Por: Christian Peñuela – agosto 28 de 2012
Luego de que más de 2.000 guardias indígenas desalojaran a los militares que se habían instalado en sus territorios –en un puesto de avanzada construido de forma inconsulta por el Ejército en el cerro Gordo de la vereda Berlín de Toribío (Cauca)– y a los guerrilleros que operan en la zona, los grandes medios de comunicación, de propiedad de los más importantes grupos económicos del país, y el gobierno han lanzado toda una campaña de estigmatización contra las organizaciones y comunidades indígenas, promoviendo el racismo, la discriminación y la represión contra quienes hoy se movilizan en defensa de sus derechos, su autonomía y su cultura.
Armando Valbuena, expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), condenó recientemente “el racismo institucional y social que se vive actualmente en todo los niveles” en el país. Además, mediante comunicados, tanto el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como la Asociación de Cabildos de Indígenas Norte del Cauca (ACIN) han denunciado la existencia de movimientos anti indígenas en ese departamento del suroccidente colombiano, así como sus relaciones con grupos paramilitares y con funcionarios del gobierno.
La consejería mayor del CRIC, en un comunicado del 17 de julio, denunció que la manipulación mediática está afectando a las organizaciones locales del Cauca, luego de la presentación en el espacio de RCN Radio conducido por el exvicepresidente Francisco Santos de declaraciones de miembros de la derechista Organización Pluricultural Indígena de Colombia (OPIC) en las que se señalaba a las principales organizaciones indígenas del país como auxiliadoras de la guerrilla. Según el CRIC, el irresponsable manejo de la información practicado como propaganda negra “tiende a romper la convivencia ciudadana y afecta el derecho a la paz de los colombianos, siendo uno de sus principales objetivos crear condiciones de animadversión ciudadana y que permitan judicializar a comuneros indígenas, rompiendo el debido proceso, y colocar como objetivo militar a las comunidades indígenas que reclaman defensa y garantía de sus proyectos [de] vida y de sus procesos de autonomía territorial”.
En otro comunicado, del 18 de julio, la ONIC aseguró que existe una camaña a nivel nacional de “estigmatización, discriminación y señalamientos que hacen algunos medios de comunicación, políticos y sectores abiertamente anti indigenistas […] y que colocan en riesgo a las autoridades indígenas, la guardia indígena y las comunidades que hoy rechazan la violencia en sus territorios”.
Estos grupos y, en especial, la OPIC, cuya vocera Ana Silvia Secué encontró importante eco en los medios informativos de los principales grupos económicos del país con sus acusaciones en contra del CRIC y la ACIN luego del desalojo de los militares que se habían instalado irregularmente en el cerro Berlín de Toribío, han generado un ambiente de confusión en la opinión pública y de división del movimiento indígena, buscando cooptar a un sector minoritario de indígenas que no se acoge a la jurisdicción indígena, que rechaza tanto las formas de organización tradicional en los cabildos como la educación indígena y que se opone a la propiedad colectiva de la tierra que se ejerce en muchas de estas comunidades.
Según denuncias del CRIC, los orígenes de la OPIC se remontan a los años 70, cuando los terratenientes del Cauca conformaron diversas organizaciones en torno a sus propios intereses y para oponerse al movimiento indígena. Adicionalmente, señala la organización de pueblos originarios más antigua de Colombia que en el acta de constitución legal de la OPIC “aparecen registrados como fundadores varios mandos de la Fuerza Pública, funcionarios del gobierno Uribe y del gobierno Chaux […] El distintivo de su hoja membrete es un águila negra en descenso […] Uno de los directivos fue jefe de un reconocido grupo de autodefensas campesinas que operaba en la región y quién tiene varias investigaciones por participación en la masacre del Naya”.
En la recientemente instalada mesa de negociación entre los indígenas del norte del Cauca y el Gobierno Nacional, tanto la ACIN como el CRIC han exigido la cancelación de la personería jurídica otorgada por el gobierno de Uribe a la OPIC, cuando el cuestionado Fabio Valencia Cossio, exministro del Interior y de Justicia, presidió el acto de lanzamiento de la mencionada organización. Sin embargo, el gobierno Santos ha preferido no pronunciarse al respecto ni se han exigido claridades a Secué o a otros dirigentes de la OPIC por las denuncias que los vincularían con la ultraderecha caucana.
Mientras tanto, la campaña mediática contra el movimiento indígena continúa. Responde a sectores que, por décadas, han querido mostrar a la opinión pública colombiana que los procesos de defensa de la autonomía indígena y de los derechos de estas comunidades corresponde a una intención ‘separatista’ o de colaboración con ciertos actores armados. El movimiento indígena, por su cuenta, ha definido que continuarán las acciones en defensa de sus territorios y que buscarán, a como dé lugar, los escenarios que permitan la realización de procesos regionales de paz que incluyan a todos los actores armados y permitan defender la vida y los derechos fundamentales de los pueblos originarios frente al conflicto armado.
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