Por: Camila Ramírez e Ivone Cardozo – 16 de mayo de 2010
Del 21 al 23 de abril se llevó a cabo en Bogotá el II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición Forzada, Procesos de Exhumación, Justicia y Verdad, al cual asistieron 450 delegados de diferentes organizaciones y equipos de estudios comunitarios procedentes de 23 países, entre ellos: Guatemala, España, Ginebra, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Bosnia, India, Perú, El Salvador, Honduras, Venezuela, Argentina, México, Nepal, Sahara Occidental y Afganistán.
Durante esos días conferencias, paneles, experiencias de acompañamiento y testimonios fueron actividades que visibilizaron la constante tragedia que se vive en diferentes países por la desaparición forzada, crimen de lesa humanidad que muchos gobiernos han negado y del cual son culpables. Adicionalmente, se
conocieron e identificaron los diferentes procesos, estrategias y trabajos que las comunidades más afectadas por este problema mundial han venido implementando. De igual manera, se reconocieron las dificultades que tienen los familiares de las víctimas en la búsqueda de sus seres queridos.
Este congreso es la continuidad del proceso que se inició en la ciudad de Antigua (Guatemala), en 2007. El intercambio de experiencias que se inició entonces ha fortalecido el trabajo de acompañamiento a las víctimas y ha demostrado que esta tragedia la viven diferentes continentes y no puede quedar en el olvido.
Por ello, con este congreso se planteó una serie de normas mínimas en trabajo psicosocial sobre desaparición forzada y de otras graves violaciones a los derechos humanos. Un grupo de especialistas de todo el mundo ha venido formando estas normas, estudiando las experiencias de personas provenientes de la mayoría de los países afectados por este crimen de Estado, buscando el esclarecimiento de la verdad y la reparación.
En cuanto a la aplicación de justicia en estos casos, las denuncias de los participantes en el congreso demuestran que en muchos países el hecho de denunciar la desaparición pone en riesgo a los seres queridos de las víctimas: es muy frecuente que los familiares reciban amenazas y esto agrava su situación tanto como la falta de información, apoyo, protección, escasez de recursos y seguimiento a los procesos.
Capítulo Colombia
La desaparición forzada en Colombia, según diversas investigaciones, se reconoce como una práctica sistemática, como una política de Estado y tiene como objetivo sacar del medio a opositores políticos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, estudiantes y todo tipo de líderes sociales. Este delito se registra desde hace más de treinta años, desconociéndose de manera permanente su existencia y, por lo tanto, manteniendo la impunidad.
Los casos en nuestro país suman más de 50.000 y han tenido efectos asociados como la total desintegración de los núcleos familiares de los afectados y el desplazamiento forzado de miles de personas que, al verse amenazadas por esta modalidad de agresión, huyen para salvar sus vidas.
Según los participantes en el congreso, en Colombia los miles de fosas comunes encontradas en los últimos años dan un testimonio claro de la magnitud del fenómeno: contienen los cuerpos de decenas de miles de personas asesinadas en ejecuciones extrajudiciales y masacres cometidas por miembros de la Fuerza Pública en asocio con paramilitares, depositados allí luego de ser arrancados de sus comunidades, torturados y asesinados para infundir terror sobre poblaciones enteras que, en muchos casos, depositaban en estas personas la confianza necesaria para liderar sus procesos sociales.
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