Por: Camila Ramírez – octubre 5 de 2012
Cerca de 1.500 trabajadores se movilizaron el pasado 4 de octubre por las calles bogotanas, en el marco de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y Digno, exigiendo el fin de la tercerización laboral, de la precariedad en el empleo y en los salarios, y de la persecución en contra de los sindicalistas, que en Colombia es una de las más altas del mundo.
Hacia las 4 pm comenzaron a llegar a la Plaza Cultural de la Santamaría los trabajadores de las principales centrales obreras del país, así como estudiantes de las universidades Pedagógica, Nacional, Distrital y algunas privadas, e integrantes de organizaciones sociales que se solidarizaron con la jornada y dieron inicio con ésta a la Semana de la Indignación.
Con trompetas y consignas, la marcha avanzó hacia la Plaza de Bolívar, donde se realizó un acto político por parte de las centrales obreras en el que se rechazaron las precarias condiciones laborales que deben soportar los trabajadores en el país. Al respeto, Nora Tovar, secretaria ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), expresó que “me indignan las formas precarias de contratación: que los jóvenes nos tengan puestos estables, que no hayan oportunidades de un trabajo decente en Colombia, la violación de los convenios colectivos, que las multinacionales se lleven el dinero y no inviertan en Colombia”.
Por su parte, Jimmy*, un trabajador de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), señaló que “nos movilizamos hoy por la tercerización laboral: a nosotros nos contratan por un contrato laboral de once meses y medio, después nos sacan sin importales nada”.
‘Prosperidad’ en medio de la precariedad
En su cuarto “Informe sobre el estado del trabajo decente en Colombia”, la Escuela Nacional Sindical (ENS) denunció recientemente que, en Colombia, “los trabajadores temporales son alrededor de 1’300.000, sin estabilidad laboral ni garantías para afiliarse a sindicatos, según una investigación de Fedesarrollo”, y que, además, “la contratación a través de Cooperativas de Trabajo Asociado, vincula hoy a unas 217.000 personas, según la Supersolidaria, pero hasta antes del Decreto 2025 de 2011 llegaron a vincular un millón de trabajadores. Hoy, estas cooperativas se están transformando en falsos sindicatos”.
El estudio también señala que “el 68% de las personas que trabajan, lo hacen por fuera de los parámetros del trabajo decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es decir, de manera precaria”. Asimismo, argumenta que, durante el presente gobierno, “aumentó el empleo, pero la mayor parte de éste es de mala calidad”.
Viviendo del rebusque
Javier* es un trabajador independiente que vende refrescos congelados de la marca Bonice en la calle desde hace varios años. Por su experiencia asegura que “nuestro trabajo es duro: caminar todo el día y correrle a la Policía de un lado a otro. Si uno hace un producido al día de $60.000 le quedan $8.000, el resto es para la empresa, y con eso uno tiene que pagar pensión, salud y arriendo. Yo pago $150.000 de arriendo, ¿se imagina?”.
Quala, la empresa dueña de la marca Bonice, es considerada la multinacional colombiana más exitosa en productos de consumo masivo, maneja 27 productos y actualmente opera en 6 países del continente. Además, es reconocida como una de las 50 exportadoras más grandes del país y está entre las 10 mejores empresas para trabajar en la Latinoamérica. Sin embargo, Javier asegura que “ellos prefieren pagarle a la televisión una millonada por un minuto de comercial y a uno, que la carga ocho horas diarias, no le reconoce ni un peso y si no carga la propaganda no le dan trabajo: nosotros somos los que hacemos la plata y ellos son los que se quedan con todo”.
Las personas que trabajan en la economía informal, en su mayoría lo hacen en actividades improductivas, de mera sobrevivencia, con ingresos precarios y sin protección social. Según el informe de la ENS, “en su conjunto, el 87,7% de los trabajadores y trabajadoras de la economía informal no tienen seguridad social, se encuentran afiliados a salud el 11,96% y a pensiones apenas el 0,8%”.
