Mayo 21 de 2008
La extradición, el pasado martes 13 de mayo, de 14 jefes paramilitares a EE.UU. responde a estrategias electorales diseñadas para favorecer al Partido Republicano, debilitado sustancialmente por la guerra en Iraq, el problema con los combustibles, la baja del dólar y el Plan Colombia. Por otra parte, a Uribe le sirve para apoyar la reelección de la seguridad democrática, buscando opinión favorable luego de los escándalos de la parapolitica y por los dineros que se pueden recibir para ayuda al Plan Colombia y su postergación, el Plan Consolidación. La extradición, al ser una estrategia electoral, no está pensada para hacer justicia sobre las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad y se convierte en una pantalla que favorece la imagen de un presidente de extrema derecha y niega la posibilidad de que se juzguen y castiguen los crímenes que cometieron estos comandantes, al tiempo que obstaculiza la reparación de las víctimas y no permite que se esclarezca la verdad en torno a los verdaderos responsables de estas acciones.
La salida de narcotraficantes y paramilitares del país, en enrarecidos procesos de extradición, es una de las acciones que busca la reorganización de mafias de narcotraficantes y de paramilitares, al tiempo que ayuda a eludir el proceso con las víctimas y limpia la imagen de un presidente que tuvo que extraditar viejos amigos para evitar complicaciones judiciales en las cortes colombianas y en la Corte Penal Internacional, ya que los extraditados no pueden ser detenidos en EE.UU. por crímenes de lesa humanidad, dado que ese país no firmó los protocolos de Viena. En Colombia, por otra parte, se siente el insulto que se hizo al sistema judicial, a miles de campesinos, activistas y periodistas que fueron víctimas de estos asesinos, que ahora cuentan con visa, al tiempo que se deslegitiman los esfuerzos de las Cortes y la Fiscalía, al dar por sentado y promover en la opinión pública que ahora sí van a ser castigados, cuando, en realidad, la falta de protestas de los capos demuestra los posibles acuerdos con los que aliviarían las extinciones de dominio, legalizarían parte de sus fortunas, garantizarían el control económico de sectores por los que se mueven encubiertos sus capitales y les garantizarían narían el derecho de continuar con sus negocios y ser respetables empresarios luego de cumplir condenas arregladas con la DEA y otros organismos del gobierno norteamericano.
Bush, en momentos en que el Partido Demócrata es más fuerte que el Republicano, necesitaba demostrar que la inversión en el Plan Colombia se justificaba y daba resultados. Por ello, la extradición, más que favorable, era necesaria. Aunque los demócratas tienen problemas por en enfrentamiento entre las dos pre candidaturas al interior del partido, la de Hillary Clinton y la de Barack Obama, la opinión publica en EEUU no es favorable a Bush y, menos aún, a los republicanos. La actual administración de la Casa Blanca tiene que mostrar resultados en materia de su ‘guerra contra las drogas’ y de derechos humanos, particularmente en Colombia, si quiere mantener el control político sobre este Estado, por ello son hoy 14 los capos que están en vitrina.
Por otra parte, al mostrar resultados, se favorece la discusión al interior del Congreso sobre la firma del TLC con Colombia: si uno de los problemas para firmarlo era la inoperancia de Álvaro Uribe, por sus vínculos con los paras, para garantizar condiciones mínimas en materia de derechos humanos, esta discusión habría quedado salvada. Ahora que los principales comandantes paras se encuentran en EE.UU., cabe la pregunta del porqué se fueron sin hacer ruido, ¿será este silencio resultado de las negociaciones con la DEA o de un reconocimiento por ayudar a la economía de EEUU, habiendo protegido los intereses de multinacionales mineras, como la Drumond –patrimonio de la familia Bush–, o de fruteras, como Chiquita Brands, mediante desplazamientos y asesinatos de sindicalistas? Sabiendo que la política exterior de EEUU se caracteriza por convertir enemigos en amigos y por hacer lo opuesto cuando no les son funcionales, como el caso de Noriega y Bin Laden, cabe preguntar: ¿qué acuerdos hay para que se mantenga el silencio de los paras?
