Por: Ramiro Vinueza – septiembre 18 de 2012
Luego de dos audiencias fallidas y suspendidas desde la Fiscalía, en un proceso que mantiene privados injustamente de su libertad a 10 jóvenes y profesionales apresados el 3 de marzo en el sector quiteño de Luluncoto (Quito, Ecuador), el fiscal José Luis Jaramillo Calero realizó el dictamen fiscal acusándolos de ‘actos terroristas’, delito tipificado en el Artículo 160 del Código Penal vigente, que dice: “El que con fin de cometer delitos contra la seguridad común de las personas o de los bienes, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere, arrojare, usare o introdujere al país armas, municiones o bombas explosivas, materias explosivas, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 años y multa de cuatrocientos cuarenta y dos y dos a ochocientos ochenta y cuatro dólares […]”.
Luis Tipán, juez décimo de Garantías Penales de Pichincha, para quien ésta era posiblemente su última actuación, pues dos días después dejaba el cargo por no haber alcanzado el puntaje necesario para continuar en la función judicial, llamó a juicio a los acusados, con el cargo de ‘autores del delito de actos de terrorismo’.
Para el fiscal y el juez resulta sólo un asunto de ‘forma’ el hecho de que a los jóvenes y profesionales se les haya tenido secuestrados durante 7 horas, de cuatro de la tarde a 11 de la noche, hora en que recién se forjaron apresuradamente los partes de detención y allanamiento, con fechas del 3 de marzo del 2011. Para ellos, es sólo un aspecto formal el que la Policía haya golpeado y roto un diente al ingeniero afroecuatoriano Javier Estupiñán, y hayan tirado al piso a Fadua Tapia, quien advirtió de su embarazo, procedimientos ilegales y tratos inhumanos y degradantes que daban curso a la nulidad de lo actuado.
“Desde un inicio, la Fiscalía actuó de manera absolutamente parcializada, impidiendo la acción de la defensa, ya que no proveyó un serie de diligencias exigidas por los abogados de los jóvenes, como las pericias forenses informáticas a las computadoras e impresoras del juez vigésimo segundo de garantías penales, de la fiscal Diana Fernández, del jefe de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) y del agente investigador, que hubieran podido demostrar la hora y las circunstancias en las que se elaboraron los partes de allanamiento y detención”, sostiene Ciro Guzmán, abogado defensor, quien además denuncia que desde el 26 de mayo hasta después del día de la audiencia no se le proveyó de los cuerpos de la instrucción fiscal, que hoy suman alrededor de 4.550 hojas, pese a los reiterados pedidos, dejando a los detenidos en la más absoluta indefensión.
Durante estos cinco meses, seguramente la Fiscalía y el Ministerio del Interior estuvieron resolviendo las graves contradicciones en las que incurrieron tratando de armar el caso y darle alguna forma, pues hay que recordar que la exfiscal y ahora jueza Diana Fernández, quien junto a la Policía allanó el departamento en el Luluncoto, se encontró con una reunión pacífica donde no encontró pruebas que liguen a los jóvenes con los estallidos de unas bombas panfletarias producidas a finales del año anterior y que, ante la imposibilidad de encontrar el tipo penal, los acusó con el Libro II Título I del Código Penal, que contiene 54 artículos. Por su lado, el ministro José Serrano, con absoluta mala fe, señaló que se los habían encontrado en delito flagrante.
“Hay una cantidad más de irregularidades y arbitrariedades que vician este proceso y que violentan la Constitución y la Ley, aparate de autos y providencias dictados por Fiscalía y jueces que no concuerdan ni siquiera en la fechas. La Fiscalía ha estado evacuando diligencias que no se han notificado a la defensa”, señalan Alex Bonifaz y Gonzalo Realpe, abogados de los detenidos. “Igualmente, hay experticias realizadas, cuyos resultados se encuentran en manos del Fiscal que tampoco se nos ha facilitado, ni notificado a los abogados”.
