Por: Camila Ramírez – diciembre 8 de 2011
Del 24 al 26 de noviembre de 2011 se realizó en Bogotá la V Asamblea Nacional de Trabajadores y Trabajadoras por la Paz, a la que asistieron más de 200 personas de varias regiones del país, que dejaron sus labores para hablar sobre la solución política del conflicto y de sus causas.
Los asiententes discutieron la actual situación del conflicto colombiano y las posibilidades de acuerdos humanitarios y de una solución política al mismo. De igual manera, se trataron los impactos de las políticas del gobierno actual sobre los trabajadores, la actual crisis humanitaria, el genocidio en contra del movimiento sindical en Colombia y la acumulación de riqueza en manos de unas pocas empresas, particularmente multinacionales, que ha dejado el fenómeno paramilitar.
Además, las organizaciones presentes manifestaron que en el transcurso de este año han sido asesinados 23 sindicalistas, 319 han sido amenazados, 11 han sufrido atentados, 3 han sido desaparecidos, 34 han sido desplazados, 16 han sido detenidos arbitrariamente, 35 han sido hostigados y 3 han sido torturados antes de ser asesinados. De acuerdo con el Departamento de Derechos Humanos y solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), estos crimines continúan en la impunidad y “el Estado no judicializa ni penaliza a los autores intelectuales y materiales de los crímenes contra los 2.862 sindicalistas asesinados del año 1986 al presente […] 99% de los autores intelectuales siguen libres y el 96.5% de los autores materiales continúan en la impunidad”.
En el marco de la asamblea se denunció que el pasado 9 de noviembre, en la ciudad de Barrancabermeja, dos personas armadas y con sus rosros cubiertos ingresaron por la fuerza a la residencia de Juan Carlos Galvis, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal), donde se encontraban su compañera, María Jackeline Rojas, y la hija menor de la pareja. Uno de los hombres tomó a la menor de edad y le colocó una pistola en la cabeza, mientras que María Jackeline, defensora de derechos humanos y dirigente social, fue amenazada y amordazada. Los hombres, al percatarse que Galvis no se encontraba en la casa, procedieron a escribiren las paredes mensajes amenzantes y se llevaron consigo dos computadores portátiles, memorias usb y celulares. Ese mismo día se realizaba una jornada de protesta frente a la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, en la que participaron varios sindicatos, entre ellos Sinaltrainal, y que fue fuertemente reprimida por la Policía.
En este mismo sentido, los trabajadores también denunciaron que, en diferentes regiones de Colombia, siguen operando grupos narcoparamilitares, con apoyo directo de políticos, empresarios y miembros de la Fuerza Pública.
Según miembros de la delegación de Antioqua que asistió a esta asamblea, los paramilitares manejan la usura en ese departamento a través de los créditos ‘gota a gota’, controlan la vigilancia de barrio en barrio, las plazas de comercio de drogas, los corredores de salida y entrada del departamento, y sigue funcionando el grupo de narcotraficantes y sicarios conocido como la Oficina de Envigado. Además, denunciaron que “en la Comuna 13 [de Medellín], los paramilitares tienen su propio sistema de aseo, el sector de transporte es dominado a través de las ‘vacunas’, la empresa Bellanita Transportes SA, del municipio de Bello, es patrocinada directamente por el paramilitarismo de esta región, por lo cual está prohibido que sus trabajadores pertenezcan a un sindicato”. Hugo Alberio Quintero, dueño de la empresa de transporte Bellanita, fue detenido en septiembre de 2008 acusado de tener nexos con paramilitares y de participar en fabricación y distribución de armamento para el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 1999 y 2002. Además, Hébert Veloza García, alias ‘HH’, dijo ante la justicia que Quintero era el contacto entre Castaño Gil y varios grupos mafiososdel Valle de Aburrá.
Por su parte, las delegaciones del Tolima y Santander denunciaron que las trasnacionales de minería, carbón y oro tienen vínculos con paramilitares y que se han visto afectados por el Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática, ya que sus regiones han sido militarizadas. También manifestaron que la multinacional Anglogold Ashanti ha amenazado campesinos y organizaciones sociales que se han movilizado contra explotación minera en sus regiones. Antonio*, representante de la delegación de Santander, dijo que “el país tiene un conflicto armado y social, el Estado financia la guerra pero nosotros la padecemos y sufrimos sus consecuencias”.
En su declaración final, la V Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras por la Paz manifestó que escenarios de movilización como el Encuentro Nacional por la Tierra y la Paz, realizado en Barrancabermeja, y el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanía, realizado en Cali, son inciativas fundamentales desde los movimientos sociales para dar una solución política al conflicto y que, por esto, se debe lograr una coalición de las iniciativas de paz para lograr un escenario unitario nacional por la solución política negociada.
De igual manera, los asistentes a la asamblea consideran que el gobierno actual va en camino contrario y que no tiene voluntad de dialogar, ya que en los últimos meses ha expresado que continúa con su política de guerra al asegurar Juan Manuel Santos que: “la puerta de la paz está cerrada y está con llave, y la llave la tengo yo en el bolsillo”.
Al cierre de esta asamblea, los trabajadores y trabajadoras le propusieron al país un diálogo útil y constructivo, el cese del fuego bilateral, la liberación de los prisioneros en manos de las guerrillas y de los maś de 8.000 presos políticos hacinados en las cárceles, retomar las agendas de los anteriores procesos de paz con las organizaciones alzadas en armas, ajustándolas a las realidades actuales y enriqueciéndolas con las propuestas de los diferentes sectores sociales. De esta manera, proponen que se debe lograr una reforma agraria democrática, una política minera y de hidrocarburos soberana, una Ley de Verdad, Justicia y Reparación auténtica, reconocer los derechos y libertades de los trabajadores y trabajadoras, la eliminación de la Ley de Seguridad Ciudadana y el desmantelamiento de los aparatos paramilitares.
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