Marzo 4 de 2008
En el marco de la liberación de varios secuestrados por parte de las FARC en los últimos meses, el presidente Álvaro Uribe ha insistido en que Colombia cuenta con todas las garantías para que exista oposición en el terreno de la legalidad y en que, gracias al proceso de desmovilización de los paramilitares propiciado con la Ley de Justicia y Paz, el terreno político está despejado para la reinserción de los grupos insurgentes. Pero este escenario está muy lejos de ser realidad, sobre todo cuando existe un régimen que niega su falibilidad y engaña, simulando un desmantelamiento del paramilitarismo que más que anulado ha sido tamizado, re envasado y legalizado.
Con esta nueva presentación, favorecida desde el gobierno, el paramilitarismo ahora más que nunca se mueve a sus anchas. Ese paraíso político pintado por Uribe Vélez es sólo un montaje para distraer a los incautos que reducen a la seguridad todas sus necesidades básicas y consideran a éste el mejor gobierno de la historia porque les ha permitido viajar a sus destinos vacacionales con mayor tranquilidad. Ese paraíso político es el que ha permitido modelar el pensamiento colectivo para provocar una masiva movilización contra el terrorismo, donde obviamente los crímenes de Estado y del paramilitarismo no fueron tenidos en cuenta. Ahora, que se busca hacerlos visibles con el Encuentro Nacional de Víctimas, como es costumbre, se está señalando alguna infiltración insurgente en el evento de apertura, esto es, la movilización del 6 de marzo.
Es por esto que, procurando que la atención no sea desviada a partir de este tipo de señalamientos, ahora nos proponemos enumerar sólo algunos de los aspectos que dan cuenta de la actividad y del fortalecimiento del paramilitarismo y, en conjunto, de la vigencia y validez de las denuncias extendidas a través del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, con la jornada a realizarse desde el 6 de marzo.
En primer lugar, está la agudización de la problemática del desplazamiento forzado que, según informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), presentó en 2007 su mayor índice de los últimos cuatro años. Varios elementos deben destacarse del informe, como la aclaración de que el desplazamiento no se muestra sólo como resultado del enfrentamiento del Estado con las guerrillas, sino como una reestructuración territorial contra la población civil que se da con el propósito de apropiarse de terrenos productivos para el desarrollo de megaproyectos, como el cultivo de palma aceitera.
Alrededor de 305. 996 personas, que buscaron refugio en 843 municipios de los 32 departamentos del país, consolidan la cifra de desplazados del año 2007, en su mayoría por el accionar de grupos paramilitares. Más de un millón de desplazados, de los cuatro que componen el acumulado de los últimos veinte años en la historia del desplazamiento en Colombia, han tenido ocasión en los dos mandatos de Uribe Vélez.
La relación de departamentos afectados indica que el conflicto armado se está extendiendo. En particular, en los departamentos de Caquetá, Meta, Huila, Tolima, Guaviare y Putumayo, éste ha sido consecuencia del Plan Consolidación, segunda versión del Plan Patriota, principal bastión de la política de seguridad democrática.
En segundo lugar, frente a las irregularidades en el supuesto proceso de desmovilización de las Autodefensas, recientemente figuran los siete fusiles AKM, encontrados por la Policía Nacional en un operativo contra Mario Rendón, alias ‘Don Mario’, líder del grupo paramilitar denominado Héroes de Castaño, en Amalfi, Antioquia, armamento que hace parte de los 3.500 fusiles búlgaros que los paramilitares compraron en Nicaragua y que ingresaron al país en una embarcación de la multinacional Chiquita Brands, y que no fue reportado a la Misión de la OEA en la entrega de armas de los supuestos desmovilizados.
Un tercer elemento a tener en cuenta es la problemática del secuestro en manos de las Autodefensas, que incluye el secuestro con fines extorsivos, con fines políticos y con fines de reclutamiento, incluido el de menores. Según el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad (Fondelibertad), entre 1996 y 2006, los paramilitares secuestraron a 1.163 personas. Así lo destaca la revista Cambio en una nota del pasado jueves 28 de febrero, donde también se resalta que Mancuso, en una diligencia ante un fiscal de Justicia y Paz en Medellín en enero del año pasado, indicó que las AUC no tienen secuestrados, sino retenidos porque la orden era asesinar a todos.
Finalmente, en esta enumeración, que reiteramos no es exhaustiva, tenemos a los paramilitares de corbata: figuras políticas donde la línea divisoria entre paramilitarismo y Estado se hace más que risible. El pasado lunes 25 de febrero, otro grupo de cinco congresistas fue capturado por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Con éstos se completa una cifra de más de cincuenta funcionarios públicos investigados, eso sin contar a aquellos que han sido relacionados en las declaraciones de los desmovilizados.
Elementos como los enumerados revelan que las condiciones del país no son las más idóneas y que las demandas del MOVICE tienen más vigencia que nunca. Así las cosas, no hay que quedarse callado, participar en todas las actividades previstas para el encuentro de este año puede ser un primer paso para pasar una cuenta de cobro por años y años de atrocidades.
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