Por: Andrés Monroy Gómez – junio 8 de 2012
Una auditoría compuesta por nueve personas destacadas por su dedicación a la defensa de los derechos humanos en diferentes países presentó un informe y recomendaciones a la Corporación Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (Ccajar).
El escándalo montado a finales del 2011 sobre las contradicciones de testimonios en el caso de la masacre de Mapiripán, presentado por el CCAJAR ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, alentó el discurso de quienes ven a las organizaciones defensoras de derechos humanos como enemigas de un generalizado concepto de seguridad abanderado por la guerra total. Se llegó, inclusive, a calificar las acciones del Ccajar como propias de bandas criminales especializadas en estafar al Estado colombiano.
No podría haber mejor respuesta a estos señalamientos que la difusión pública del “Informe final y recomendaciones de la Comisión Internacional de Auditoría Social y Política a la Corporación Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (Ccajar)”. Esta comisión, compuesta por nueve personas reconocidas internacionalmente por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, realizó una visita de evaluación a esta destacada organización entre el 4 y el 8 de junio de 2012. Entre sus integrantes estaban los colombianos Nel H. Beltrán, obispo católico y gestor de iniciativas de paz, y Gabriel Izquierdo, sacerdote de la Compañía de Jesús y exdirector del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Los aspectos evaluados fueron “el trabajo de la institución, su legitimidad, transparencia, responsabilidad y los aspectos financieros, así como la situación de hostigamientos, señalamientos y difamaciones de que ha sido objeto en cumplimiento de su labor”.
Según el capítulo sobre “Verificación política” de la auditoría, en el “contexto de confrontación colombiana, se desarrolla una cultura de intolerancia, exclusión y marginalización. Hemos constatado que el Colectivo de Abogados dedica gran parte de su actividad a asesorar jurídicamente a sectores sociales, populares y personas jurídicas y físicas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, con la finalidad de alcanzar la verdad, la justicia, las garantías de no repetición y la reparación moral y material de las víctimas, y a erradicar la impunidad”.
El obispo suizo Josef Sayer, durante la presentación del informe, afirmó: “¿Qué sería de una auditoría si no hablamos con las víctimas y sus representantes?”. Siendo coherentes con esta postura para la elaboración del informe, la comisión “se entrevistó con víctimas, representadas por el Ccajar, de violaciones a los derechos humanos y defensores y defensoras de derechos humanos, así como con las más altas autoridades, entre ellas el vicepresidente de la República, el ministro de Justicia, la viceministra de la participación e igualdad de derechos del Ministerio de Interior, la coordinadora de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el director de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación, la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, el director de la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Nacional, así como expertos internacionales en derechos humanos en Colombia”.
Según Soraia Mendes, abogada y profesora de derecho penal en la Universidad Católica de Brasilia, de las conversaciones con las autoridades queda la duda de que Colombia sea realmente un Estado social de derecho. “Decir eso de Colombia, ante tantos testimonios de víctimas, es algo vacío”, anotó. Señaló, además, que la Constitución Política consagra unas exigencias para las autoridades, como el respeto por la dignidad de las personas y una pronta respuesta a los derechos de petición, que no se cumplen. Concluye la abogada brasilera que es clara la persecución política a diferentes sectores vulnerables de la población y también a los defensores de ellos, y que, por lo tanto, “no es posible pensar en un Estado social de derecho sin que se respete a los defensores de derechos humanos”.
El sacerdote peruano Gastón Garatea, asesor en temas de responsabilidad social, asevera que, a pesar de saberse que no toda reparación es posible, se busca que se erradique la impunidad por violación a los derechos humanos. Agrega que “pasa en nuestros países que los poderosos descalifican la legítima labor de los defensores de derechos humanos. En Colombia no se ha dejado voz a un verdadero pluralismo político […] El Ccajar, gran defensor de la gente, ha tenido momentos en que no tiene quién lo defienda a él […] No queremos pueblos como rebaños, queremos pueblos de personas dignas”, señala Garatea. A pesar de los ataques que ha sufrido la organización defensora de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó claro que ésta no incitó a ninguna persona a declararse como víctima. “De las respuestas dadas por las autoridades podemos afirmar que ningún miembro del Ccajar tiene causas judiciales pendientes”, concluyó Garatea.
Helen Mack, administradora guatemalteca, se refirió a la verificación financiera del Ccajar, resaltando que el dinero que se obtiene de las indemnizaciones es invertido en un fondo social para el autosostenimiento de la organización.
El resultado de la auditoria se plasma en una serie de recomendaciones dirigidas al Ccajar, al Estado colombiano, a los medios de comunicación y a la comunidad internacional. Es importante resaltar que al Estado se le pide que “inste a sus funcionarios públicos, y a los ciudadanos y las ciudadanas, [para] que se abstengan de hacer declaraciones difamatorias y deslegitimadoras en contra de los defensores y las defensoras de derechos humanos y, en particular, del Ccajar, y que al contrario se apunten a fomentar una cultura de paz y entendimiento mutuo en sus declaraciones públicas”, mientras que a los medios de comunicación se les invita a fomentar “una cultura de paz y entendimiento mutuo en sus declaraciones públicas sobre los defensores y las defensoras de derechos humanos, avalando la legitimidad y legalidad de su labor”.
La importancia de estas recomendaciones se hace evidente al escuchar o leer constantes señalamientos en contra de organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos e, incluso, afirmaciones que cuestionan y deslegitiman a las víctimas, sobre todo en la actual coyuntura de restitución de tierras.
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