfonso Plazas Vega y Jesús Armando Arias Cabrales, hay que tener en cuenta que son sentencias simbólicas porque, a pesar de que han sido llamados a ser privados de la libertad, conocemos que a Plazas Vega se le ha asignado como profesor de postgrados de la Universidad Militar. También sabemos que se le ha asignado como profesor de los cursos de acenso de oficiales y suboficiales del ejército colombiano […] esto nos dice que el Estado colombiano no tiene ninguna intención de sancionar estos actos y, por el contrario, [busca] favorecer a los victimarios”.
Según Molano, hasta el momento no se encuentra ninguna sentencia en firme contra estos uniformados. La condena en contra del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega se encuentra en revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero aún falta su confirmación. En el caso del general Jesús Armando Arias Cabrales, sobre quien pesa unasanción de 35 años de prisión, y del general Iván Ramírez Quintero, el cual fue absuelto por la juez 51 penal del circuito, se están presentando recursos de apelación por la defensa ante el Tribunal Superior de Bogotá. Menciona Molano que “esperamos se decida libre de presiones y libre de amenazas, a diferencia de lo que sucedió con el juicio del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, para que la justicia obre con libertad”.
Respecto a la defensa de las víctimas, el abogado Jorge Molano señala que son tres “recursos de apelación que se han interpuesto”, donde el primero consiste en una solicitud para que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega y para que el Tribunal Superior de Bogotá confirme la decisión de condena contra el general Jesús Armando Arias Cabrales. En segundo lugar, han apelado la sentencia que absuelve a Iván Ramírez Quintero y le han pedido al Tribunal Superior de Bogotá que analice las pruebas y revoque la decisión tomada para que se aplique una condena ejemplarizante. Y, como tercer recurso de apelación, han solicitado a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la tutela interpuesta para “proteger el derecho a la justicia que tienen los familiares, el cual se vé vulnerado ante la reclusión de una guarnición militar de las personas sentenciadas”.
Respecto al avance de otras investigaciones judiciales en contra de los militares implicados, Molano informa que “hay un último caso, que es contra los integrantes de la sección de inteligencia de la brigada B2, de Edilberto Sánchez Rubiano y otros que aún permanecen en etapa de juicio, debido a unas decisiones que han dilatado el proceso tanto por la Procuraduría General de la Nación como por la defensa de los militares”.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
no hablemos de alegria de las victimas porque el dolor de perder un ser querido en esas circunstancias debe ser tremendo. Hablemos de la justicia que se imparte en este pais a los 25 años estan juzgando a un militar mientras el grupo implicado en la toma del palacio – que lo unico que buscaba era quemar los archivos de los narcos fue perdonado de toda culpa.