Abril 24 de 2008
En las dos últimas décadas, Colombia ha atravesado por un proceso de institucionalización del narcontráfico y, con éste, por el desarrollo de una estructura paramilitar fundada para garantizar el control y expansión sobre el territorio de los intereses que controlan el aparato estatal. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez este proceso ha avanzado a pasos agigantados y se aviene la alineación de estos actores dentro de la institucionalidad, lo que aviva las pugnas por el poder en las que cada sector de las clases dominantes apuesta por el control territorial y político que, a futuro, definirá quién se queda con la tajada más grande del pastel.
En ese contexto es que surge la noticia de la extradición de Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, personaje con un poder regional innegable: su enorme capital y su control sobre el negocio del narcotráfico lo hacen el señor del Eje Cafetero, región cuyo sorprendente crecimiento económico ha estado ligado al lavado de activos y a los programas de reconstrucción generados a partir del terremoto de 1999. Este enorme poder es un arma de doble filo: hace pensar que ‘Macaco’ está amenazado por una competencia por el poder que buscaría la repartición de su riqueza y control regional o la garantía de que disfrutará de una posición privilegiada en la negociación de poderes que busca consolidar el modelo autoritario propuesto por el gobierno actual.
A semejanza de lo sucedido hace unos años con el también jefe paramilitar Carlos Castaño, de quién aún no se tiene certeza sobre su muerte, parece ser que la idea es sacar de la escena a ‘Macaco’, bien sea para eliminarlo de la competencia o bien para garantizarle su pronta inclusión en la legalidad. No se debe olvidar que, en diciembre de 2004, se extraditó a Gilberto Rodríguez Orejuela luego de una de una negociación en la que éste se entregó a los norteamericanos a cambio de que le sacaran de la lista Clinton y de que se legalizara su capital.
Y es que el caso de Macaco tiene más particularidades que los mencionados, pues está recibiendo un tratamiento diferente a uno de sus homólogos: alias ‘Don Berna’, ante quien, al parecer, la ‘justicia’ está haciendo honrosos esfuerzos por dejarlo libre de todo pecado. Estas diferencias en el trato obedecen a un problema de estrategia, al punto que podría pensarse que los dos métodos no son excluyentes.
Por otra parte, lo que ha inquietado, principalmente, ante la posible extradición de Macaco es que, aunque de entrada parece un paso importante en la judicialización de sus actos, el proceso de verdad y justicia al interior del país está menos que incompleto y los centenares de víctimas muestran su temor a que, con la salida del paramilitar del país, se pierda toda posibilidad de esclarecer los hechos que son de su conocimiento. ¿Será precisamente ése el propósito del gobierno, que no se conozcan con nombre propio los responsables, ni que se dé cuenta real de las atrocidades cometidas por el jefe paramilitar?
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha señalado que no descarta la posibilidad de que una jurisdicción internacional, como la Corte Penal Internacional, conozca de los delitos cometidos por Macaco, según lo hizo saber Iván Cepeda, presidente de la organización, en entrevista otorgada a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Como era de imaginarse, se vio con recelo la extradición de este personaje y, una vez conocida la noticia, las víctimas comenzaron a generar opinión frente al tema. En esa labor, se formuló una tutela contra la disposición con la que, en decisión adoptada el pasado 21 de abril por el Consejo seccional de la judicatura de Cundinamarca, se logró que Macaco no pueda salir del país hasta tanto no repare a las víctimas, acogiendo una tesis recientemente utilizada por la Corte Suprema de Justicia en la que se condicionaba la aplicación de la figura a la protección de los derechos de éstas, fallo que será impugnado por el gobierno.
Como vemos, el asunto se encuentra en medio de una tensión que hace imposible conocer los verdaderos propósitos del gobierno con esta orden de extradición. Independientemente de la extradición o no de este peligroso criminal narcoparamilitar, la lucha por justicia que merecen sus miles de víctimas pasa por reclamar su judicialización y entrega de cuentas en territorio colombiano. Ni la nueva repartición de los poderes dentro del Estado, que se está fraguando para una nueva reelección, ni los gigantescos flujos financieros de los que se benefician los intereses más mezquinos justifican que se falte a esta obligación.
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