Por: Andrés Gómez – diciembre 12 de 2018
Juan*, un guardia indígena awá del resguardo Palmar Medio Imbí del municipio de Ricaurte (Nariño), recibió una llamada el 2 de diciembre apenas 30 minutos después de la medianoche. Le informaban que había un hombre herido al frente de la casa de otro de sus compañeros, quien recibirá la responsabilidad de ser coordinador de la guardia en 2019. Al llegar allí, encontró que habían asesinado a Héctor Ramiro García, reconocido líder de la zona y uno de los fundadores de las dos organizaciones que reúnen al pueblo awá en Colombia y, desde hace tres décadas, han luchado por su unidad y autonomía: la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari).
Héctor García fue un hombre vital para la lucha del pueblo awá, gracias a su dedicación y determinación por mejorar sus condiciones de vida, preservar su cultura y construir su autonomía. Para Juan era muy impresionante ver que lo asesinaron en el mismo resguardo en el que luchó la mayor parte de su vida. El 4 de diciembre, durante el funeral de sus líderes, Juan afirmaba que con este crimen “nos arrancan el corazón de nuestro resguardo y el corazón de nuestras organizaciones […] Héctor era nuestro puntal fundamental para los jóvenes y el proceso de formación de la lucha”.
Pero, los asesinos de Héctor García no solo atentaron contra él ese día. Juan recibió otra llamada en la que le avisaban que también habían asesinado a Braulio Arturo García y que su cuerpo estaba en la Casa de Pensamiento del resguardo. Corrió hacia ese lugar y, con tristeza, vio que era cierto: habían matado también al hijo de Héctor, a quien la comunidad acababa de elegir gobernador para iniciar su periodo en 2019.
El dolor se multiplicaba de forma insoportable y los asesinos les reservaban aún más desgracias a Juan y su pueblo. Ese mismo día también dejaron con heridas de bala a cuatro personas de la comunidad: Miguel García, coordinador de la guardia indígena; Gilberto y Gerardo Nastacuás, ambos integrantes de la guardia, así como el comunero Juvenal Torres. Intentaban perpetrar una masacre.
Para la comunidad es claro que los asesinos se movieron cómodamente por el resguardo y que no les fue difícil asesinar a dos miembros de una familia para luego atentar contra otros cuatro líderes indígenas. Asimismo, que tras lo cruento del hecho hay un mensaje claro: quieren destruir el proceso social y político de resistencia del pueblo awá a sangre y fuego, llenar a la gente de miedo y evitar que sigan organizándose para defender sus derechos, su territorio y su cultura. No es casualidad que estos crímenes hayan ocurrido justo después de que, el 1 de diciembre, se reuniera la asamblea de las dos comunidades que conforman el resguardo y en ella se eligiera por voto popular a las autoridades tradicionales del cabildo, entre ellos Braulio Arturo. Según testigos, durante este acto se vio merodeando a hombres armados.
Es tal la saña contra los awá que el mismo día de los crímenes, el sábado 1 de diciembre, también fue asesinada con un disparo en la nuca Lola Cortés, una menor que quedó huérfana debido a la masacre de Tortugaña Telembí, ocurrida en 2009 en Barbacoas (Nariño), y, el 8 de diciembre, Lidia Gómez, gobernadora del resguardo indígena Alto Cartagena, fue víctima de un atentado estando dentro de su casa, ubicada en el casco urbano del municipio de Ricaurte.
Ante estos crímenes, los awá decidieron cerrar la vía que comunica a Pasto, la capital del departamento de Nariño, con el puerto de Tumaco el día 4 de diciembre, demostrando que tienen capacidad para defender la autonomía de su territorio y que no se van a dejar intimidar por los asesinos, al tiempo que llamaban la atención de los colombianos sobre la situación de sus líderes.
No obstante, las amenazas que se ciernen sobre los awá no paran allí. El acoso es tal que, durante el funeral de los líderes asesinados, hubo denuncias de que personas con armas largas hacían presencia apenas a media hora del resguardo por esa misma carretera y, hacia las 2:30 pm de ese martes, se pudo ver pasar por allí a tres hombres con armas escondidas debajo de camisetas deportivas.
