Por: Camila Ramírez – abril 28 de 2009
El pasado 5 de abril, en las horas de la madrugada, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) fue víctima de una agresión por parte de hombres armados que sustrajeron documentos y teléfonos celulares de los familiares de las víctimas que se reunían, en esa fecha, en Chinauta (Cundinamarca).
Según denuncia la organización de víctimas, durante los días 3, 4 y 5 de abril de 2009 Asfaddes realizó una actividad de fortalecimiento y formación en torno al delito de desaparición forzada en Colombia, dirigido a los familiares asociados a la organización defensora de derechos humanos. El evento se llevó a cabo en el centro recreacional Tranquilandia, ubicado en la vereda Chinauta del municipio de Fusagasugá.
En la madrugada del domingo 5 de abril, varios hombres vestidos de negro ingresaron a tres de las cabañas donde se encontraban hospedados los integrantes de Asfaddes, provenientes de diferentes seccionales del país, llevándose papeles, celulares y bolsos de algunos de los asociados. La rápida acción de los familiares, las directivas y el acompañante de la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI) hizo que los supuestos ladrones huyeran del lugar.
Dentro del hecho ocurrieron muchas acciones que ponen en duda que se tratase de un robo. Los hombres entraron a las cabañas sin forzar las cerraduras y alumbraban los rostros de las personas que dormían, como si estuvieran buscando a alguien. Además, ni el administrador ni el celador del lugar respondieron nunca a los llamados y gritos de auxilio de los afectados. Después de lo ocurrido, nadie dio una explicación de lo sucedido.
El acompañante de BPI se comunicó con las oficinas de su organización en Bogotá, desde donde dieron inmediato aviso a la Policía para verificar los hechos ocurridos. Ante lo sucedido, los asistentes al evento partieron a sus regiones de origen, por temor a nuevas incursiones.
Asfaddes cuenta con medidas cautelares de la corte Interamericana de Derechos Humanos y, debido a esto, el gobierno colombiano debe garantizarle protección a sus miembros. Luego de la agresión, la organización interpuso una denuncia por amenazas y terrorismo en su contra, ante la Fiscalía General de la Nación, señalando que, desde su origen, ha sufrido constantes persecuciones, debido a su trabajo de defensa de los derechos humanos.
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