Este tropel de jueces y fiscales ha pisoteado normas jurídicas y de garantías constitucionales: algunos de ellos han usado este caso para hacer méritos ante el gobierno para escalar en cargos, no han respetado el debido proceso, han impedido la defensa y no han considerado que el estado de inocencia del que gozamos constitucionalmente todos los ecuatorianos no se prueba. Asímismo, han desestimado todas las acciones de la defensa que han demostrado que los jóvenes y profesionales apresados son gente honesta y honrada, que no tiene antecedentes penales; que son personas apreciadas en sus barrios, centros de trabajo, estudios y actividad; que han hecho un trabajo social, que son activistas y líderes sociales con una vida pública reconocida; que tienen puntos de vista y una ideología diferentes a los del gobierno, porque ellos son de izquierda. Esto hace que los detenidos en Luluncoto se conviertan en presos de conciencia, en presos políticos, porque no han cometido otro delito que pensar diferente al gobierno.
Forzar los hechos para comprobar una hipótesis
Un proceso que nació torcido, con muchas contradicciones e incongruencias, pretende ser resuelto con la figura de ‘actos terroristas’ que la Fiscalía imputa por igual a los 10 detenidos. Para esto, vuelve a forzar los hechos para ligar, sin prueba alguna, la reunión del 3 de marzo en Luluncoto con el estallido de unas bombas panfletarias producidas a finales del año pasado.
El fiscal Luis Jaramillo, que sustituyó a Diana Fernández, recurre a la hipótesis de que las bombas las puso alguien, que debe ser algún grupo y que éste debe ser subversivo, para lo cual recurrieron a los archivos y a la Internet, y establecieron que debía ser el Grupo de Combatientes Populares (GCP), porque es el más visible virtualmente. Continuando con la investigación, navegaron en Facebook, ahí se hacen amigos del GCP con fines investigativos, ahí encontraron a Royce Gómez, quien también tenía en su muro como amigo al GCP. La ‘prueba trascendente’ que encuentra la Fiscalía contra este joven odontólogo guayaquileño es que escribe “consignas revolucionarias, subversivas”, como ésta que consta en el proceso: “soy un hombre de izquierda revolucionaria, firme en sus ideas, que está convencido que primero es la materia antes que la idea; amo a mi familia, que se inspira en la ideología del proletariado que es lo que rige mi vida”. Por esta ‘prueba trascendente’ emprenden un seguimiento por varias semanas hasta llegar a la reunión de Quito, no saben con quién se va a reunir pero asumen que son del GCP y así el Fiscal confirma, según él, su hipótesis.
Pero, como requiere confirmar que se trata de un grupo subversivo, violento y armado que quiere crear el terror, el Fiscal acude a una ‘nueva prueba’: un revolver fosilizado, no utilizado por más de 25 años, encontrado en la casa de los padres de Fadua Tapia, quien lo tenía en calidad de reliquia, al cual no se le hizo ninguna experticia, seguramente porque los peritos no querían quedar en ridículo. Este ‘arsenal’ encontrado en los ilegales allanamientos también comprobaría la hipótesis del fiscal de que es un movimiento armado y, por lo tanto, peligroso para la sociedad.
En cuanto a las pericias de las memorias, computadores portátiles y teléfonos, estos elementos nunca fueron individualizados ni guardaron la cadena de custodia, pues, como denunciaron los detenidos y la defensa, fueron manipulados por los agentes en presencia de la fiscal Diana Fernández y entre ellos introdujeron, además, textos y otros materiales en sus mochilas, como denunció en su momento Cristina Campaña. En estos aparatos electrónicos supuestamente encuentran consignas, logotipos, frases y literatura, con las que el Fiscal llega a la fácil conclusión de que los jóvenes reunidos en Luluncoto son parte del grupo que puso las bombas.
El abogado Gonzalo Realpe señala que el fiscal, al emitir su dictamen, violó el Artículo 224 Numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, que dice: “Los elementos en los que funda la acusación al imputado. Si fueren varios los imputados, la fundamentación deberá referirse, individualmente, a cada uno de ellos”. El fiscal acusa a todos como autores y, paradójicamente, el juez acoge este dictamen sin establecer las responsabilidades individuales. Y no lo hace porque desconozca la norma sino porque no hay verdad procesal, porque no existe participación de los procesados en los hechos que se les inculpa.
