Mayo 20 de 2008
Más de cuarenta días han transcurrido desde que se inició la huelga de hambre en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Palo Gordo, ubicada en Girón (Santander), el pasado 31 de marzo y aún no se ha obtenido pronunciamiento alguno por parte de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y del mismo centro. La huelga de hambre es una medida desesperada por la que han optado los presos políticos del patio número tres, beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y a la que han apelado en varias oportunidades, a pesar de las implicaciones para su integridad física y mental.
La historia de estos presos políticos revela una verdad que ahora, cínicamente, se quiere hacer a un lado: en Colombia no hay garantías para ejercer oposición y cada vez es más cruel el trato con aquellos que osan cuestionar el régimen. Es la historia de un sistema carcelario que, a pesar de las reiteradas recomendaciones de la Corte Constitucional, se niega a perder su tinte medieval, donde la persona que ingresa deja de serlo para convertirse en una víctima más del panóptico.
Todo comienza el 18 de marzo de 2004, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 108 detenidos de este establecimiento carcelario, ordenando al Estado colombiano adoptar las medidas pertinentes para minar la situación de violencia derivada de la convivencia de miembros de distintos grupos armados y delincuentes comunes en dicho centro. Para 2005, luego de ser clasificados para una penitenciaría de mediana seguridad, los presos políticos se dieron a la tarea de solicitar el traslado de las instalaciones cuya clasificación es de máxima seguridad. Sin embargo, curiosamente invocando
las medidas cautelares otorgadas por la Comisión, los funcionarios del Inpec negaron el traslado, desatando una lucha que no termina aún.
Desde el ocho de enero de este año, siete presos políticos se declararon en huelga de hambre presionando un trato conforme a su caso, ellos son: Saúl Herreño Nova, Juan Francisco Anicharica, José Luis Bermúdez Sánchez, William Omar Sánchez, Luís Enrique Díaz Albernia, Isasi Sánchez Ropero y Carlos Andrés Peña Aldana. Iniciado el mes de febrero, sin obtener respuesta favorable, 160 presos del patio número tres anunciaron que se unirían a la huelga de hambre desde el cinco de febrero. En esa oportunidad, cuando el hecho adquiría grandes dimensiones, tampoco hubo manifestación por parte del director general del Inpec, mayor retirado Eduardo Morales Beltrán; ni del director de la prisión de Girón, coronel José Eduardo Bautista Parra; del subdirector, mayor Hernán Zuluaga; o del comandante de la guardia, capitán Alberto Fernández Cuartas, a quienes hoy se señala como principales responsables del grave detrimento en la salud de los huelguistas, por su negativa a plantear cualquier tipo de negociación.
Debido a las graves implicaciones para la vida de los huelguistas, se suspendió temporalmente su lucha y once de ellos retomaron esta medida de fuerza el pasado 31 de marzo, sin que hasta la fecha haya respuesta en otro sentido. Por el contrario, la situación de estas personas ha empeorado, al punto que ya existen denuncias ante la opinión pública de la agresión a uno de ellos, Wilder Mejía, por parte de un guardia del establecimiento penitenciario.
Ahora, la huelga de hambre ya no es una opción: es la única salida para estos hombres que han reclamado justicia y un trato digno
a sus mismos victimarios.
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