Por: Andrés Monroy Gómez – julio 17 de 2012
En medio de la crisis humanitaria que padecen los indígenas del norte del Cauca, éstos decidieron enviar sendas comunicaciones a las partes que se disputan por la vía armada sus territorios: Estado y guerrilla. Al día siguiente, la respuesta del Estado llegó convertida en gases lacrimógenos.
El contenido de las cartas enviadas al presidente Santos y al comandante de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep), Timoleón Jiménez, se traduce en una referencia intachable a los argumentos de las poblaciones indígenas sobre su política de resistencia civil y pacífica frente a todos los ejércitos enfrentados en el conflicto colombiano. Son comunicaciones públicas y directas, sin intermediarios ni sofismas que desorienten a los lectores.
“La estrategia del Estado ha sido y será un fracaso”
Las autoridades indígenas del Cauca, agrupadas en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ‘Cxhab Wala Kiwe’ (ACIN) y el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), enviaron una carta dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos, desde su posición de “paz, dignidad y autonomía, y con el respeto que mantenemos por todos los actores políticos del país, indispensable para lograr la paz”.
En esta misiva, los indígenas le recuerdan al Estado que su petición fundamental es el “derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, retomando en su justificación varios instrumentos jurídicos internacionales, aceptados por el ordenamiento jurídico colombiano.
Recalcan los indígenas que sus peticiones de autonomía molestan tanto al Estado como a la insurgencia “pues la autonomía es contraria a cualquier modelo territorial o político que pretenda uniformar desde afuera o desde arriba a las comunidades, o que no cuente con nosotros”, por eso, concluyen, “la estrategia del Estado ha sido y será un fracaso”
Los indígenas asumen el conflicto armado como “una enfermedad crónica sin otro destino que degradarse diariamente”, recordando que sus territorios han sufrido esta confrontación desde hace 50 años, en los cuales el Estado ha implementado toda suerte de estrategias militares, fallidas en su totalidad.
La frustración causada dentro de los estamentos oficiales los ha llevado a acusar a la población y a las organizaciones indígenas de proteger a la guerrilla, desconociendo, de esta manera, a todos los indígenas integrantes de las comunidades que han resultado víctimas dentro de las comunidades asesinados en medio del conflicto: más de 60 muertos en los últimos tres años y casi 600 damnificados son el saldo dejado por un conflicto que no es de ellos. “Pero a alguien de su gobierno se le ocurrió que proteger la vida de los indígenas no era importante”, agregan en la carta.
Una de las propuestas presentadas por los indígenas al Gobierno Nacional es el “respeto a los diálogos humanitarios realizados por las autoridades indígenas con los actores armados”. Esta propuesta surge de propia experiencia de los pueblos indígenas, que les ha demostrado que las operaciones militares desplegadas por diferentes gobiernos no han servido para proteger su vida e integridad sino que han terminado vulnerando sus derechos fundamentales, por lo que para ellos resulta más efectivo adelantar conversaciones directamente con los actores armados que operan en sus territorios. Las principales exigencias que hacen a todos los actores armados –Fuerza Pública, guerrilla, paramilitares y crimen organizado– son: no reclutar menores; no ejercer violencia sexual contra las mujeres; no utilizar armas de efecto indiscriminado, tales como los tatucos, pero también los bombardeos y ametrallamientos; y respetar la autonomía plena las organizaciones indígenas y sus formas propias de gobierno y justicia.
Concluyen su comunicación a Juan Manuel Santos recordándole que en 2011 pidieron al gobierno que la reconstrucción de Toribío, Corinto y Caldono “fuera rápida y digna, por parte de la comunidad, mediante procedimientos civiles, sin involucramiento militar”. A pesar de la claridad de esta petición, importantes zonas de estas poblaciones siguen destruidas o bajo constante intervención militar en la cotidianidad civil, creando un ambiente de riesgo para los habitantes de esos municipios. “La respuesta del gobierno a las víctimas de la violencia política no puede utilizarse para propósitos de propaganda institucional”, afirman los indígenas.
Sobre el conflicto armado, la interpretación hecha por las autoridades indígenas es contundente: “resulta claro que en el curso de esta guerra el Estado no podrá exterminar a la insurgencia y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz”.
“No queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército, porque estos territorios son nuestros”
Las autoridades indígenas del norte del Cauca también enviaron una carta a Timoleón Jiménez, comandante de las FARC. En ella recalcan que los pueblos indígenas no le han declarado la guerra ni a la guerrilla ni al Estado y que sus acciones son cuidadosas para no darle ninguna ventaja militar a ninguno de los actores armados. Así, los indígenas garantizan su estatus de persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario.
De la misma manera, le recuerdan al comandante de las FARC que desde la Declaración de Vitoncó, en 1985, las organizaciones indígenas afirmaron que no aceptan a las fuerzas guerrilleras en los territorios indígenas. “No queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército, porque estos territorios son nuestros desde tiempos inmemoriales. Si hoy están dentro de la República de Colombia es porque desde la Conquista española nos las han venido robando”.
La presencia de las fuerzas guerrilleras es considerada como un factor innecesario que, además, genera intranquilidad e inseguridad para la comunidad pues “la guerrilla no nos protege de los atropellos de la Fuerza Pública: cuando llega el Ejército los guerrilleros se van y se cuidan entre ellos. Tampoco impiden que lleguen las transnacionales, [pues] para conseguir los recursos que sostengan su ejército, hacen acuerdos con ellas”.
Las peticiones son claras: “salgan de los territorios indígenas del Cauca, aléjense de los sitios poblados y de vivienda, no ataquen más a la población civil, no realicen más ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar sólo a la Fuerza Pública, no usen armas de efecto indiscriminado como los llamados tatucos o las minas antipersonales, no se atrincheren en las casas, díganle a los milicianos que no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias”.
Concluyen esta comunicación de la misma manera en que lo hicieron en la carta enviada a Juan Manuel Santos: “Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra”.
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