Lastimosamente, la respuesta del Estado no va acorde a las necesidades de los awá. Solo hasta el 5 de diciembre, en el consejo de seguridad convocado por sus autoridades tradicionales en el colegio del resguardo Palmar Medio Imbí, hicieron presencia allí delegados de la Defensoria, la Fiscalía, el Ejército, la Policía, el Alto Comisionado para la Paz y la Unidad Nacional de Protección, así como la MAPP-OEA y Naciones Unidas. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, llegó dos horas tarde y se vio forzado a pedir disculpas por las declaraciones de los militares sobre el caso. En la reunión, los awá exigieron al Estado respuestas claras en materia de atención a las víctimas, información sobre la situación de seguridad, informes sobre el avance de las investigaciones y garantías para las personas amenazadas y en riesgo.
Sin embargo, la búsqueda de la autodeterminación en Colombia demanda retos que cuestan la vida. Los awá han encarado el abandono del Estado, viven en medio de extensas zonas de cultivos de coca manejadas por los narcos, soportan la guerra contrainsurgente y ven sus territorios convertidos en corredores militares y de comercio ilícito por todos los actores armados. Esto hace que sus resguardos, sus sitios sagrados y su forma de vida se vean amenazados. Hoy, en los territorrios ancestrales de los awá operan los grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares y la Fuerza Pública, cuya presencia pone en grave riesgo a este pueblo originario que se extiende a ambos lados de la frontera con Ecuador.
A los asesinatos sistemáticos, los atentados y las continuas amenazas, que se convierten en una cruenta forma de exterminio, se suma el Estado al ser incapaz de protegerlos. Juan, quien encontró los cuerpos, también está amenazado y entiende muy bien cómo funciona esta combinación de agresiones y abandono:
Me encuentro en peligro, pero no son solo los líderes sino toda la comunidad: todos estamos en riesgo. Es un resguardo pequeño [117 familias] y nos están matando a los líderes. Nos quieren exterminar como resguardo, como pueblo indígena y como jóvenes emprendedores de este proceso organizativo.
Adicionalmente, en la madrugada del martes 27 de noviembre, pocos días antes de estos crímenes, el Bloque Sur del grupo paramilitar Águilas Negras hizo circular en el municipio de Tumaco un panfleto en el que amenazan a varios líderes sociales y les dan “sentencia de muerte”.
¿Quién planeó estas muertes? ¿Quiénes participan de este lento genocidio contra los awá? ¿Quiénes son esos hombres armados que aparecen sin ser invitados en los actos colectivos de este pueblo originario? ¿Por qué pueden actuar con tal comodidad los asesinos, a pesar de la alta militarización del territorio? ¿Por qué el coronel Giovanny Gerardo Pérez Arturo, quien entonces ejercía de comandante encargado de la XXIII Brigada del Ejército, dijo a los medios que estos asesinatos no tienen móviles políticos y que se originaron en una riña entre familiares?
Una militarización peligrosa o incompetente
El pueblo awá tienen medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010, pero estas no detienen los asesinatos. A los awá en Colombia se les está exterminando. De acuerdo con Camawari, 13 personas de sus resguardos han sido asesinadas en 2018, 8 de ellas en los últimos tres meses; mientras la Unipa reporta 22 homicidios contra integrantes de sus comunidades este año.
Estas cifras contrastan con la alta militarización. El resguardo Palmar Medio Imbí, en el que ocurrieron los hechos, queda entre el municipio de Ricaurte, al oriente, y el corregimiento de Llorente, hacia el occidente. Ambos centros poblados tienen estaciones de Policía y hace años patrullan el área de Ricaurte las brigadas móviles 32 y 35 del Ejército, así como la Fuerza de Tarea Pegaso; mientras en Llorente hace presencia la Fuerza de Tarea Hércules, que hoy cuenta con: 6.000 combatientes del Ejército, 2.000 de la Armada, 1.000 de la Policía y mas de 500 de la Fuerza Aérea, sin contar sus unidades de Policía. Sin embargo, el día de estos crímenes el área de Ricaurte estaba más militarizada que la de Llorente, donde se supone que ocurrió el asesinato de tres periodistas ecuatorianos en abril, dado que, el 26 de noviembre, el ELN dinamitó un tramo del oleoducto Transandino que lleva combustibles hacia el puerto de Tumaco, dejando un importante derrame de hidrocarburos.