A pesar de que se generalice la idea, a través de diferentes medios, de que se justifica esta actuación por los problemas de corrupción interna en las cárceles y por la continuación de los crímenes de los extraditados, siendo mejor que paguen sus penas en las cárceles de EE.UU., la realidad es otra: los criminales que están ahora fuera del país no tienen por qué decir la verdad sobre sus vínculos con la alta dirigencia política del país y sobre el servicio que prestaron sus ejércitos privados a los grandes intereses económicos nacionales e internacionales, pues se les juzga por narcotráfico y no por sus delitos de lesa humanidad.
Por otra parte, los bienes que entregaron en el país para la reparación de las víctimas no fueron ni siquiera representativos de lo despojado a través de la violencia y, ahora que están fuera de la Ley de justicia y paz, la extinción de dominio la administrará EE.UU. Hay que recordar que la ‘guerra contra las drogas’ no se basa en un fin ético, sino en evitar que otros países se lleven la divisa estadounidense a economías extranjeras: de esta manera, vuelve a EE.UU. el dinero que salió de los bolsillos de sus drogadictos y consumidores de droga, y a las víctimas se les da caramelo con la argumentación de que el dinero destinado a ellos saldrá de las arcas del Estado. A pesar de la impunidad en la que van a quedar muchos crímenes, que no serán reparados con verdad y recursos para las víctimas del terrorismo de Estado, estos delitos no podrán ser juzgados por la Corte Penal Internacional, que no podrá tocar a los paras aún cuando ésta tenga conocimiento de las atrocidades que aquellos cometieron. Las cárceles de EE.UU. protegen a asesinos en masa de pagar por las acciones con las que asolaron, mediante el terror, grandes zonas de la geografía nacional y con las que intimidaron y desplazaron a la población para evitar que se organizara y luchara por sus derechos y reivindicaciones sociales.
La Ley de justicia y paz, a pesar de la amnesia y la supuesta pobreza de algunos paramilitares, es un proceso interno en el que se estaban desenmascarando las relaciones de muchos políticos con los ejércitos privados y el narcotráfico. La estabilidad del presidente, su credibilidad y la política de seguridad democrática, gracias a las declaraciones y a los procesos penales que se adelantaban, estaba siendo menoscabada. Las evidencias de relaciones del gobierno con grupos ilegales es clara y toca al presidente, tal como comunidades, activistas y periodistas han denunciado desde antes de iniciado su gobierno, hace más de seis años. Gracias a la extradición, se ofrece a la opinión pública la idea de que Uribe combate con igual firmeza a las organizaciones insurgentes que a los paramilitares, limpiando, de paso, su imagen y la de sus allegados.
Sin embargo, una acción vendida como una buena solución y un acto de firmeza y soberanía es precisamente lo contrario: Uribe estaba cercano a ser implicado de forma más aguda en los procesos de parapolitica y, para evitarlo, extradita a los jefes paramilitares, acogiéndose a los fueros que, dentro de la ley, le permite no consultar a la Corte Suprema. Nuestras leyes y soberanía se deslegitimaron con la decisión amañada de una sola persona. Uribe enmascara realidades a su antojo e insulta al pueblo colombiano, al someterlo a la falta de claridad que produce que los paras no tengan que declarar sobre las masacres que realizaron, sobre con qué miembros de la Fuerza Pública las realizaron y sobre qué políticos e influyentes personalidades de la economía los mandaron.
Mientras tanto, la extradición favorece la reingeniería de los paramilitares, en cuanto a órgano articulado con el gobierno y fuerzas estatales, además de darle vía libre a organizar de otra manera el negocio de producción y comercialización de sustancias psicoactivas. Las autodenominadas Águilas Negras siguen actuando militarmente, asesinando, amenazando y desplazando, bajo una colaboración evidente o encubierta de las fuerzas del Estado, evidenciando qué poderes económicos y políticos siguen dirigiéndolos. Sin jefes paramilitares, los mandos medios ocupan los puestos de sus jefes con la ilusión de obtener sistemas más perfeccionados de operación con los que eviten capturas y obtengan los beneficios de los dineros del narcotráfico y del Estado.
Extraditar le resulta beneficioso a Uribe, en momentos en que prepara su campaña de reelección de la seguridad democrática, una vez purgado el escenario político con la propuesta de reforma política, este acto es el que cierra la presentación de Uribe como persona digna de representar estabilidad y honestidad.
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