Por: Alpher Rojas Carvajal – abril 9 de 2008
Si no fuera porque numerosas, como incontrovertibles, experiencias nos alertan acerca de la capacidad gubernamental para simular escenarios que luego resultan bombas de humo para escapar a las realidades que lo acosan, el nuevo decreto para supuestamente promover el avance de Acuerdo Humanitario podría ser acogido como un instrumento pensado para aproximarse a esa solución.
Sin embargo, un análisis a su oportunidad y pertinencia nos sitúa ante la perspectiva de que nuevamente los colombianos somos objeto de una ilusoria propuesta que entraña fines distintos a los que dice promover. Dinamizada y presentada por los medios como una salida genial y sin precedentes, tiene la virtud de esconder el enredo judicial en que ha quedado incurso otro más de los cercanos amigos y aliados políticos del presidente Uribe Vélez, convertido en reo de la justicia por el delito de paramilitarismo: “por sus presuntos nexos con el ex jefe ‘para’ Freddy Rendón, alias el ‘Alemán’, comandante del bloque Élmer Cárdenas, que tuvo influencia en la región del Urabá antioqueño y chocoano”.
Con el mandato judicial que ordenó la captura y el encarcelamiento de su antiguo secretario privado en la gobernación de Antioquia, Rubén Darío Quintero, se va cerrando el cerco en torno al presidente de la república, a quien cada día le van quedando menos amigos y socios políticos en libertad.
De manera que el caso Quintero, que, por la identidad política del protagonista y por su papel central en la definición de las políticas legislativas uribistas, estaba destinado a ser “el escándalo del año”, fue rápidamente objeto de un audaz trabajo de ocultamiento mediático y político.
Primero, por un esfuerzo sobrehumano cercano a la ciencia ficción, mediante el escándalo del uranio empobrecido supuestamente encontrado a las FARC. Científicos del mundo y expertos de varios organismos –consultados insidiosamente por los medios colombianos– desvirtuaron la potencia y la eficacia del material, tanto como su origen y su destino. Según lo afirmaron, éste es un material inofensivo, usado comúnmente en blindajes contra radiaciones y potenciación de proyectiles “sin que constituya por sí mismo una grave amenaza para la seguridad colectiva”, según dijo Georges Le Guelte, experto del Instituto de Investigaciones Internacionales y Estratégicas de París, a la BBC de Londres.
El hallazgo no tuvo, entonces, las repercusiones terroríficas que desde el gobierno pretendieron conferirle, hasta el punto que la noticia tuvo muy breve vigencia en las primeras planas; es decir, cayó fulminada por las verdades científicas, más contundentes que los falsos positivos inventados por el incendiario ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos.
La Casa de Nariño entró en pánico al comenzar la tarde. Había que buscar un escándalo sustituto o una salida cuyas dimensiones lograran la enajenación del imaginario colectivo durante los próximos dos días, de manera que superara el fiasco del uranio y lograra distraer a la opinión por lo que se veía venir cuando el mundo empezara a asociar al parapolítico capturado con el presidente Uribe. Había que trascender la coyuntura a cualquier precio, incluido el de la mentira piadosa o la estrategia de las expectativas crecientes. Estereotipos lúdicos para los morticieros de televisión, ciegos frente a la realidad verdadera, cortados por la misma tijera mercantil.
Entonces se decidieron por un informe del ‘Defensor’ del Pueblo –del 25 de febrero de 2008– sobre el estado de salud de Ingrid Betancur, según el cual los ingenuos guerrilleros habían visitado varios centros de salud en el departamento del Guaviare –”a tan solo 45 minutos de allí, en una pista de aterrizaje de 700 metros de ancho, permanecían acantonadas varias unidades del Ejército (¡!) ” (El Tiempo 28/02/08)–, para buscarle asistencia médica, lo que dio pábulo al gobierno para expedir el decreto reglamentario, que nada habla de acuerdo ni es humanitario y que, finalmente, no servirá para nada, dadas las constricciones veladas de su materia cardinal.
De manera que, promulgado a la hora de cierre de los diarios y en tiempo ‘triple A’ de la televisión, se garantizaría la conmoción nacional necesaria para que el ‘buenazo’ de Rubén Darío Quintero entrara con bajo perfil a ser parte de la nómina de parapolíticos encarcelados por la Corte Suprema de Justicia. Álvaro Uribe Vélez podría, entonces, dormir tranquilo, pues muy pocos colombianos se enterarían del insuceso, así el círculo de sus socios políticos y amigos estuviera casi todo ‘a buen recaudo’. Y, como gustaba decir López Michelsen en llamativo arcaísmo, el decreto fue simple “Humo de pajas”.
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