Estos asesinatos reafirman lo que saben bien los indígenas: que la Fuerza Pública no sirve para proteger a los awá ni a las poblaciones ubicadas en las zonas de conflicto. Pareciera que su competencia se reduce a cuidar la infraestructura petrolera y ejecutar la fracasada política contrainsurgente y antidrogas del Estado colombiano, teniendo como objetivo a este pueblo. Desde hace años el Ejército ha acusado a los awá de Ricaurte de servir a los intereses del ELN y, tras conocerse este hecho, el coronel Pérez no dudó en decir que “se presenta una riña entre algunas familias del cabildo, producto de esta riña hay dos muertos y cuatro heridos”
Al respecto, Jaime Caicedo Guanga, asesor jurídico de Camawari y miembro de la Comisión de Paz del Pueblo Awá ante el Gobierno Nacional, aseguró que la versión del militar “es una vil mentira, quiere confundir a los medios”, a lo que agregó Rider Pai Nastacuas, consejero mayor de la Unipa, que “con esas declaraciones quieren hacer creer que ahora nos estamos matando”.
Sin embargo, el acoso de las autoridades no se ha limitado a estas cuestionables declaraciones. El 1 de diciembre, mientras una comisión del pueblo awá dialogaba con funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja, un grupo de tres militares se detuvo frente a ellos, generando una evidente intimidación entre los indígenas, y, el 2 de diciembre, el Ejército entró sin permiso al vecino resguardo de Alto Ulbí Nunalbí, afiliado a la Unipa, afirmando que lo hacían motivados por el asesinato de los líderes de Camawari.
Los awá tienen razones de sobra para estar prevenidos frente a la Fuerza Pública: la protección que les ofrecen los uniformados es prácticamente nula, reciben constantes señalamientos de su parte y se sospecha de su participación en las masacres y asesinatos de los que han sido víctimas.
Además, no están de acuerdo con el manejo que policías y militares le han dado a las operaciones de erradicación forzosa de plantas de coca, en los que son frecuentes las agresiones a los civiles y no se ofrecen planes viables para sustituir estos cultivos y que la gente pueda vivir de otra cosa. En el área cercana al resguardo Palmar Medio Imbí hay sembradíos de coca de colonos que no han devuelto su territorio a los indígenas y también de personas awá que, ante la falta de mercados, carreteras y centros de acopio para otros productos, terminan recurriendo a esta labor ilegal para poder vivir. Esta es una realidad que no se resuelve militarizando, arrancando los arbustos y arrojándoles glifosato: el 90% de la economía de la región depende del tráfico de cocaína hacia el extranjero.
Por esto, los awá se ha opuesto a la militarización del territorio que el Gobierno Nacional les propone como forma de protección, dado que esto vulneraría su autonomía, los pondría como objetivo militar de las guerrillas y no les daría alternativas para manejar el problema de la coca diferentes a la erradicación forzada y la aspersión de veneno.
Resistiendo al miedo
Mientras la Fiscalía no actúe de forma rápida y efectiva para esclarecer estos crímenes, de la mano de la justicia indígena, la posibilidad de que los uniformados estén involucrados sigue estando latente, tanto como que la responsabilidad sea del ELN, de las disidencias de las Guerrillas Unidas del Pacífico o el Frente Oliver Sinisterra que se encuentran en abierta confrontación militar con el Estado, de los colonos que se resisten a salir del territorio awá o de las mafias que se han apropiado del mismo.
Así las cosas, la situación de los awá luego del proceso de paz es más dramática que durante la guerra, como afirma Clara*:
En algún tiempo sabíamos qué grupo operaba en nuestro territorio, pero en el momento desconocemos qué grupos están incursionando […] Desconocemos la procedencia de personas y quiénes ingresan de día y de noche. Es un dilema que no logramos descifrar y más con lo que está pasando actualmente, que están matando a nuestras personas.
A pesar de vivir en medio de las disputas territoriales entre actores armados, del abandono estatal y del acoso permanente de parte de una Fuerza Pública apegada a la doctrina del enemigo interno, los awá no se rinden porque, como asegura Jaime Caicedo Guanga, Héctor y Braulio Arturo García “están en la memoria, en el pensamiento […] caminan con nosotros y nos dan fuerza”. Del mismo parecer es Clara, quien no duda en decir que “seguiré siempre las enseñanzas de don Héctor y no voy a dejar de seguir luchado por este proceso. Ellos nos acompañan con el pensamiento y sus enseñanzas”.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
