Por: Christian Peñuela – julio 25 de 2012
Los indígenas del norte del Cauca, agrupados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), hicieron un llamado al país para que acompañe su exigencia de que los actores armados salgan de sus territorios, pues su presencia y la instalación de bases y campamentos no sólo los pone en riesgo permanente sino que vulnera su autonomía y va en contra del Derecho Internacional Humanitario.
Los pueblos indígenas resisten a la guerra
Actualmente, el Cauca cuenta con el patrullaje constante de aproximadamente 14.000 militares y un número desconocido de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep), que han concentrado su confrontación en los municipios del norte del departamento. Luego de los combates en Toribío; del desmonte de una base militar en Miranda, a manos de campesinos, y de otra en Toribío, por parte de la guardia indígena; y del asesinato de tres jóvenes indígenas por disparos de fusil al parecer provenientes de los militares, un sinnúmero de periodistas nacionales y extranjeros está a la expectativa del desenlace de la crisis humanitaria causada por el conflicto armado y manifestada por la resistencia indígena en los municipios de Jambaló, Toribío, Caldono, Caloto y Miranda.
Las organizaciones indígenas expresaron su rechazo por el asesinato del comunero indígena Eduar Fabián Guetio Bastos, joven de 20 años que fue víctima de disparos originados en un retén del Ejército Nacional ubicado en cercanías del resguardo La Laguna Siberia del municipio de Caldono, el pasado 18 de julio en horas de madrugada. Esta situación motivó a la comunidad y a la guardia indígena a retener a 36 militares, los cuales fueron conducidos desde el lugar de los hechos hasta la plaza central de Caldono, donde los familiares de la víctima y las autoridades indígenas realizaron un acto simbólico de castigo a los soldados, y finalmente los entregaron a la Defensoría del Pueblo del Cauca.
De igual manera, los líderes indígenas insistieron en que la posición que han asumido las comunidades es de neutralidad en la confrontación armada y que miente el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cuando asegura que los indígenas del norte del Cauca han desalojado a los militares de la base de Berlín en Toribío para colaborar con las acciones armadas de la insurgencia. En este sentido, destacaron el desalojo de guerrilleros en varios puntos del territorio indígena por parte de la guardia y el proceso, según su justicia tradicional, en contra de tres milicianos retenidos en el marco de la jurisdicción especial indígena, en la vereda Belén del municipio de Tacueyó, a quienes se aplicaron castigos de cepo y fuete en público por realizar actividades militares en sus territorios.
Respecto al anuncio del gobierno y de la Fiscalía sobre su intención de abrir procesos penales contra varios líderes indígenas, Juvenal Arrieta, consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), señaló que “le queremos decir a la sociedad colombiana que un acto de judicialización arbitraria contra los dirigentes indígenas del norte del Cauca es un acto ilegal y, por supuesto, de discriminación institucional en cabeza del Ministerio de Defensa y el presidente […] cuando la guardia indígena hace control territorial está contribuyendo a la construcción de un Estado democrático por la vía civil”.
En este sentido, las organizaciones indígenas aseguran que el gobierno viene incumpliendo las leyes nacionales e internacionales al desconocer la legitimidad propia de la autonomía indígena en sus territorios. Para las comunidades, se viene haciendo caso omiso de que el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional advirtió claramente que el conflicto armado en Colombia ha promovido el exterminio físico y cultural de los 87 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, de los cuales 34 están en riesgo de extinción étnica. Siete de los pueblos indígenas en mayor peligro se encuentran en el departamento del Cauca.
En su jurisprudencia, la Corte Constitucional consideró indispensable la realización inmediata de planes de salvaguarda y protección por parte del Estado dirigidos a estas comunidades indígenas, lo cual no ha sido implementado hasta la fecha. De acuerdo con Armando Valbuena, expresidente de la ONIC, “detrás de la agudización del conflicto armado están los intereses económicos de [empresas] multinacionales, agentes nacionales y grupos ilegales […] porque la minería se ha convertido en uno de los combustibles de los actores del conflicto armado”.
De igual forma, el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas exige que se consulte a las autoridades indígenas antes de realizar cualquier acción militar en sus territorios, lo que nunca se ha hecho con los nasa del norte del Cauca.
Por estas razones, las organizaciones indígenas exigen una visita extraordinaria del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, para que la crisis humanitaria del Cauca pueda ser verificada directamente por el ente internacional. Adicionalmente, exigen una audiencia extraordinaria para la evaluación e implementación de lo dispuesto en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional.
Crisis humanitaria y propuestas de paz
Según un estimado de la Consejería Mayor del CRIC, en tan sólo 18 meses se han presenciado 600 acciones armadas en territorios indígenas del norte del Cauca, cobrando la vida de centenares de indígenas entre las aproximadamente 2.500 víctimas civiles.
Antonio Navarro Wolff, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, afirma que es entendible la postura de los indígenas, dada la situación de los municipios del norte del Cauca, y que las comunidades en Toribío han presenciado más de 400 combates durante los últimos diez años y que, por esto, “deben sentir que no es eficaz la acción de la Fuerza Pública y que el Estado no los está defendiendo”.
Por su parte, Ana Deida Secué, gobernadora del resguardo Huellas de Caloto, afirma que la confrontación entre actores armados en los territorios indígenas ha puesto en grave riesgo a las comunidades. En este sentido, relata que “tenemos unos sitios de asamblea permanente dentro de las comunidades, como son las escuelas y los puestos de salud, y es ahí donde caen explosivos, como sucedió con la misión médica de la IPS en Toribío, con una enfermera y 12 niños heridos”, indicando en que en esta zona del departamento del Cauca la guerra “está desplazando en tan sólo un día a más de 300 familias y están dejando de ir a clases más de 4.500 niños, los cuales pierden una semana de clases por enfrentamiento”.
Debido a la situación de extremo riesgo que afrontan las comunidades indígenas por la intensificación del conflicto armado, diferentes organizaciones han asumido la necesidad de buscar a los distintos actores armados e impulsar diálogos regionales de paz, a pesar de que actualmente la Ley establezca que el presidente de la República es el único con autoridad para implementar procesos de negociación. La emergencia impuesta por los combates en Toribío del 7 de julio, que llevaron a que la enfermera de la IPS indígena perdiera una de sus piernas, dejaron 14 heridos, 40 viviendas afectadas y unos 800 desplazados, llevó a que la ACIN enviara una nueva carta a la guerrilla de las FARC, exigiendo la salida de sus combatientes de los territorios ancestrales, y a que la guardia indígenase lanzara al desalojo de campamentos guerrilleros y de puestos de avanzada militares ubicados en las tierras que les pertenecen a los pueblos originarios
Ambas acciones de resistencia se sustentan en la búsqueda de pactos locales que permitan mantener a la población civil, a los no combatientes, fuera de la confrontación de los actores armados para defender la vida e integridad de las comunidades. A pesar de los señalamientos por parte del gobierno y de la fuerte represión que la Policía y el Ejército han desatado en el norte del Cauca, las organizaciones indígenas recuerdan a quienes se enfrentan en sus territorios que no son bienvenidos allí y que, como afirma Ana Deida Secué afirma, “cuenten con nosotros para la paz y nunca para la guerra”.
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