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Octubre 7 de 2007

Cercanos a cumplirse 22 años de los hechos del Palacio de Justicia se muestran algunos avances en las investigaciones sobre el caso. En esta oportunidad la Fiscalía, dentro de la acusación elevada contra el coronel (r) Edilberto Sánchez y cuatro ex agentes del B2 –antigua brigada de inteligencia del Ejército– por las desapariciones y torturas de empleados de la cafetería del Palacio y miembros del M-19, solicitó a la Cámara de Representantes investigar si los excesos de los militares tuvieron que ver con alguna orden impartida por el entonces presidente, Belisario Betancur.

Las fallidas investigaciones

Con aparente tranquilidad recibió la noticia el ex presidente Betancur, quien resalta que en pasadas oportunidades ha sido diligente en colaborar para esclarecer los sucesos del 6 y 7 de noviembre de 1985, aunque insiste en que todo lo que fue de su conocimiento se relató ante las autoridades en aquellas ocasiones.

Efectivamente, no es la primera vez que se le hace llamado a lista como posible responsable de los sucesos: en 1986 Betancur fue absuelto por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y dos años más tarde se repitió la historia. En 1990 fue citado por la Corte Suprema de Justicia, en octubre del 2005 por la Comisión de la Verdad y, en diciembre del mismo año, por la Fiscalía General de la Nación. Todos, al parecer, intentos inconclusos de una historia que se resiste a quedar en el olvido.

Los hechos

El operativo militar que se desplegó con el propósito de conjurar la toma del Palacio de Justicia por miembros del entonces grupo guerrillero M-19 concluyó con la consumación en las llamas de la edificación, sobre cuyas ruinas se construyó el actual Palacio, con la muerte de 95 personas y la desaparición de otras 14, de alrededor de 300 que se encontraban en las instalaciones al momento de la incursión de los guerrilleros.

El propósito del grupo insurgente era hacer un juicio político a Betancur por el incumplimiento de los acuerdos de cese del fuego y hostilidades alcanzados durante el proceso de paz de la época, objetivo que se vio truncado por la recuperación a sangre y fuego, por parte de la fuerza pública, de la sede del Poder Judicial y que terminó enlodado por la tragedia desatada. La extralimitación en el uso de la fuerza durante el operativo de retoma es lo que se cuestiona ahora con más fuerza, tras dos décadas de impunidad.

El avance

El tiempo transcurrido sin la sanción de los culpables permite entrever que más que la complejidad del caso, fue la falta de voluntad política la que impidió un verdadero avance durante todo este periodo.

Hasta el momento se cuenta con la detención, el 16 de julio pasado, del coronel (r) Alfonso Plazas Vega quien, en su momento, dirigió la retoma del Palacio como comandante de la Escuela de Caballería del Ejército; con la resolución de acusación hacia Edilberto Sánchez Rubiano, ex comandante del B2 del Ejército; y hacia sus subalternos: Óscar William Vásquez Rodríguez, Luis Fernando Nieto Velandia, Ferney Causaya y Antonio Rubay Jiménez, a quienes en conjunto se les acusa por el secuestro y desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del cuarto piso del Palacio; Cristina del Pilar Guarín, cajera encargada; de los funcionarios Bernardo Beltrán, David Súspez Celis y Gloria Lizarazu, así como de la guerrillera Irma Franco, la cual no está incluida dentro de la acusación contra Sánchez Rubiano.

Ahora se propone fijar la atención sobre la responsabilidad de los superiores. En manos de la Cámara de Representantes está determinar si investiga o no al ex presidente Betancur. Así mismo, está en manos de la Fiscalía General de la Nación adelantar un proceso contra  los generales retirados Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército, y Jesús Armando Arias Cabrales, jefe directo de Sánchez.

Las preguntas

La mayor inquietud dentro de todo esto, es saber porqué hubo que esperar tanto tiempo para asumir con seriedad la responsabilidad de los involucrados en el caso y si lo ahora adelantado tiene el propósito de hacer justicia o si sólo se presenta como una mascarada, otro proceso simulado que seguirá dejando esta historia atrapada en un sin salida, sin respuestas.

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