“No se puede hacer la paz sin los históricamente olvidados”

Andrés Gómez – octubre 5 de 2012

Piedad Córdoba, Mauricio Ramos y Javier Calderón, miembros de Marcha Patriótica, estuvieron en Suecia por pocos días para dar a conocer ese movimiento político y hablar de los diálogos de paz, que entran a la etapa formal de negociación el próximo 17 de octubre en Oslo (Noruega) y luego continuarán en La Habana (Cuba).

La corta visita contó con la asistencia del Partido de Izquierda sueco (Vänsterpartiet) y la colaboración de diversas organizaciones solidarias con Latinoamérica y Colombia, como Latinamerikagrupperna, Colombianätverket, the Swedish Fellowship of Reconciliation (Swefor) y del pueblo originario Sami. Los asistentes recibieron a esta delegación colombiana con gran entusiasmo, situación que se replicó en Fracia, Bélgica, Italia, Dinamarca, Suiza, España y Alemania.

Sobre la Marcha Patriótica, Mauricio Ramos, integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), explicó que ese movimiento político “nace con vocación de poder” y se encuentra presente en 27 de los 32 departamentos del país, reuniendo a más de 2.000 organizaciones campesinas, estudiantiles y sindicales, entre otras. De acuerdo con el líder campesino, la búsqueda de la paz con justicia social es una prioridad para los movimientos sociales en Colombia, donde maś de 8 millones de personas viven en la miseria y otros 20 en condiciones de pobreza.

Piedad Córdoba indicó que las razones que sobran razones a las organizaciones sociales para exigir cambios de fondo en el país. Denució, entre otras causas de la actual situación social en Colombia: el modelo extractivista de la economía, que trae consigo “no sólo desarraigo sino violencia”; las 8 millones de hectáreas robadas a través del despojo violento de las mismas; las detenciones masivas de campesinos; la corrupción del Congreso. Además, recalcó que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, la malnutrición y la prostitución infantil, entre otras, hacen parte de la violencia estructural que existe en Colombia y que las muertes producto de esa violencia pasiva son mayores a las que produce la guerra.

Sobre los diálogos de paz que se adelantan entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno Nacional, Mauricio Ramos expresó que “no se puede hacer la paz sin los históricamente olvidados” y le pidió al gobierno y a la insurgencia que incluyan en la mesa a las organizaciones de campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, mujeres, trabajadores etc. En el mismo sentido, Javier Calderón aseguró que, en el proceso de paz, “debe haber participación de la sociedad civil para que sea real”.

Por su parte, Piedad Córdoba aseguró que esencial el acompañamiento de la comunidad internacional al proceso de paz, de manera que exista un mecanismo de verificación del cumplimiento de los acuerdos y se busque un eventual el cese al fuego. La vocera de Colombianos y Colombianas por la Paz destacó además que, debido al compromiso del actual presidente con el modelo extractivista, las multinacionales se han ido convirtiendo en “residentes o dueños del territorio nacional” y se militarizan extensas zonas del país no por la  presencia de la guerrilla sino “porque está siendo custodiado y defendido por las comunidades locales y regionales, que ven en las multinacionales una amenaza a [su derecho a] un ambiente sostenible y a la propiedad de los recursos naturales”, lo que va a ocasionar una profunda contradicción en la mesa respecto a una política de desarrollo agrario integral, que es el primer punto de la agenda de negociación.

La exsenadora también denunció que el sistema político en Colombia “reproduce élites de poder y corrupción que mantienen el status quo” y asegura que “el centro del debate no es sobre si dar curules o no a la insurgencia” sino que la democracia en Colombia sea participativa, que se “abra” y permita que “quienes estén en contradicción profunda con el sistema podamos ayudar a construir un modelo que le convenga a la sociedad colombiana, lo que además plantea la discusión sobre un sistema electoral que brinde garantías y participación real”.

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