Realpe establece que la Policía investigaba a un grupo denominado Ejército N-15, que firma uno de los panfletos, pues en los encontrados en Quito, Guayaquil y Cuenca no existe pie de firma. Sin embargo, se le atribuye al presunto GCP. “En realidad, la Policía empezó a hacer un rastreo de las personas que no están de acuerdo con el Gobierno Nacional y logra ubicar al señor Royce Gómez, a quien le hacen un seguimiento hasta Quito, lugar donde se reúne con otras personas, de quienes la Policía no sabía sus identidades, en una coyuntura política donde se preparaba una marcha por la vida y la dignidad y en donde se discutía esa coyuntura”, dice Realpe.
El Fiscal señala que los jóvenes reunidos en Luluncoto “son terroristas, tienen el propósito de tomar rehenes, son elementos armados que organizaban huelgas, que querían atentar contra la seguridad del Estado”. Sin embargo, señala Realpe, “en el proceso no existe una experticia que pruebe que en el lugar del allanamiento encontraron armas o materiales para la elaboración de bombas panfletarias. En el país hace décadas que no hay noticias de una acción armada, ¿cómo prueba la Fiscalía la existencia de material del presunto GCP que dice que hace estos actos? El conjunto de documentos y anotaciones personales no es evidencia de un delito, ¿qué bienes estatales o privados resultaron dañados en la reunión del Luluncoto? En el proceso no consta que los procesados hayan fabricado bombas o que hayan introducido armas, como se les pretende imputar con el Artículo 160. Esto es traído de los cabellos”.
“No es posible que hayan pasado 3 meses haciendo experticias y cinco meses de tenerlos presos para llegar a estas conclusiones. En verdad no sabían de qué acusarlos y esto es así porque no cometieron ningún delito. Por más que este caso vaya a un tribunal penal parcializado o presionado, va a ser muy difícil que puedan probar esta acusación”, añade el abogado Gonzalo Realpe.
Un juicio que reclama la atención y la acción de la ciudadanía
Tanto para la defensa como para los familiares, este proceso ha contado con la directa injerencia del Ministerio del Interior, cuyos funcionarios desde el inicio han hecho presencia en una clara acción de presión a los jueces: el viceministro, Javier Córdoba, estuvo presente en la audiencia de formulación de cargos y en todas las demás audiencias de pedido de medidas sustitutivas, de amparo de libertad, habeas corpus y en la audiencia de dictamen fiscal, que han contado con la presencia de funcionarios de esa cartera de Estado.
Estas detenciones son ilegales y violatorias de los derechos humanos y la Constitución del Ecuador, que garantiza el derecho de todos los ecuatorianos a participar en el espacio público como ámbito de deliberación; en los asuntos de interés público, como es el caso del Buen Vivir, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda; el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas; que garantiza la libertad de conciencia, de asociación, de reunión y movilización en forma libre y voluntaria. El ejercicio de estos derechos no puede constituirse en delito contra la seguridad del Estado. Lo que hacían estos jóvenes estudiantes y profesionales es ejercer sus derechos.
Los 10 detenidos en el Luluncoto son presos políticos, a quienes se les ha causado un grave daño en todos los órdenes: varios de ellos han perdido sus trabajos, han sido truncados en sus estudios, separados injustamente de sus familias y amigos, impedidos de hacer una vida normal.
La condición de un preso político demanda la respuesta de la comunidad nacional e internacional, de los pueblos y personas democráticas y comprometidas con los más elevados valores humanos. Por ello, los familiares de los 10 presos políticos de Luluncoto solicitan la acción inmediata, dentro y fuera del país, que impida la continuación de esta injusticia y la amenaza de una prisión de años que destruiría la vida de este grupo de jóvenes y sus familias. Si la justicia se expresa con independencia, con ética jurídica, nuestros familiares víctimas de este montaje saldrán libres de manera inmediata y se impedirá que casos como este se repitan una y otra vez.
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