Por: Ernesto Che Mercado Jones – junio 28 de 2012
La abortada reforma a la justicia colombiana, proceso que tomo dos años de debates en el Congreso, ha sido calificada de vergüenza por los ‘micos’ que le hubieran permitido a los servidores públicos investigados y condenados por la llamada ‘parapolítca’ eximirse de toda responsabilidad penal y política. Sobre la controvertida reforma hablamos con el abogado Eduardo Carreño, miembro de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización defensora de derechos humanos que lleva casos de repercusión nacional como el de Bernardo Moreno, el secretario privado del expresidente Uribe acusado de orquestar las interceptaciones ilegales que se realizaron desde el DAS a políticos, magistrados y periodistas.
Ernesto Mercado: –¿Por qué esta Reforma a la Justicia es una vergüenza para Colombia?
Eduardo Carreño: –Lo primero que hay que decir es que ésta es una iniciativa del presidente de la República que se tramita en el Congreso por su ministro de Justicia y su ministro del Interior, y que toda la responsabilidad política le corresponde a ellos por que diseñaron la reforma en lo fundamental, la tramitaron y asistieron a las reuniones de trabajo, sesiones en las comisiones y plenarias hasta el último momento.
Lo que queda por fuera de su actuación, hasta donde se tiene conocimiento, es lo que tiene que ver con la Comisión de Conciliación de los dos proyectos que fueron aprobados en el Senado y en la Cámara. Por lo que se conoce públicamente, no participó el ministro de Justicia sino los delegados de cada una de las cámaras y los secretarios privados de los mismos.
En consecuencia, hay que mirar dos aspectos fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con la responsabilidad política, en donde hay coparticipación del Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y los Verdes, estando todos metidos en la Unidad Nacional. Ellos son responsables políticamente por el contenido de la reforma constitucional.
Un segundo elemento tiene que plantearse en las responsabilidades penales que le corresponden a quienes aprobaron la conciliación, en donde, al parecer, se introducen elementos nuevos no discutidos en el Senado y en la Cámara, y ahí es donde entra una discusión que tiene que plantearse por diferentes niveles: [esto] tiene que ver con propuestas que se hacen para los secretarios de las Comisiones de Senado y Cámara, que adquieren unos privilegios exorbitantes en cuanto a asimilarlos a Congresistas, sean Senadores o Representantes, con las inmunidades que ellos tienen y con unas nivelaciones de sueldo, tanto legales como extralegales, que están por fuera de los parámetros que se han fijado o de los niveles salariales para los trabajadores del Congreso.
Hay algunos aspectos que hay que precisar. No entendemos cómo la conciliación se hace en el Club de Ejecutivos de Bogotá, cuando toda la información, todas las actas y lo que se aprobó en Senado y Cámara están en la sede de Congreso. ¿Los costos de esta reunión quién los pagó? Esto habría que precisarlo, ya que en el Congreso hay suficientes espacios donde reunirse sin que cueste un peso al Congreso ni a la Nación.
El otro elemento tiene que ver con la adición de normas que no fueron discutidas. Si esto lo hacen los miembros de la Comisión de Conciliación, [junto a sus] doce o trece secretarios privados, esto implica configurar elementos delictuosos. Por la información pública que hay hasta el día de hoy, se podría hablar de un concierto para delinquir agravado, de fraude procesal y de falsedad ideológica en documento público, porque las actas de Senado y Cámara son documentos públicos. Además, se puede estar hablando de un prevaricato, porque están profiriendo actos públicos contrarios a lo que se aprobó en las comisiones de Senado y Cámara; se puede estar hablando de un peculado, porque esto implica que nosotros, dentro del presupuesto nacional, pagamos dos años por lo menos para que tramitaran la reforma constitucional y al final, producto del fraude procesal, se introducen elementos que no fueron discutidos y eso anula estos actos legislativos. ¿Ese detrimento patrimonial del Estado quién lo va a pagar?
EM: –¿Esto quiere decir que en la manera como se hizo la Reforma a la Justicia es un hecho delictivo?
