Por: Victoria Argoty – 23 de septiembre de 2010
Mientras la opinión pública se concentra en la excesiva publicidad sobre los bombardeos sumarios a nuestras selvas, diversos sectores de la sociedad civil buscan la solución al conflicto armado desde la perspectiva del esclarecimiento de la verdad sobre los hechos, la explicación de las causas estructurales de la violencia y la aplicación de justicia.
Es el caso de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que ha organizado, del 20 al 30 de septiembre, la “Semana por la Memoria”. A través de foros, conversatorios y lanzamientos, la entidad presenta el resultado de una serie de trabajos de reivindicación de la memoria de víctimas de las masacres y de investigaciones que buscan esclarecer las circunstancias que las rodearon, con el fin de crear una memoria incluyente, con la cual hacer justicia efectiva y, de esta forma, dar una posibilidad de reparación y vías de reconstrucción del tejido social destruido por la guerra sucia.
En la presentación del informe de la CNRR sobre la masacre de La Rochela se evidenció su objetivo principal: trascender el horror de los actos sanguinarios contra la población para mostrar la la estructura narcoparamilitar que fraguó y ejecutó el ataque sistemático al aparato judicial, como parte de una estrategia de guerra sucia con la que se buscaba debilitar las instituciones democráticas y apropiarse del Estado.
Dicha masacre fue perpetrada el 18 de enero de 1989 por hombres pertenecientes al grupo paramilitar denominado ‘Los Masetos’, quienes, según las investigaciones de la CNRR y del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, actuaron con la aquiescencia y colaboración de la Fuerza Pública. Fueron asesinados trece funcionarios judiciales que investigaban, entre otros casos, la desaparición de diecinueve comerciantes de la región del Magdalena Medio en octubre de 1987. Los atacantes se llevaron 23 de los 25 expedientes que llevaba la comisión e intentaron simular que el hecho macabro había sido obra de la guerrilla, pintando frases como ‘fuera el MAS, fuera paramilitares’ en los vehículos en los que se transportaban las víctimas.
Tras presentar un reporte sobre los hechos, el acto conmemorativo abrió el espacio a los testimonios de los familiares de las víctimas, que claman por la justicia que les permita superar el dolor, para poder encarar el presente y el futuro con perspectivas constructivas. En palabras de Carlos Andrés Mejía, hijo de uno de los funcionarios que hacían parte de la comisión atacada, “no envenenaremos la esperanza de nuestros hijos, no es necesario rendirse ante este dolor: debemos abrir los ojos del alma a las angustias del mundo”.
Este tipo de encuentros son una oportunidad única para poner en debate público las causas de las masacres más allá de sus perpetradores, así como la importancia social e histórica de impartir justicia verdadera, buscando establecer pilares sobre los cuales reconstruir el respeto a los derechos humanos. Es en estos espacios donde se escucha a quienes se vieron directamente afectados por las acciones de los diferentes actores armados y se evidencian las implicaciones institucionales de la naturalización de las maniobras de terror, así como sus graves efectos en la memoria colectiva.
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