Por: Andrés Monroy Gómez – junio 27 de 2012
Culminado el primer semestre de 2012, llega el balance de los informes anuales sobre derechos humanos que reflejan la situación colombiana. De los documentos elaborados por organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), e informes estatales como el del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, surgen elementos comunes, tanto por su existencia como por su ausencia.
El común denominador de los informes citados, en cuanto al escrutinio de la conducta estatal y sus agentes, es el reconocimiento del cambio de discurso del actual gobierno frente al de su predecesor, Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010). Durante su mandato, Uribe desató una de las más enconadas campañas de desprestigio contra organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, periodistas críticos a su gobierno y todo aquel que cuestionara su política de ‘seguridad democrática’. Santos se ha mostrado más abierto al diálogo, sin que esto sea considerado suficiente para superar la grave crisis de derechos humanos en el país.
El reconocimiento a la situación de conflicto armado interno es uno de los elementos comunes de los cuatro informes. El conflicto colombiano, negado por el gobierno anterior y transmutado en una ‘amenaza terrorista’ al superponer criterios ideológicos a elementos objetivos del derecho internacional y de la propia jurisprudencia interna colombiana, es reconocido por Santos y esta situación puede ser una de las causas de la más recia oposición proveniente del expresidente, aunque le ha granjeado opiniones favorables al actual mandatario. El informe de la Oacnudh en Colombia señaló que el reconocimiento del conflicto armado por parte del presiente Juan Manuel Santos “facilita un diálogo franco y constructivo con la comunidad internacional, permite utilizar términos comunes para referirse a la situación del país y contribuye a la aplicación efectiva de la protección internacional”.
Por otra parte, la continuidad en las relaciones, por acción o por omisión, de integrantes de las Fuerzas Armadas con los paramilitares de las denominadas ‘Bandas Criminales’ (Bacrim) –surgidas como resultado de una equívoca política de desmovilización de los grupos paramilitares de derecha durante el periodo de Uribe Vélez– son tema de preocupación en los cuatro informes.
Human Rights Watch lo expresó en los siguientes términos: “[Los] grupos sucesores de los paramilitares, que en gran medida están liderados por miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas, han crecido en número y tienen actualmente cerca de 5.700 miembros, según cifras oficiales de octubre de 2011. El hecho de que miembros de la Fuerza Pública toleren a estos grupos es uno de los principales factores que hacen posible que conserven su poder. Al menos 180 policías fueron encarcelados durante 2011 por presuntos vínculos con grupos sucesores”.
Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. señaló que “el gobierno reconoció que algunos miembros de los exparamilitares siguieron activos en las bandas criminales organizadas”.
En el mismo sentido, Amnistía Internacional agregó que “los paramilitares, en ocasiones con la connivencia o aquiescencia de las fuerzas de seguridad, siguieron cometiendo violaciones graves de derechos humanos, como homicidios y desapariciones forzadas, y realizando operaciones de limpieza social en barrios urbanos pobres”.
Sumado a lo anterior, también se encuentra en los cuatro reportes citados la denuncia sobre la continuidad de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas en la jerga periodística como ‘falsos positivos’. Además, según los informes, la impunidad por violaciones a los derechos humanos y las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de políticos, jueces y periodistas críticos del gobierno aún no son hechos superados. Acogiendo los reportes del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Departamento de Estado señaló que “hubo al menos siete ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado durante el año [2011]”. Empeorando el panorama de estas violaciones, la Oacnudh reportó que “en varios casos, se observaron inconsistencias sobre lo ocurrido en las versiones de las autoridades militares, así como una tendencia por parte de algunos funcionarios a desprestigiar y estigmatizar a las víctimas, y a entorpecer la justicia”.
La liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) también ocupó un espacio importante en los informes anuales de Derechos Humanos. Actualmente, la justicia se ocupa de las denuncias de una estrategia de persecución, infiltración y estigmatización de defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados y políticos abiertamente críticos al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, orquestada desde el DAS, policía secreta dependiente directamente de la Presidencia de la República.
Salvo unas tímidas referencias, la evaluación sobre la situación de la libertad de expresión en Colombia no reflejó lo que las organizaciones de libertad de prensa denuncian constantemente. Amenazas, acoso judicial, censura, presiones económicas e intentos de homicidio son algunos de los factores que coartan el derecho de los periodistas a ejercer su oficio y el de la sociedad a recibir la información necesaria para formarse un criterio que le permita participar activamente en las decisiones que afectan al país.
El cambio de discurso del actual gobierno frente al conflicto armado, a pesar de reconocerse como un paso favorable, no tiene repercusión en el continuo accionar paramilitar, tampoco permite la solución negociada y menos aún evita las vulneraciones a los derechos humanos de los colombianos que, desde las organizaciones sociales, buscan la paz.
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