Por: Andrés Gómez – enero 13 de 2012
Manuel Antonio Pequí, del resguardo indígena de López Adentro, coordinador zonal de la guardia indígena e integrante del Tejido Justicia y Armonía de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), fue detenido el pasado 4 de enero y acusado de los delitos de rebelión y terrorismo. Después de que la Fiscalía hiciera efectiva la captura, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional dejó 24 heridos al disolver violentamente una movilización de acompañamiento y negociación compuesta por miembros de la guardia indígena.
De acuerdo con el Consejo Regional Indígenas del Cauca (CRIC), existen 139 órdenes de captura vigentes contra líderes de los pueblos originarios por defender sus derechos, lo que agrava la crisis de derechos humanos que viven estas comunidades. Por esta razón, las organizaciones indígenas consideran que la detención de Manuel Antonio Pequí, “por la participación de las acciones legítimas del Berlín en Toribío y Jambaló”, afecta directamente el proceso de negociación que actualmente adelantan con el Gobierno Nacional, pues uno de los puntos más importantes dentro de las peticiones de los pueblos originarios del Cauca busca “evitar la judicialización contra comuneros inocentes, estigmatización y afectación contra la integridad física, cultural y social de los pueblos indígenas”.
Según un comunicado de la ACIN, durante la reunión del pasado 9 de noviembre, los representantes del Estado aceptaron que este asunto es de primera importancia para que se puedan lograr acuerdos y “manifestaron que dichos temas hacen parte de las garantías asumidas como compromiso por parte del gobierno para restablecer la confianza con las comunidades”, por lo que ven con preocupación que este caso sea el inicio de una persecución judicial que busque criminalizar a los líderes indígenas e impedir que estas negociaciones lleguen a feliz término.
El proceso contra Manuel Antonio Pequí es cuestionado por defensores de derechos humanos de la región y por las propias comunidades indígenas por la clara intención que, según interpretan, se tiene de criminalizar su participación en las acciones de protección territorial que viene llevando a cabo la guardia indígena para expulsar de sus territorios bases militares y campamentos guerrilleros a partir del pasado mes de julio.
La Fiscalía ha capturado a Pequí bajo el argumento de una supuesta relación de éste con alias ‘Tuki’, integrante del Frente VI de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, en agosto pasado, el comandante de la Fuerza de Tarea ‘Apolo’ del Ejército Nacional, general Jorge Humberto Jerez, dijo a RCN “en el norte del Cauca murió el sicario [número] uno de sexto frente de las FARC”, de quien dijo que se trataba de ‘Tuki’, quien llevaba 20 años con esa organización alzada en armas, por lo que se cuestiona que la información en la que se sustenta la acusación contra el líder indígena, cinco meses después de la muerte del guerrillero, sea producto de fallas de inteligencia o de un montajes por parte de las Fuerzas Armadas.
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