Por: David Bernal y Andrés Monroy – agosto 11 de 2012
El pasado 12 de julio, centenares de indígenas emberás realizaron un plantón en el Parque Santander de Bogotá por el reiterado incumplimiento de acuerdos de parte del Gobierno Nacional. Desde hace más de dos años a los emberá desplazados en la capital se les prometió el retorno a su territorio con unas garantías básicas para tener una vida digna. Un mes después de la protesta, la situación no ha cambiado.
Desde hace más de 50 años, los indígenas emberá han tenido que desplazarse de sus territorios en el occidente y el norte de Colombia por causa de los intereses económicos de terratenientes que se fueron adueñando de sus tierras y por la acción de los ejércitos privados que se encargaron de asegurar esos intereses y de expulsarlos a la fuerza.
El desarrollo del conflicto armado trajo consigo a diferentes grupos armados y, en particular, al paramilitarismo a los territorios emberá, mientras grandes empresas desarrollaban grandes proyectos de infraestructura y descubrían las riquezas mineras que yacen bajo el suelo de las zonas que han habitado desde antes de la Conquista. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en 2009, más de 2.000 emberá habían sido vícitmas de desplazamiento forzado, a consecuencia de distintos crímenes de lesa humanidad cometidos en su contra. En su mayoría, los indígenas desplazados de estas comunidades han migrado a las grandes ciudades del país, en particular a las del Eje Cafetero, Medellín y Bogotá.
Como es de esperarse, perder su territorio ha traído consecuencias nefastas para los emberá. Su tejido social se ha venido perdiendo y, de esta forma, sus costumbres, sus prácticas ancestrales y, en general, su memoria. En cuanto a lo económico, Libardo, uno de los líderes de los emberá en Bogotá, asegura que deben emplearse desde la informalidad, trabajando en ventas ambulantes, lavando automóviles o pidiendo limosna, entre otras actividades. Adicionalmente, se han visto forzados a alquilar habitaciones por días en inquilinatos para poder sobrevivir y su alimentación también se ha visto afectada porque aquí no pueden comer lo que acostumbran.
Por supuesto, estos cambios culturales y las dificultades económicas que enfrentan los emberás desplazados han afectado profundamente su salud, lo que se agrava por no contar con una adecuada asistencia médica. En su mayoría, estos indígenas no están inscritos en el Registro de Población Desplazada, por lo que no cuentan con cobertura hospitalaria ni EPS o Sisben. En muchos casos, para enfrentar las enfermedades, sólo pueden usar su medicina tradicional, limitada también por estar lejos de sus selvas originarias, y esto los lleva a poder acudir apenas a los hospitales por urgencias o a tener que sufrir en silencio las enfermedades, muchas veces en condiciones infrahumanas.
De acuerdo con el líder emberá chamí Gerardo Jumí, entrevistado en agosto de 2011 por la periodista Helda Martínez, cuando el presidente Juan Manuel Santos asistió al II Congreso de la Nación Emberá, realizado en octubre de 2010 en el Valle del Cauca, dijo reconocer la situación de las comunidades emberáe insitió en que su gobierno debía “enfatizar en el respeto y garantía de los derechos humanos, el diálogo y las consultas previas sobre hechos que nos afecten, como ordena la Constitución”. En la actualidad, no ha habido cumplimiento por parte del Gobierno Nacional ni la Administración Distrital.
Por esta situación, los más de 540 emberá katío y chamí que se encuentran desplazados en Bogotá se congregaron en la carrera 7 con calle 16, el pasado 12 de julio, exigiendo al Gobierno Nacional el cumplimiento de los pactos realizados desde hace dos años. Las justas reclamaciones de los indígenas fueron respondidas con una desmedida presencia de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía que, según advirtió la Organización Nacional Indígena de Colombia, intimidaron a los manifestantes con tal de que se disgregaran.
A pesar de esto, el plantón de los emberá desplazados permitió que el Gobierno Nacional y la Administración Distrital accedieran a sentarse a negociar nuevamente con los indígenas. Gracias a esto, lograron que se les brindaran dos albergues provisionales en el centro de la ciudad, donde se ubicarán hasta que puedan emprender el retorno a sus tierras que se garantizaría en un máximo de tres meses, según los funcionarios que participaron en la reunión.
Libardo afirmó enfáticamente que la petición central es el retorno de los emberás a sus territorios y reubicación de los que no puedan hacerlo para restituir sus derechos, con una fecha pactada y de obligatorio cumplimiento. En lo inmediato, exigen seguridad alimentaria, vivienda, salud y apoyo en sus proyectos productivos para asegurar la subsistencia. A mediano plazo, reclaman educación, electricidad y fortalecimiento organizativo.
“Hay un cansancio de la ciudad. No es nuestra vida: lo nuestro es la naturaleza, es nuestra cultura. Acá no podemos ser lo que somos. Nuestra idea, además del retorno, es una vida nueva”, dice Libardo y resalta que los emberás exigen ser reubicados de inmediato porque no soportan vivir más en Bogotá por la indiferencia de la gente, por la dificultad para emplearse y, principalmente,por encontrarse fuera de sus territorios.
Adicionalmente, los indígenas denuncian que es claro que hasta el momento las autoridades no les han brindado ni la seguridad ni las grantías necesarias para regresar y, como siempre ocurre en estos casos de desplazamiento forzado, el miedo al retorno persiste y algunos de ellos no desean emprender el camino de vuelta a sus tierras originarias, dado que en ellas operan distintos grupos armados, especialmente paramilitares.
Los emberás desplazados siguen esperando que esta vez sí se cumplan las promesas del gobierno, dadas las condiciones en las que tienen que vivir en la capital. Por esto, Libardo no duda en afirmar que “si el gobierno no garantiza lo que estamos pidiendo, habrá otro plantón. Esta protesta fue necesaria porque no nos escuchaban”.
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