Represión en todo el país
En la ciudad de Medellín (Atioquia), los trabajadores y estudiantes se dieron cita en horas de la mañana para marchar hasta el Centro Administrativo La Alpujara. A pesar de que la movilización transcurrió en relativa calma, antes de que los manifestantes llegaran a su destino el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía arremetió contra la gente haciendo uso de granadas de aturdimiento, gases lacrimógenos y balas de goma. Según el colectivo de derechos humanos ‘En Construcción’, 55 personas fueron detenidas, 4 de ellas posiblemente seríasn judicializadas y 3 más resultaron heridas.
Los vendedores ambulantes en la capital antioqueña, desde el 1 de octubre, vienen protestando contra el “Plan de Recuperación del Centro de Medellín” que, según el alcalde Aníbal Gaviria, busca generar seguridad en el sector y a los comerciantes. Sin embargo, los vendedores ambulantes han denunciado que esta iniciativa busca reducir las ventas informales y que, por esto, no tienen garantías para trabajar, pues la Policía muchas veces les quita el ‘plante’, es decir, las pocas mercancías con las que pueden lograr sostener sus negocios. A pesar de los disturbios de los últimos días y las desmedidas acciones del Esmad en el centro de la ciudad, el alcalde insiste en que se continuará con el Plan de Recuperación hasta el 23 de noviembre, fecha en la que espera haber expulsado a estos pequeños comerciantes de sus zonas habituales de trabajo.
En Puerto Gaitán (Meta), los obreros petroleros también participaron de la jornada, junto con la comunidad. Hacia las 10:30 am comenzó la movilización por la vía que conduce a Campo Rubiales, donde agentes del Esmad atacaron la protesta con gases lacrimógenos. De acuerdo con la Unión Sindical Obrera (USO), “hubieron varios heridos debido a disparos a quemarropa de balas de goma y se realizaron detenciones ilegales”.
Desde el pasado 3 de octubre, los trabajadores petroleros vinculados a la USO se declararon en paro regional debido a las precarias condiciones de vida de los habitantes de Puerto Gaitán, al abandono estatal, a la explotación de la mano de obra y al constante saqueo de los recursos naturales por parte de Pacific Rubiales Energy y Cepcolsa.
La represión continuó hacia la 1:00 pm del 5 de octubre, cuando el Esmad agredió a un grupo de trabajadores que se movilizaban por el puente Manacacias, en la vía que conecta a Puerto Gaitán con Campo Rubiales, disparando balas de goma y gases lacrimógenos, y lanzando granadas de aturdimiento contra los obreros. De acuerdo con denuncias de la USO, “fueron detenidos, de manera ilegal y arbitraria, el dirigente sindical de Funtraenergética Jhon Alexander Rodríguez Quintero y su escolta Jorks Alexander Velandia, quienes fueron obligados a abordar un carro de la Sijin de placas IWJ-779, con número interno 46-0450” y, luego de ser golpeados brutalmente, fueron amenazados por los uniformados en estos téminos: ‘los vamos a asesinar, perros hijueputas, a ustedes y a todos los dirigentes de la USO que estén en Puerto Gaitán’.
El informe de investigación de la ENS señala que, en el último año, se mantienen las violaciones a la vida, libertad e integridad personal de los trabajadores, con 524 amenazas, 50 desplazamientos forzados, 30 homicidios, 57 hostigamientos, 16 detenciones arbitrarias, 3 desapariciones forzadas y 2 casos de torturas. En este sentido, el pasado 25 de mayo, el Tribunal Mundial por la Libertad Sindical en Colombia manifestó que el Estado colombino es “responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de libertad sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical”.
Al terminar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y Digno, las centrales obreras señalaron que continuarán con las movilizaciones, huelgas y paros en contra de las políticas de contratación de las multinacionales. A este respecto, la ENS dio a conocer que “durante 20011 se registraron 228 acciones de movilización y de protesta, 49 más que en el año anterior, [con] un incremento del 27,37%, la cifra más alta en 21 años”.
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