EC: –Lo que se hace en la conciliación son hechos delictivos, no el procedimiento que se hace en el Senado y Cámara para tramitar el proyecto de reforma a la Constitución, puesto que se hace de acuerdo a los parámetros legales.
EM: –¿Quiénes se beneficiaban de esta reforma constitucional?
EC: –En lo que tiene que ver con la administración de justicia, se están beneficiando los mismos senadores y representantes, en la medida en la que nunca se les va a juzgar y nunca van a perder su puesto. Por otro lado, se tramita por unos congresistas, senadores y representantes, que están siendo investigados penalmente por sus vínculos con el paramilitarismo en la Sala Penal de la Corte [Suprema de Justicia]. Ellos debieron declararse impedidos para tramitar los beneficios jurídicos que ellos aprobaron o podrían ser objetos de recusación. Eso implica que concertaron para tramitar beneficios para sí mismos y eso es un acto delictuoso.
Igualmente, si se concertaron [estos beneficios] con los Congresistas que ya habían sido condenados y la Reforma a la Justicia implicaba que ellos salieran en libertad, [ya sea] porque se anulaban los procesos o porque se les otorgaba la libertad por indulto, eso significa [que existió] un concierto [para delinquir] con los que estaban ya condenados y presos para salir en libertad. En el caso de los ministros que están siendo juzgados en la Corte, [también] ellos se beneficiaban automáticamente con esta Reforma Constitucional.
La reforma estaba hecha, a nuestro modo de ver, fundamentalmente por los intereses de clase de los sectores políticos representados en el Congreso. Esa reforma era para beneficio de ellos.
Adicionalmente, se intentó legislar para el grupo de agentes del Estado que están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad que afectaron al común de la población colombiana, al pueblo colombiano. Lo que lo que se aprobaba inicialmente llevaba implícito que se generasen procesos de impunidad mediante mecanismos de indulto, de amnistía o de actos inhibitorios o de cesaciones de procedimiento.
De la misma manera hay un interés concreto para controlar la administración de justicia por parte del presidente de la República. Lo que hemos visto es que la Constitución de 1991 se ha ido reformando paulatinamente y lo que formalmente existía como división de poderes se ha ido perdiendo y [el poder] lo va asumiendo cada vez más el presidente. En este sentido, esta reforma llevaba implícito que la Corte Suprema quedase cada vez más dependiente del presidente de la República, porque uno de los elementos que se le había impreso era la prórroga del mandato de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por cuatro años más.
EM: –Esta Reforma a la Justicia quitaba a la Corte Suprema de Justicia ciertas funciones que son claves en el proceso de la parapolítica. ¿Esto es conveniente para quién?
EC: –Eso beneficia directamente al los 132 ó 133 congresistas que están siendo investigados por la Sala Penal de la Corte por sus relaciones o vínculos con el paramilitarismo. Hasta donde tenemos conocimiento, 63 de ellos ya están condenados y presos, [mientras] el resto está en investigación.
EM: –¿La Reforma a la Justicia va de la mano con actos de corrupción en el gobierno?
EC: –Yo no me atrevería a [decir] tanto. Es decir, lo que sí hay son intereses concretos en el trámite de la Reforma a la Justicia y personas concretas que se benefician de esto.
Recordemos el caso de Bernardo Moreno, por el caso del DAS: tan pronto sale la noticia, automáticamente pide su libertad ante la Sala Penal de la Corte que lo está juzgando. Uno no puede decir que es casual que eso se dé. Hay unas relaciones que son manejadas por él directamente con el Partido de la U, fue él quien interceptó a la Corte Suprema de Justicia, a los políticos de oposición, a los grupos de derechos humanos, a las víctimas.
Si Bernardo Moreno se puede beneficiar con la aprobación de la reforma, pues detrás de él vienen los otros funcionarios del expresidente Álvaro Uribe y el propio expresidente Uribe, que también sería beneficiario de esto. Ahí es donde uno dice que hay intereses penales de los sindicados y los condenados para beneficiarse.
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